El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que verifica el respeto de la Convención internacional en la materia, denunció el despojo de tierras a las poblaciones indígenas en Guatemala, en un dictamen conocido ayer en Ginebra.
«El Estado sigue permitiendo el despojo de las tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas aunque éstas se encuentren debidamente inscritas en los registros públicos correspondientes», establece la resolución sobre Guatemala.
El Comité, compuesto por 18 expertos independientes elegidos por los 173 Estados que ya han ratificado la Convención, denuncia también que Guatemala «no respeta plenamente (…) el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios».
Al Comité «le preocupa igualmente» que Guatemala no reconozca en su legislación «las formas tradicionales de tenencia y posesión de la tierra» ni tome «las medidas administrativas necesarias para garantizar esta forma de tenencia».
Es así que el Comité exhorta a Guatemala a que no viole el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula el «consentimiento libre, previo e informado» de las poblaciones indígenas, que pudieren «verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales».
Ese consentimiento debe obtenerse «antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales», precisa el Comité, preocupado por «el impacto de dichas explotaciones» sobre las comunidades indígenas.
En cuanto a la realización de esos proyectos, el Comité recuerda que en caso de que se considere necesario «el traslado y reasentamiento» de comunidades, estos deben realizarse con «el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa» por los afectados, que deben además ser indemnizados de manera «justa y equitativa».
Guatemala debe asegurarse de que «los lugares para la reubicación estén dotados de servicios básicos, como agua potable, electricidad (…) y servicios adecuados, entre otros escuelas, centros de atención sanitaria y transportes», señala el Comité.
Para resolver los conflictos entre el Estado y las poblaciones indígenas sobre uso y explotación de tierras, el Comité pide al país centroamericano una reforma a la Ley de Minería y la utilización de «métodos alternos», como «la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje», junto a «las mesas de diálogo y «los espacios de interlocución».
El Comité cita como ejemplo de los casos de presunto avasallamiento de las tierras indígenas en Guatemala «la grave situación que se vive con ocasión de la instalación de una mina de cemento en San Juan Sacatepéquez».
Se trata de «la implementación de un proyecto minero por la fuerza, pese a que hubo un rechazo total de la comunidad a la propuesta de explotación minera», señalaba el informe 2010 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT, en su reporte publicado a inicios de año, sostenía que Guatemala «impuso el estado de Excepción a fin de imponer el establecimiento de la cementera sin consulta».
Aludía igualmente en su informe de la situación en las fincas de Termal Xauch, Santaña Saquimo y Secacnab Guaquitim, donde a los indígenas «no se les reconoce la ocupación tradicional y que, además, habiendo sido empleados en sus propias tierras, no se les pagó salario y se los desalojó violentamente con quema de sus ranchos».
En cuanto «a la licencia de exploración y explotación minera otorgada a la compañía Montana-Glamis en los departamentos de San Marcos y de Izabal, cuya área de influencia alcanzaría los lagos de Atitlán y de Izabal», la OIT solicitó al gobierno de Guatemala continuar las consultas con los pueblos indígenas para evaluar el proseguimiento de esas actividades.