Por razones de trabajo, hace ocho días asistí a una sesión o asamblea plenaria de los alcaldes que integran la Municipalidad Indígena de Sololá, institución que de conformidad con las distintas inscripciones que hay en las paredes de su edificio se remonta a cuando menos el año 1548.
La sesión con la corporación indígena se celebró en el segundo nivel del edificio que ocupa su sede, ubicada en el parque central de Sololá y mientras esperaba mi turno para poder hablar ante los alcaldes pude escuchar el desarrollo de dos de los casos que se plantearon al pleno, los cuales de haber sido planteados ante un tribunal del orden penal deberían de haber sido promovidos, el primero, como un delito relacionado con actos discriminatorios y el segundo como una apropiación y retención indebida o un hurto agravado. En ambos casos los “acusados” que se encontraban presentes escucharon el porqué habían sido citados, los interesados (testigos) se pronunciaron al respecto y luego el Alcalde confirió la palabra a los alcaldes de los distintos cantones o aldeas (71 alcaldes en total) que así desearon hacerlo. Por último el “acusado” volvió a tomar la palabra y luego el Alcalde hizo referencia a los distintos comentarios que había escuchado de todos y dictó algo muy parecido a una sentencia, pues su declaración contenía la convicción a la que habían arribado y la pena que debía de pagar cada uno de los acusados. En total cada una de las audiencias no demoró más de 45 minutos.
Con independencia de mi opinión profesional al respecto de que estos casos deberían de ser conocidos por tribunales del orden común y de jurisdicción penal, es innegable la organización que mantiene la Alcaldía Indígena de Sololá y el peso que sus resoluciones tienen sobre los habitantes del municipio. De conformidad con notas que posteriormente tuve la oportunidad de revisar, el actual Alcalde, Alberto Chumil Julajuj, representante de la aldea El Tablón, fue electo por 5 mil 708 vecinos de un total aproximado de 12 mil que participaron en las últimas elecciones y a juzgar por la cantidad de alcaldes presentes en el lugar, asistir es importante y esto se refleja en el quórum que pude observar.
Lo que resulta innegable para cualquiera que haya asistido a una de estas reuniones, es que la Alcaldía Indígena representa para el lugar una vía alterna de resolución de conflictos y un substituto al vacío que ha dejado nuestro sistema de justicia. Lo que vi y escuché ese día podrá ser justo para quienes viven en Sololá, sin embargo, para mí resulta ilegal y no puedo dejar de pensar en la enorme necesidad de que impere el Estado de Derecho en todo el país en función de que no predomine una serie de tribunales, en donde cada quien juzgue según su saber y entender y sin posibilidad de apelar.