El consenso que deberá darse entre el Senado y la Cámara de Representantes para que pueda ser aprobada la nueva ley de migración de Estados Unidos, es un acuerdo pendiente que tiene en el «avispero» a muchos países de Latinoamérica, fundamentalmente a los que expulsan más población. Principalmente a Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, México, República Dominicana y con excepción de Costa Rica, a toda Centroamérica. Antes de rendir mi criterio, resulta fundamental analizar algunos factores que convierten a este tema en algo sumamente preocupante, no solamente para Estados Unidos, sino también para los países del continente que sufren el fenómeno de la emigración.
Se estima que Estados Unidos tiene alrededor de 12 millones de indocumentados, por esta y otras razones históricas se considera a este país como la nación que más recibe inmigrantes. A raíz de los atentados del 11 de Septiembre del 2001, el tema de los indocumentados es tratado de una manera muy peculiar y diferente a como se había hecho en años anteriores. Lo primero que llama la atención es cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (oficina encargada de regular la inmigración de ese país) es trasladado del departamento de Justicia al departamento de Seguridad. Esto nos ofrece una pauta de la nueva óptica política en el tema migratorio, ya que el atentado a las Torres Gemelas se convierte en el punto de partida para una nueva política migratoria de carácter policíaco. Esto lo observamos en el momento cuando muchos políticos y líderes sindicales de la Unión Americana convierten a este tema en su «caballito de batalla». Y el legislador James Sensenbrenner, con su proyecto de ley la HR4437, se convierte en su abanderado. Este es el proyecto que se impone en la Cámara de Representantes, una ley letal y efectiva para atacar la inmigración ilegal. La HR4437 criminalizará a toda persona que se encuentre indocumentada en Estados Unidos, al mismo tiempo que penaliza drásticamente al empleador y a toda persona que preste cualquier clase de asistencia a toda persona que carezca de los documentos legales para vivir en ese gran país del norte. La modificación que luego se hace en el Senado nos da una esperanza para un trato más humano, pero muchos ingredientes de la HR4437, como los antes mencionados, no son modificados. Al nuevo proyecto del Senado, coordinado por el Presidente de la Comisión Jurídica, Arlen Specter, es al que llaman «el proyecto piñata», ya que si bien se fundamenta en la misma HR4437, también toma otros elementos de las demás propuestas, como algunos desligados de los senadores John Mc Cain y Edward Kennedy. A estos dos últimos personajes se debe a que esta nueva ley contemple mecanismos de legalización para una buena parte de los indocumentados. Los que tengan más de cinco años podrán, previo a un proceso y análisis de caso por caso, legalizar su situación, los que tengan de dos a cinco tendrán posibilidades para integrar un programa de trabajadores temporales, y los que tengan menos de dos, quedarán excluidos. Para cubrir mejor el tema, he considerado necesario ampliar el número de entregas.