Todavía no iniciaba la discusión sobre la temática constitucional propiamente dicha, cuando, con motivo de la aprobación del idioma a utilizar en las alocuciones en la Asamblea Constituyente, el diputado quezalteco Mauricio Quixtán, hablando en su idioma quiché, se opuso a que sólo el español fuera permitido para expresarse. Esta tempranera intervención, abrió la conciencia en muchos constituyentes sobre la realidad multicultural guatemalteca y hacia el reconocimiento de la diversidad y el derecho a la diferencia de los descendientes de los pueblos originarios.
Ahora en abril se cumplen 490 años de la entrada de los españoles a Iximché, capital del reino Kaqchikel y primera capital de la futura Capitanía General de Guatemala. Este choque de civilizaciones tuvo que haber producido con el transcurso del tiempo, luego del primer desencuentro, una simbiosis y luego una síntesis social (mestizaje). Sin embargo, en Guatemala, el carácter de las instituciones coloniales no permitió este discurrir natural de la sociedad. La encomienda, los mandamientos, las reducciones, el repartimiento y la distinción entre ayuntamientos y cabildos de indios crearon dos “guatemalas”: la de los peninsulares, criollos y ladinos como clase dominante y la de los pueblos originarios como clase subordinada y excluida. La República independiente continuó con este esquema y a los pueblos indígenas, a la par del despojo de sus tierras se les conminó al trabajo forzado por medio del Reglamento de Jornaleros o el Boleto de Vialidad.
Haber plasmado en la Constitución de la República el derecho a la identidad cultural de personas y comunidades de acuerdo a sus valores, usos y costumbres y reconocer que el territorio guatemalteco está habitado por diversos pueblos y que el Estado respeta y promueve sus formas de vida y organización social, es de los principales avances en materia constitucional; pero, muy poco ha sido interiorizado por los guatemaltecos, indígenas o no indígenas. Porque, mucho de lo que hoy llamamos conflictividad social es producto del desconocimiento que tenemos de prácticas ancestrales positivas que perviven y que, al irrespetarse, chocan con las prácticas institucionales o empresariales. Mucho se avanzaría si mediante el diálogo constructivo se aplicara lo que se plasmó en el Acuerdo de Paz sobre Pueblos Indígenas, lo que norma el Convenio 169 de la OIT o lo que dice la Declaración de Naciones Unidas sobre estos pueblos. El Gabinete recién creado, superadas las desconfianzas iniciales, puede ayudar a superar estos desencuentros.
Fueron siglos de dominación y sumisión, por lo que construir una sociedad intercultural y un Estado plural, pasa por “descolonizarnos mentalmente” y reconocer: a) el derecho de ciudadanía, que indica que todos somos iguales en dignidad y derechos; b) el derecho a la diferencia, que implica que diversas visiones del mundo, normas y costumbres subsisten y merecen respeto y tolerancia para convivir pacíficamente; y, c) unidad en la diversidad, que nos convoca a que siendo habitantes de este territorio debemos forjarnos un destino común sin dominadores ni subordinados. Eso sería la reconciliación civilizatoria que debemos construir.