El pasado jueves 18 me referí a la decisión del presidente Pérez Molina de suspender el otorgamiento de licencias para la exploración y explotación mineras, que denominó moratoria, porque el Estado no cuenta con las herramientas legales actualizadas para regular el funcionamiento de las industrias extractivas.

Expuse que podría ser oportuna la ocasión para que el Gobierno entablara un diálogo con las comunidades afectadas por las consecuencias perniciosas de las minas a cielo abierto y organizaciones ambientalistas, a fin de encontrar una solución que satisfaga las legítimas demandas de aquellas poblaciones, los reclamos de las organizaciones que defienden el ambiente, además de discutir la propuesta del régimen de estimular la inversión extranjera bajo nuevas reglas que incluyeran el justo pago de regalías y la protección de los recursos naturales.
 
Algunos de mis contados lectores coincidieron con mi posición,  señalando que es necesario evitar la confrontación, que contribuye a la conflictividad social, especialmente por la intransigencia de empresas mineras transnacionales y de sus “espontáneos” colaboradores mediáticos.
 
Pareciera, empero, que el anuncio presidencial fue lanzado para calmar los ánimos de comunitarios y ambientalistas, porque el mandatario ya no volvió a enfocar el tema, menos los ministros de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, además del desdén de los aletargados diputados, quienes –fácil es de entender– son los obligados discutir, analizar y eventualmente promulgar una nueva legislación en la materia.
 
En segundo lugar, otros lectores fueron más precisos al precisar sus  argumentos en contra de la moratoria, comenzando por advertir que esa decisión debió haberse adoptado antes de que se otorgaran siete licencias para la explotación minera; o que el Presidente deje sin efecto esas autorizaciones.
 
Quien más abundó en razonables argumentos fue el señor Ignacio Sánchez, al subrayar que si la intención del mandatario fuera sincera,  procedería como lo hizo el Gobierno de la República Dominicana que, sin previo aviso ni alardes publicitarios, suspendió las exportaciones de metales y minerales “mientras el Estado no cuente con la tecnología  necesaria para cuantificar las cantidades a exportar”, además de que ante la firme posición gubernamental de ese país caribeño, empresas mineras canadienses aceptaron nuevos contratos que incluyen pagar no menos del 50 % de regalías; mientras que, como se sabe, en Guatemala es el 1 % oficialmente, aunque una empresa dispuso generosamente elevarlas al 5%  en forma voluntaria.
 
Como lo expusiera en febrero de 2012 la periodista Alejandra Gutiérrez Valdizán en un reportaje sobre el tema, en el escenario se ubican los protectores del ambiente y de derechos humanos, que consideran a la minería como una de las más nefastas estrategias para alcanzar el desarrollo.
 
En sentido opuesto, las industrias mineras sostienen que la riqueza del subsuelo debe aprovecharse en vez de dejarla reposar, y tener márgenes de ganancia que hagan rentable la actividad, sin obstáculos burocráticos o ambientales. Casi sin la intervención del Estado.
 
En un rincón, las comunidades a las que se les instala una industria que afecta su ambiente en plena vecindad, y que demandan su derecho a objetar la explotación minera sin su consentimiento.
 
(El comunitario Romualdo Tishudo cita a este pensamiento de autor que desconoce: –La única lucha que se pierde es la que se abandona).