Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica.
En todos los medios de comunicación del país: escritos, radiales, televisivos y electrónicos, está de moda el tema de la Cohesión Social. Sin embargo, a pesar de la saturación diaria de noticias de incremento de la violencia que lastima nuestro suelo patrio, poco se habla de la necesaria cohesión de la seguridad y la justicia penal, que debe darse a través de las instituciones que por virtud de la ley, deben estar inmersos en el tema.
En ese sentido cabe recordar, que a mediados de agosto de 1997, la violencia en el país se recrudeció y una de las manifestaciones más puntuales fue la aparición del fenómeno de los linchamientos; situación que vino a poner en discusión la ineficiencia del sistema de administración de justicia para resolver los conflictos sociales y, al comprobarse que uno de los problemas que la ocasionaban era la falta de coordinación entre las instituciones del sector que la integran, surgió a iniciativa de las propias autoridades, la necesidad de conformar un ente que hiciera viable abordar la problemática y consensuar algunas posibles soluciones.
Al respecto, quisiera compartirles que con esa intención y, ante la urgencia de ordenar las distintas ayudas que nos proporciona la cooperación internacional a través de los países amigos, el presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Ricardo Alfonso Umaña Aragón; el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza Rosales, y el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, quien esto escribe, nos reunimos el 25 septiembre del referido año y se tomó la decisión de firmar la Carta de Intención que dio vida a la INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIí“N DEL SECTOR JUSTICIA, en la actualidad poco conocida en el medio nacional, aun por quienes tienen a su cargo las decisiones más importantes en torno al tema de la seguridad y la justicia penal.
Entre los objetivos del referido ente se determinaron los siguientes: 1) impulsar la modernización de las instituciones, integrando un plan global de modernización del sector justicia, respetando las autonomías y funciones propias de cada institución y coordinando aquellas que lo permitan; 2) coordinar las actividades de los departamentos técnicos de cada una de las instituciones, estableciendo las prioridades del sector justicia; 3) colaborar en el mejor aprovechamiento de los recursos de cada una de las instituciones, así como las ayudas nacional e internacional; y 4) dejar abierta la adhesión de entidades afines.
Comprometidos en el proyecto iniciado y luego de varias sesiones de trabajo, se decidió en el seno de la referida Instancia, crear una Junta Técnica de Planificación y Coordinación Sectorial, la que estaría integrada por los jefes de las Unidades de Planificación de las tres instituciones, mediante resolución del 4 de noviembre de 1997, a la que se le asignaron las funciones siguientes: 1) revisar y analizar la problemática sectorial y formular planes y programas interinstitucionales para su solución conjunta; 2) intercambiar sistemáticamente información sobre las actividades y proyectos en ejecución entre las tres entidades principales del sector justicia; 3) coordinar y viabilizar la cooperación horizontal interinstitucional dentro del sector; 4) priorizar y ordenar los planes de inversión sectorial; 5) ordenar y esquematizar la cooperación externa dirigida al sector; y 6) informar permanentemente a los representantes de las tres instituciones miembros. Se estableció, además, que la junta tendría una secretaría pro témpore con rotación de seis meses entre los tres miembros, y que cada institución aportaría proporcionalmente los recursos necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento.
Es de hacer notar que, ante la inconveniencia de distraer la atención de las funciones diarias de cada uno de los miembros integrantes de la instancia, era importante la incorporación de una unidad que se encargara de ejecutar las decisiones tomadas al más alto nivel; de ahí que el 26 de mayo de 1998, ante la necesidad de satisfacer de manera integral el clamor de justicia de la sociedad guatemalteca, como uno de los objetivos principales del Estado, se creó la Secretaría Ejecutiva, con el fin de que se encargara de ejecutar las decisiones tomadas al más alto nivel por la instancia, para impulsar la modernización de las instituciones, coordinando actividades para el mejor aprovechamiento de los recursos de las instituciones, así como el aportado por la cooperación nacional e internacional.
Se le otorgaron las facultades necesarias para ejecutar los programas y proyectos conjuntos, así como de enlace operativo ante los organismos de cooperación internacional, mediante los mecanismos correspondientes; lo que en principio fue posible gracias a fondos donados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. El Instituto de la Defensa Pública Penal, mediante resolución de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, pasó a formar parte de la Instancia.
Dentro de los logros más importantes que la Instancia ha tenido, podemos mencionar especialmente: 1) la construcción de los Centros de Administración de Justicia (CAJ) en Santa María Nebaj, Quiché; Santa Eulalia, Huehuetenango; Santiago Atitlán, Sololá; Ixchiguán, San Marcos y Playa Grande, Ixcán, Quiché, en los que las cuatro instituciones (Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de Defensa Pública Penal y Ministerio de Gobernación) respetando sus propias autonomías, realizan un trabajo de manera integral; 2) el seguimiento de las actividades de los Centros de Justicia en Antigua, Cobán, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Petén, Quiché, San Marcos, Salamá, Sololá, Villa Nueva y Zacapa, conformados con el auspicio de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos; como espacios de coordinación del sector, a la fecha dirigidos por la Instancia a través de su Secretaría, 3) la implementación de una Capacitación conjunta, continua y permanente; y 4) la implementación de los juzgados de Paz de turno en la ciudad capital, Villa Nueva y Mixco.
De donde podemos concluir que la Instancia Coordinadora de Justicia es un ente importante, mediante el cual puede hacerse realidad la concepción de un mecanismo integral de cohesión de la seguridad y la justicia penal, con el propósito de hacerle frente a los variados problemas generados por el incremento de la imparable violencia que se está viviendo en nuestro país, haciéndose un llamado a las autoridades de turno que conforman las referidas instituciones para que se aproveche el brillante espacio que tienen en la Instancia Coordinadora de Justicia.