Las bandas conocidas como «maras» han encontrado un lucrativo negocio en las extorsiones al transporte, que deja cerca de 10 mil dólares diarios, tomando en cuenta la red de autobuses públicos en todo el país, afirma un cable publicado recientemente por la cadena internacional de noticias Reuters.
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Según refiere, los pandilleros obligan a los propietarios de autobuses y a sus conductores a realizar pagos mensuales que rondan los 180 dólares, de acuerdo con la asociación de dueños de transporte.
Los pandilleros que extorsionan a choferes de autobuses piden a sus víctimas un «bono extra» por la temporada navideña, indica la publicación.
En diciembre, muchos extorsionadores están pidiendo un 50% extra, como si fuera una especie de aguinaldo, tal como se les paga a los trabajadores en muchos países católicos de América Latina.
«Piden más en diciembre para poder disfrutar de las vacaciones de Navidad en la playa, dijo un conductor que paga dinero a la Mara 18, una de las pandillas que opera en varios países de Centroamérica, dedicada al narcotráfico y asaltos.
«Las extorsiones son una verdadera plaga en Centroamérica, donde muchas familias viven con un puñado de dólares al día, pero pagan para evitar la violencia en países donde el sistema policial y judicial es ineficaz».
En Guatemala, más de 170 conductores y cobradores han sido asesinados este año por no pagar las cuotas impuestas por los pandilleros.
Los delincuentes a menudo alcanzan al autobús en motocicleta y abren fuego contra el conductor. Nuevas reglamentaciones que prohíben a los motociclistas llevar pasajeros y los obligan a llevar el número de placa en un chaleco o en el casco no han servido para contener la violencia.
«Es una forma fácil de conseguir dinero. Capturamos 800 este año por extorsión, pero se están multiplicando y mensualmente hay otros posibles delincuentes imitándoles», dice el portavoz de la policía, Donald González.
GANAN TERRENO
Las pandillas y el crimen organizado ganan terreno en Guatemala, donde en los dos años de gobierno del socialdemócrata ílvaro Colom, se han incrementado las extorsiones y los crímenes, pasando de 15 a 19 el promedio diario de muertes violentas.
Expertos e informes de organizaciones coinciden en que el Gobierno ha perdido la ruta para disminuir la inseguridad. Incluso, el propio gobernante reconoce que ese flagelo es su principal fracaso en los dos años que lleva en el poder, aunque acusa del descalabro a sus dos antecesores.
Un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos afirma que de enero a octubre fueron asesinados 5.482 personas, es decir, casi 19 personas diarias, frente a los 15 homicidios que se cometían en 2007 cuando el actual jefe de Estado ganó la presidencia para cuatro años.
Los datos espeluznantes de crímenes, que podrían colocar al 2009 como el año más violento en la historia del país, superan con creces los 4.756 asesinatos que se cometieron en el mismo período de 2008.
Otro informe, del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), revela que el 45% de los asesinatos que se comenten en el país podrían estar relacionados con la lucha de poder entre narcotraficantes.
El director del GAM, Mario Polanco, dijo que el deterioro de esta nación centroamericana en ese campo va en aumento y como ejemplo citó que las muertes violentas que se comenten ahora en época de paz superan a las perpetradas durante los 36 años de guerra interna (1960-1996).
El conflicto armado dejó 200 mil muertos o desaparecidos, lo que implica que anualmente eran asesinadas o desaparecidas unas 5.555 personas, pero esa cantidad quedó atrás con los 6 mil muertos de promedio que se reportan cada 365 días en la posguerra, lamentó.
Para complicar las situación, los empresarios del transporte urbano denunciar ser víctimas de extorsiones por parte de las temidas pandillas, quienes cobran diariamente unos 20 dólares a cada una de las 5 mil unidades urbanas e interurbanas que operan en la capital guatemalteca y sus alrededores.
Según estos datos, los grupos de delincuentes tienen un negocio en sus manos, pues diariamente estarían cobrando 100 mil dólares, lo que equivale a 3 millones al mes y 36 millones al año.
Además, un reporte de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (Fiscalía) reveló que en los primeros meses de este año recibió 64.696 denuncias por robos y hurtos menores relacionados con celulares, documentos y placas de vehículos, entre otros; pero no será objeto de investigación.
La cantidad de denuncias interpuestas indican un promedio de 215 diarias.
El analista en seguridad y ex viceministro de Gobernación (Interior), Mario Mérida, asegura que al Gobierno del presidente Colom ya se le terminaron las políticas para contrarrestar los altos niveles de inseguridad, cuando le faltan dos años para terminar su gestión, en enero de 2012.
Según Mérida, la cartera del Interior y la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional » no encuentran la brújula para terminar de diseñar la hoja de ruta, que asegure el tránsito de los 101 puntos» acordados hace meses entre el Gobierno y diferentes sectores de la sociedad.