La violencia en nuestro paí­s ha alcanzado cifras dantescas, situándonos en uno de los lugares latinoamericanos más peligrosos para el resguardo de la vida. De acuerdo con estadí­sticas de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos cada dí­a, alrededor de 17 personas son asesinadas. Una buena parte de las ví­ctimas son mujeres, caracterizándose esos crí­menes como actos de misoginia.

Está por demás decir que estructuras paralelas, originadas como parte de la polí­tica de contrainsurgencia para controlar a la población, son ahora las responsables del narcotráfico, venta de armas, secuestros, trata de personas y adopciones ilegales -entre otros delitos-, y que tienen estructuras altamente organizadas, capaces de influir en las decisiones polí­ticas de nuestro paí­s.

¿Y qué decir de la actual administración gubernamental? Es evidente que aquella promesa electoral en donde se nos ofrecí­a combatir la violencia con algo más inteligente que el puño derecho cerrado, ha significado muy poco.

Con la violencia sobre nuestros hombros, es interesante conocer cuál es la postura de algunos sectores de nuestro paí­s. Unos de los que más peso tiene, indudablemente, son los representantes de la iniciativa privada. Así­ como en los tiempos duros del conflicto armado, los sectores empresarial y finquero decidieron optar por la represión como única salida a los conflictos laborales y exigencias del sindicalismo, el discurso es el mismo: el peligro que corre la inversión. Y como en nuestra sociedad el dinero es más importante que la vida, las propuestas para combatir la violencia son, paradójicamente, violentas.

El discurso polí­tico preelectoral que supuestamente aboga por la vida, está cargado de varias propuestas que no son más que la antesala del terror. La iniciativa de crear jueces sin rostro, por ejemplo, atenta al legí­timo derecho de los acusados a reconocer si los jueces que decidirán sobre su inocencia, son capaces y verdaderamente imparciales. Esta propuesta parece ser un reflejo de los Juzgados de Fuero Especial, instauradas durante la dictadura de Efraí­n Rí­os Montt, en los cuales se ordenó el fusilamiento de cientos de personas, pese a las denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones al debido proceso.

La aprobación de una «ley antimaras» parece ser el principal punto de agenda del Congreso Nacional, iniciativa que se disputan dos partidos polí­ticos y que no es más que una copia de la normativa que entró recientemente en vigor en El Salvador. Un fiasco de entrada, porque no propone medidas que garanticen erradicar las causas de la organización de jóvenes en estructuras criminales.

Otra de las iniciativas que ha obtenido espacios en los medios de comunicación y en varias paredes de los edificios de la ciudad, es la aplicación de la pena de muerte. No puede encontrarse nada más inhumano que el Estado decida sobre la vida de personas y convertirse en lo que se quiere atacar. Serí­a interesante revisar los datos en los paí­ses en donde se aplica esta medida extrema, para darse cuenta que no garantiza una baja en los í­ndices de criminalidad.

Parece que la propuesta es convertir nuestra sociedad en una jungla para que, a punta de pistola, «a sangre y plomo» y de manera legí­tima, aborrezcamos la vida y nos concentremos únicamente en la violencia y no en los demás temas tan importantes, que nos aquejan.