La falta de transparencia en la administración de los recursos públicos que maneja Cohesión Social hace tambalear a los programas «solidarios», por lo que su consolidación y sostenibilidad estarí­an lejos de ser institucionalizados.

Hasta hace sólo unas semanas era imposible que un ente fiscalizador pudiera tener acceso a la información sobre los beneficiarios de los programas del Consejo de Cohesión Social, debido a las restricciones impuestas por las autoridades a esos datos.

De esa cuenta, diputados de oposición, la Prensa y la Contralorí­a General de Cuentas intensificaron su labor de verificación del gasto público, especialmente sobre Mi Familia Progresa, que es el programa con mayor asignación presupuestaria.

Desde entonces, los esfuerzos individuales permitieron que poco a poco saliera a luz la existencia repetida de nombres duplicados u homónimos y números de identificación personal de los beneficiarios de los programas sociales, así­ como las direcciones de las oficinas escondidas en donde se archivan los datos.

Los hallazgos a medias de la fiscalización social, porque aún no se presentan las boletas de pago a los beneficiarios, sumados a la falta de transparencia con que se han manejados los programas, además de desgastar la imagen del Gobierno, suponen una dificultad más para consolidar los programas «solidarios» como parte de las polí­ticas públicas del Estado.

Al respecto, analistas consultados coinciden en que los resultados positivos de Cohesión Social dependen de que los beneficiados no se hagan dependientes a los programas y que se generen proyectos que puedan abrir fuentes de trabajo que hagan los ingresos de trabajo sostenibles.

Sin embargo, «para que exista una verdadera sostenibilidad es indispensable que exista transparencia», pues de lo contrario estiman que los proyectos que buscan ayudar a la población a salir de la pobreza podrí­an tener un trasfondo polí­tico o económico y su existencia será fugaz.

Para Manfredo Marroquí­n, de Acción Ciudadana, la transparencia es importante pues en Cohesión Social «se habla de una inversión de fondos públicos que realiza el Estado para ayudar a la población más pobre».

Y debido a que históricamente en Guatemala ha existido una inversión social muy baja, el Gobierno, si realmente quiere hacer algo positivo, debe rendir cuentas y con ello lograr el impacto deseado.

La diputada Rosa Marí­a de Frade indica que es necesario establecer un proceso de rendición de cuentas para garantizar que el apoyo proporcionado por el Estado llegue verdaderamente a quienes lo necesitan, lo que, aunado a nuevos procesos, harán que los programas sean auto sostenibles.

«Se debe establecer que no haya problemas como los que ya se han denunciado, como nombres duplicados y otras situaciones, que no permitan orientar adecuadamente los recursos», indica la diputada de Frade.

Para la parlamentaria es necesario que la sostenibilidad de los programas sociales se genere a raí­z de polí­ticas de corto, mediano y largo plazo, y que estas permitan el desarrollo económico de las familias. Dentro de estos programas se incluye el préstamo, la asesorí­a técnica y por obvias razones, la transparencia.

Los consultados coinciden en que, cuando la información no se proporciona de manera pública sobre los programas sociales, se viola la Constitución Polí­tica de la República y a la vez, se deja de lado el derecho humano a tener acceso a esa información, así­ como la obligación del Gobierno de entregarla, toda vez que los fondos de los programas de Cohesión Social, provienen de los impuestos de los guatemaltecos.

«Nosotros creemos que los programas sociales deben ser modelos de transparencia porque es dinero que va destinado a los más pobres y a todos nos interesa que ese dinero tenga la mejor rentabilidad posible», indica Marroquí­n.

Y, según señala el representante de Acción Ciudadana, se corre el riesgo de que se pierda la credibilidad en los programas y que se «satanice» la inversión social, necesaria para el paí­s, y que muchos lo vean como un gasto innecesario.

Además, «de continuar con esta polí­tica, -dice el entrevistado-, se resta apoyo y credibilidad a los programas sociales y ahí­ perdemos todos, pierde el Gobierno, pero también la gente más pobre y el paí­s», explica.

Sin embargo, la exigencia de transparencia no ha sido fácil; ésta ha derivado una lucha polí­tica entre el CCS y los entes que evalúan la administración pública.

Un ejemplo es la batalla legal que sostiene la diputada Nineth Montenegro para tener acceso al listado de beneficiarios de Mi Familia Progresa, y cotejar los datos con la realidad, lo cual le ha enfrentado con el Gobierno y le ha valido ataques personales del Presidente, su esposa y el vocero de Cohesión Social.

Actualmente la legisladora se encuentra realizando la fiscalización de Mi Familia Progresa, que incluye el trabajo de campo para efectuar la comparación entre los números de identificación personal y el listado de beneficiarios. Aún no han solicitado las boletas de pago, único instrumento con el que efectivamente se puede comprobar que el dinero es recibido por los beneficiarios.

Además, la Contralorí­a General de Cuentas efectúa una labor de fiscalización de los programas del CCS, aunque esto se ha complicado con los recursos legales interpuestos por los representantes oficiales de los programas que, además, han interpuesto denuncias en el Ministerio Público.

HALLAZGOS

Luego de una revisión de datos, emprendida, además, por medios de comunicación y particulares, se ha establecido la existencia al menos 40 mil irregularidades en los listados de beneficiarios de MiFaPro.

El Gobierno luchó por no dar los números de cédula pero la Corte de Constitucionalidad le enmendó la plana y hasta la fecha aún no proporcionan copia de las cédulas de vecindad y se han limitado a decir que «es tradición que se repitan los nombres, sin embargo, esto podrá establecerse únicamente con el trabajo de campo», respondió el presidente ílvaro Colom, al ser cuestionado por los hallazgos.

Además, se han lavado las manos diciendo que la existencia de números de identificación duplicados dentro de los datos proporcionados es un problema originado por las municipalidades locales.

Manifestaron que ya se han realizado 54 denuncias para dar con los responsables y evitar que esto se repita, pero a la fecha no han presentado ningún avance en las supuestas denuncias, caso contrario como ha sucedido en otras denuncias interpuestas por el vocero de los programas.

La encargada del CCS, Sandra Torres de Colom, se ha manifestado de la misma manera, indicando que «hay que ver qué hay detrás de la `dizque` fiscalización» pues argumenta que ésta se realiza con fines puramente polí­ticos y con el afán de dañar el programa, lanzando la misma crí­tica que la oposición le hace a ella, en el sentido que la acusan de usar Cohesión Social como su plataforma polí­tica para las elecciones del año próximo.

La pareja presidencial ha manifestado que protegerán el derecho «de los pobres» a la secretividad, cuestión que se refleja en la posibilidad de realizar las transferencias por medio del Banco de Desarrollo Rural.

LA INVERSIí“N A LARGO PLAZO

En diversas ocasiones el presidente ílvaro Colom ha mencionado que no se deben proporcionar los datos de beneficiados con Mi Familia Progresa pues de esa manera han procedido gobernantes de paí­ses que ejecutan los mismos programas.

En ese mismo sentido, se han presentado campañas mediáticas donde expertos señalan lo «peligroso» que es que esos datos se presenten al público pues esto provocarí­a que el programa sea utilizado con fines «clientelares».

Por ello, es interesante también conocer cómo esos paí­ses en los que se apoya el gobernante para negarse a proporcionar los datos realizan diferentes actividades para hacer que los programas sean autosostenibles y, sobre todo, transparentes.

ANíLISIS

Para la diputada Nineth Montenegro, los programas sociales representan una oportunidad para el desarrollo del paí­s, esto tomando en cuenta que en naciones de Europa y América se ha generado capacidad adquisitiva de las familias y con ello ha mejorado sensiblemente la vida de las personas, especialmente los niños.

La parlamentaria señala que uno de los principales pasos para generar la autosostenibilidad es la institucionalización del programa.

«Urge que por ley se institucionalice para que cualquier Gobierno que venga le de prioridad», asegura Montenegro.

También es necesario crear un ente rector especí­fico para los programas y que estos cuenten con un presupuesto especial, con el que además se evitarí­a las transferencias desde distintas carteras, añadió la parlamentaria.

Sobre el tema, el analista Rubén Darí­o Narciso, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indica que tal y como se han venido manejando los programas del Consejo de Cohesión Social, la posibilidad de la autosostenibilidad es nula.

A decir del entrevistado «la idea en la que se basan estos programas crea incapacidad en las personas para generar efectivo, porque al final eso es lo que se busca, no una producción», indica.

Para Montenegro tampoco es posible que en este momento exista la autosostenibilidad de los programas sociales presidenciales, debido al rumbo polí­tico que han tomado, desde su creación, las polí­ticas sociales del gobierno.

Otra opinión es emitida por el padre Mauro Berzeletti, de la Pastoral de Movilidad Humana, quien asegura que los programas son efectivos cuando existe una situación de pobreza extrema en la que es necesaria la ayuda caritativa del Gobierno.

«No así­ cuando este apoyo no va acompañado de una estructura que permita el desarrollo de las familias».

Además, el religioso coincide en la necesidad de que estos programas sean parte de una polí­tica de Estado y no de un partido polí­tico, pues indica que «es costumbre en Guatemala que cuando llega un nuevo Gobierno bota todo lo que el otro está haciendo, no existen procesos continuos para ayudar al desarrollo de los ciudadanos, lo que es un gran problema del paí­s», dice.

PARA UNA COMPLETA EFECTIVIDAD

Los analistas consultados explican que es necesario que los programas solidarios cuenten con una serie de aspectos «básicos» para poder generar la autosostenibilidad que necesitan, entre los que resalta la transparencia

Para Narciso es indispensable que en MiFaPro, los niños no sólo vayan a la escuela sino que, además, aprendan, «pero esa enseñanza debe ser tanto a nivel primario como diversificado y, además, se les debe enseñar cómo producir de manera artesanal y técnica».

Luego, es necesario que los niños también tengan una buena alimentación y que estén sanos para poder producir mejor en el futuro y agrega que, además, hace falta que los padres cuenten con capacitación para que se involucren en los programas.

«Es importante contar con una identificación de los productos que pueden generar un mercado y luego darles los instrumentos que les permita producir, vender y obtener ganancias», dice Narciso, en relación a los programas productivos.

Explica, además, que el Ministerio de Economí­a se debe involucrar en estos procesos para generar lí­neas estratégicas de producción y capacitación, pues esto es lo que falta para generar este tipo de oportunidades de trabajo. El Ministerio de Economí­a a la fecha ha sido parte de los programas, pero emitiendo un acuerdo que asegura la secretividad de los mismos.

El representante de la Pastoral asegura que «falta mucho por hacer, no podemos decir que un programa está solucionando la grave situación que existe, hace falta que las personas puedan obtener un mejor nivel, esto no se está dando porque las condiciones en el interior del paí­s son escasas», dice el padre.