El tema de la violencia se ha convertido en la mayor preocupación de los guatemaltecos porque los índices de criminalidad se mantienen altos y no rinden fruto los esfuerzos institucionales para combatir tan graves efectos. Por ello considero importante el trabajo que concretó la Procuraduría de los Derechos Humanos mediante la Agenda Nacional que permitió reunir a unas tres mil personas de más de cuarenta organizaciones civiles, de la Iglesia y del Estado, para abordar el tema, lo que constituye de alguna manera el cimiento de lo que más falta nos hace, es decir, una reacción del colectivo social para combatir la violencia demandando acciones concretas que apunten al fin de la impunidad.
ocmarroq@lahora.com.gt
Personalmente sostengo que el problema de la violencia puede tener muchas raíces y ser analizado desde toda una gama de perspectivas que nos permitan entenderlo y juzgarlo. Pero el punto central del tema tiene que estar en la correcta administración de justicia y el fin de la impunidad, porque lo que tenemos actualmente es un sistema diseñado para impedir que los criminales tengan que rendirle cuentas a nadie y como resultado de esa situación, aquí está demostrado que quien la hace jamás la paga. No creo que la violencia se pueda combatir simplemente con la represión violenta de los criminales, sino que tiene que enfrentarse con la majestad misma de la ley, puesto que es la única forma en que los ciudadanos honrados y la sociedad en su conjunto no termina prostituyéndose y cayendo en una categoría idéntica a la de los criminales que nos hacen la vida imposible.
Una de las prioridades del Estado para garantizar la paz social y el combate a la violencia es el fortalecimiento de todo el aparato de justicia, es decir que tenemos que tener una eficiente y activa Policía Nacional Civil, un diligente Ministerio Público que cumpla a cabalidad con sus fines y un Organismo Judicial donde prevalezca el sentido del derecho y apego a la ley. En buena medida lo que más falta hace para lograrlo es dinero, puesto que toda esa eficiencia no se puede lograr sin herramientas adecuadas y sin el personal idóneo. La carencia de recursos implica tener que trabajar con rudimentos y con personal poco calificado, lo cual tiene un precio que salta a la vista cuando vemos que los ciudadanos y las empresas tenemos que gastar enorme cantidad de recursos para tratar, sin frutos, de proveernos de seguridad en fuentes privadas.
Creo que el Procurador de los Derechos Humanos, como magistrado de conciencia y sin filiación político partidaria, puede ser quien inicie un movimiento para involucrar a todos los sectores de la sociedad en una lucha frontal contra el crimen y contra la violencia. Lucha que pasa por la exigencia a nuestras autoridades de una correcta asignación de recursos para dotar al aparato de justicia de todos los elementos que hacen falta para terminar con la impunidad. Sostengo que la impunidad en el país no es casual sino que fue diseñada de manera maliciosa por los grupos enquistados en el poder formal y que operan bajo su cobertura para que el crimen organizado vaya sustituyendo poco a poco a un Estado fallido, débil e inoperante.
Pero por enésima vez sostengo que parte de la responsabilidad es de los ciudadanos que no reaccionamos, que no nos decidimos a asumir nuestro papel para rechazar esa hegemonía que va creciendo de las distintas formas del crimen organizado en el país. El esfuerzo de la PDH devuelve la confianza de que se puede y se debe involucrar a la población en el análisis del tema y en la búsqueda de reacciones legales y solidarias en contra de los delincuentes