Los ánimos se caldean y la temperatura se eleva al tiempo que emergen posturas diametralmente opuestas a favor y en contra de minería: Las tasas de regalías, la protección del medio ambiente, los incentivos para la inversión en la industria extractiva y la vinculación de las consultas comunitarias resurgen como tema de discusión… ¿Llegó el momento de los consensos o solo vendrán más discrepancias?

Las acaloradas discusiones que desencadenaron las propuestas para modificar la Ley de Minería podrían reavivarse este año, mientras surge nuevamente  el debate sobre el futuro de las actividades extractivas y la política energética de los próximos cuatro años.
 
El reciente consenso alcanzado entre el Ejecutivo y las empresas mineras para elevar las tasas de las regalías no satisfizo por completo a los ambientalistas y las entidades mineras piden que se analice el total de lo que pagan al Estado, incluyendo impuestos. Además, el tema fue utilizado como discurso político en la oposición, por lo que el panorama, hasta ahora, no parece que haya un futuro prometedor en la búsqueda de consensos.
 
En un comunicado la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) asegura que hasta ahora los miembros de dicha gremial operan en el país en estricto apego a la Ley de Minería vigente.
 
“Los criterios considerados por la Gremial para la apertura a este diálogo ha sido la consciencia del sector minero de la necesidad del Estado en la captación de recursos económicos, la vialidad de las operaciones del país y mantener la competitividad en el mercado”, señaló Mario Marroquín Rivera, presidente de Gremiext.
 
Pero Magaly Rey Rosa, de la organización ambientalista Savia, considera que el tema de conflicto entre las empresas y las poblaciones indígenas no se centra en el dinero, sino en el respeto que se le debe dar a la naturaleza y el ambiente.
 
“Lo que ya aprendí es tanto en el interior de la República, con organizaciones indígenas, es que esto de las regalías para ellos, o por lo menos para la mayoría, es secundario. Ellos tienen una relación con la naturaleza totalmente diferente, no se sienten los dueños de todo para sacar dinero”, señaló Rey Rosa. 
 
Sobre las discusiones en torno a la legislación, Yury Melini, del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala, indicó: “La ley no ha pasado en el Congreso porque las empresas mineras no han permitido que los diputados discutan el tema. Los políticos tienen que pagarle a las empresas y como consecuencia de eso no permiten avanzar en la ley”.
 
Mientras tanto, en el Congreso la medida se politizó y ahora, incluso, ha llegado al extremo que se utiliza como argumento contra la reforma fiscal. 
 
A fin de rechazar la propuesta tributaria del Ejecutivo, Roberto Villate Villatoro, de la opositora bancada Lider, dice que un aumento de regalías podría equivaler a un incremento de tasas sobre la renta.
 
Así las cosas, con posturas infranqueables, totalmente opuestas, y electoralmente politizadas, parece que alcanzar acuerdos sociales y políticos para reformar la Ley de Minería será una tarea difícil. 
 
¿PENSAR ANTES DE HABLAR?
 
Aunque la minería no fue un tema decisivo en la pasada campaña electoral, las expectativas en torno al tema se definieron en un debate de presidenciables al que se convocó a los candidatos punteros.
 
Los presidenciables invitados a un  debate organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) coincidieron en la necesidad de aumentar a las regalías mineras percibidas por el Estado, así como asegurar que están en contra del aumento de impuestos.
 
Según la Ley de Minería, el Estado percibe el uno por ciento en concepto de regalías, mientras que los tres presidenciables coincidieron en que se debería aumentar.
 
Manuel Baldizón, el candidato del partido Líder, dijo que el país debe recibir el 50 por ciento de regalías y destacó su propuesta de “no al cianuro” en la industria extractiva.
 
“No menos del 40%”, fue lo que entonces propuso el actual presidente Otto Pérez Molina, y el 35% por onza de oro estimada en la bolsa de valores fue lo que respondió el representante de Creo, Eduardo Suger.
 
Melini refiere que entonces las promesas de los candidatos fueron simplemente solo demagogia.
 
“¿Por qué lo prometen en campaña? Porque les interesaba ganar votos. La ley esta entrampada desde el 2003, y lo que se debe priorizar es protección ambiental, participación ciudadana, regalías justas y sobre todo transparencia en el sector”, señaló el ambientalista. 
 
Según las declaraciones del Ministro de Energía y Minas, Erick Archila, durante la citación a la bancada Liberta Democrática Renovada (Lider), el Estado ha otorgado alrededor de 123 licencias de explotación minera.
 
Según Melini es de suma urgencia que el Congreso conozca y emita una nueva Ley de Minería, “la cual eleve los controles de protección ambiental que defina claramente el uso del agua y, por supuesto, el pasivo de los usos mineros. La consulta de la participación de los pueblos, los cuales son afectados por estas industrias y otros temas de urgencia es el uso de las regalías y la tasa efectiva de impuestos, sobre todo la transparencia e integridad del sector”.
 
LO QUE SE ESPERA
 
En el documento “Política Energética”, del Ministerio de Energía y Minas, se señala que el objetivo fundamental de la política energética de Guatemala es asegurar que nuestra población tenga acceso a suministros de energía suficientes, costeables y confiables, en un marco de desarrollo sostenible y respeto ambiental, en términos y condiciones que respalden el crecimiento económico y la prosperidad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.
 
¿CÓMO LOGRAR ESE OBJETIVO?
 
La propuesta de Lider ahora contempla aumentar las regalías a un 20 por ciento; Salvador Baldizón, integrante de esa agrupación, señaló que el 1 por ciento sería destinado a las municipalidades, el 9 por ciento a tema de seguridad, y el 10 a comunicaciones.  
 
Pero según Marroquín, “en América Latina no existe un país que cobre un 20 por ciento en regalías. No es factible que en nuestro país se cobre un monto tan elevado, nosotros hemos tenido rondas de investigación con el gobierno actual y tenemos una posición constructiva para la economía del país”. 
 
Países como México y Chile no cuentan con cobros de regalías en explotación minera, así como Bolivia y Perú oscilan entre los 3 y 5 por ciento en regalías, dice Marroquín.
 
Por su parte el Ministro de Energía y Minas asegura que el propio sector minero está de acuerdo en el aumento del 5 por ciento en las regalías.
 
“Ellos tienen el deseo de hacer ese aumento de forma voluntaria. Es algo positivo para el país y sería de crear en la posteridad una reforma a la Ley Minera” afirmó Archila. 
 
Rey Rosa señala que en Guatemala no existen funcionarios capaces de controlar el tema de minería, pues según su percepción el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está “perdido” para realizar una fiscalización adecuada del uso de los recursos naturales en esa actividad.
 
“Es necesario que exista un aparato judicial adecuado y que actué cuando es necesario, pues actualmente no existen datos esperanzados sobre procesos por daños al medio ambiente”, señala la entrevistada.
 
Uno de los temas que se abordó en la conferencia entre el presidente Otto Pérez Molina y la Conferencia del Arzobispado es la conflictividad por extracciones mineras, también se compartió el plan de trabajo de la nueva administración y los tres pactos que son impulsados.
 
Sobre el tema de minería, los obispos de todo el país señalaron al mandatario que es necesario que se tome en cuenta las necesidades de los pueblos mayas.
 
Hacer confluir las propuestas de ambientalistas, empresarios mineros, diputados y el gobierno será el reto en adelante. De no conseguirlo, Rey Rosa observa un panorama sombrío, pues cree que las cosas seguirían como hasta ahora, o empeorarían más.