Para mucha gente la decisión de suspender las operaciones de la mina Marlin en el contexto de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es incomprensible, pero hay que entender el sentido de lo resuelto, porque no es una decisión basada en cuestiones económicas sino exclusivamente con la intención de proteger los derechos humanos de las personas que viven en los alrededores de la mina y que pueden sufrir los efectos de contaminación.
El gobierno no tenía otra salida y hay que entender la renuncia del ministro Meany en el sentido de que él había expresado su consistente y pleno respaldo a los intereses de las empresas mineras y, por lo tanto, lo dispuesto ayer es un revés personal porque él era una especie de garantía para las operaciones de minería, habiéndolo demostrado en su enfrentamiento con el Ministro de Ambiente por el tema de la explotación petrolera. La resolución de la CIDH tiene fundamento por el vicio original de la minera al no haber tomado en cuenta los convenios internacionales que obligan a la consulta popular en esos casos. Guatemala no ha legislado internamente para regular el cumplimiento de los convenios que obligan a la realización de consultas y de esa cuenta nos pasamos sobre lo dispuesto por la OIT y aceptado ya por nuestro país y que por ser materia de derechos humanos, tiene preeminencia sobre el derecho interno con arreglo a nuestra Constitución. Absurdo es el planteamiento de quienes dicen que el acatamiento de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afectará la imagen internacional y la calificación de riesgo de Guatemala, porque el Estado simplemente acató lo dispuesto en el marco de las facultades de la CIDH y no tenía alternativa. En otras palabras, estamos hablando de un tema de derechos humanos y no hay consideración económica que pueda tener preeminencia respecto a la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente cuando se pueda poner en riesgo la salud de niños con daños que tendrían repercusiones en el largo plazo. Y en cuanto a la calificación de riesgo país, no hay peor riesgo para una nación que tener autoridades que se dejan sobornar y que resuelven de conformidad con intereses corruptos en vez de atender los intereses nacionales y de la población. Somos un país de alto riesgo porque aquí todo se arregla mediante la compra de conciencias y en ese sentido alegar la vigencia de un espurio estado de Derecho es hipócrita cuando todos sabemos que la minería se asentó en nuestro medio mediante transas que nada tienen que ver con la Ley.