El tema de la seguridad vial ocupa y acapara la atención de todos los sectores luego de los accidentes fatales que cobraron tantas vidas en los últimos días y especialmente hoy hace una semana, cuando un bus de la empresa La Cubanita se embarrancó en la vuelta El Chilero en la carretera que conduce a la frontera con El Salvador. Pero además de la necesidad irrefutable de mayores controles legales, es preciso reparar en otro aspecto del tema que permanece sin atención y es la estructura misma de las mal llamadas empresas de transporte, lo que dificulta la supervisión y regulación.
El tema vale tanto para el servicio urbano como para el que se presta entre las distintas poblaciones del país porque en todos los casos se habla de empresas cuando en realidad lo que hay es una operación privada que si de algo carece es de criterio y administración empresarial. Se trata de dueños de unidades que las operan como bien pueden y, en el caso del servicio urbano, más con la mentalidad puesta en el cheque proveniente del subsidio que en la rentabilidad del negocio. En todos los casos, esa rentabilidad no es producto de un eficiente servicio, sino de la explotación del usuario al punto de que se le condena a viajar en condiciones de absoluta inseguridad.
En el caso de la ciudad de Guatemala es indispensable que con la existencia de un millonario subsidio que otorga el Estado a los transportistas, se pueda pensar en el diseño de un sistema más eficiente y que traduzca ese aporte en mejoras del servicio. Pero resulta que para asegurar el subsidio los empresarios tienen que seguirse quejando de lo mal que les va y eso lo manifiestan en el pésimo servicio que ofrecen. Es una paradoja, pero el subsidio en vez de ser la razón para que mejore el servicio, se convierte en la razón de su pésimo estado porque mientras siga siendo malo el argumento de los transportistas de que están mal económicamente tiene validez. Si ellos empezaran a reinvertir, renovando unidades y mejorando el servicio, de inmediato se diría que no debe haber subsidio y sabiéndolo, los transportistas terminan condenando al pasajero al calvario que ya es cotidiano.
El tema pasa por una revisión que se debe hacer de los términos y condiciones en los que el Estado aporta al subsidio que, teóricamente, tiene la finalidad de evitar alzas en el precio del pasaje pero a cambio de que mejore la calidad del servicio. Como esta última parte no se da, y la primera a medias porque no sólo los ancianos pagan las consecuencias de la voracidad de los pilotos sino también el resto de pasajeros en el horario nocturno, hay que buscar los mecanismos para que ese subsidio sea bien invertido.
La idea de crear una empresa de transporte municipal, que se plasmó en el burdo negocio de la compra de los buses rojos que fueron una estafa a la población, impune para variar, encuentra asidero en la existencia de un subsidio que bien aplicado podría ser la semilla para la creación de un sistema eficiente. Se trata de millones que si los sumamos a lo que se desperdició porque el Estado se hizo cargo de tener que pagar el préstamo al BCIE para la compra de los buses llamados «Tomates» por su color, seguramente que a estas alturas podríamos tener algo eficiente. Pero como siempre, la corrupción nos salió demasiado cara y como aquí nadie es responsable de nada, la chatarra comprada a México está pudriéndose en predios donde están abandonados los hierros que se compraron a costo de oro. Ojalá que esa lección nos sirva para entender que en un país como el nuestro hay que hacer buen uso del dinero y con la idea de que se pueden y deben mejorar los servicios.