Hace dos semanas puse a disposición de una de los grupos de facebook creada por quienes apoyan el caso Rosenberg, una columna en la que opinaba sobre ese movimiento y mi posición sobre la necesidad de indagar sobre los personajes que protagonizaron las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, como una parte trascendental en la lucha contra la impunidad.
Hubo quienes comentaron la columna y señalaban su criterio de que debía dejarse atrás los hechos ocurridos durante la guerra. Decían que la guerra era un problema que no tenía sus orígenes en Guatemala, sino era una pelea entre Moscú y Washington.
Estas opiniones reflejan lo que algunos sectores de la población piensan sobre la historia reciente de nuestro país. Llama la atención que al hablar de los orígenes del conflicto armado muchas veces se elude las condiciones de exclusión económica y social en que vivían los pueblos -que no es muy diferente a la de ahora- como un factor que impulsó la lucha armada. Al mismo tiempo, resulta inquietante que haya reticencia a profundizar y desenmarañar en los hechos y personajes que protagonizaron esta etapa de la historia y que seguramente se explica por lo polarizante que resulta el tema.
Hace más de diez años, la Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA) publicó en su libro «Poderes Ocultos» algunos nombres de quienes podrían integrar las redes de enriquecimiento ilícito utilizando las redes clandestinas de tiempos del conflicto armado. Se mencionaron organizaciones como El Sindicato y la Cofradía, organizaciones en las que pertenecieron los generales Otto Pérez Molina y Francisco Ortega Menaldo, además de los hermanos Salán Sánchez, las ex PAC, y el antiguo Estados Mayor Presidencial -EMP-. A Ortega Menaldo se le vinculó (en una publicación de José Rubén Zamora) con las designaciones del ministro de la Defensa en los inicios del actual Gobierno, y todos sabemos el papel que juega Pérez Molina en la actual escena política.
De manera que juzgar lo que pasó en la guerra, además de dar la oportunidad de tener justicia a las miles de víctimas de esos hechos, también podría ser una necesidad en la actualidad para dar con las redes del crimen organizado que se están enquistando en el Estado, y que son quienes tienen en zozobra a la población.
Una de las interrogantes ahora es por qué estos documentos como el de WOLA nunca trascendieron, por qué no se investiga sobre estos señalamientos, y por qué los políticos implicados no han respondido ante las acusaciones.
A la Comisión Internacional contra la Impunidad -CICIG-, se le limitó su mandato y se le permitió únicamente conocer aquellos crímenes ocurridos una vez creada la Comisión. Eso ya le pone un freno para pedir cuenta a estos personajes.
Por eso, aunque resulte un tema álgido y que divide sectores, o como dicen a veces «no ayuda a ver hacia adelante», esa historia es necesaria profundizarla. Sin embargo, existen sectores que viven deslegitimando los informes sobre la verdad de la guerra, acusando a los autores de imparcialidad. Mi última pregunta es, cuál será la historia que prevalecerá, dicen que la escriben los ganadores, pero en nuestro país no hubo. Qué les van a enseñar en la escuela sobre la historia a la niñez del futuro. Ojalá que triunfe la verdad.