A estas alturas del partido, no hay duda que uno de los desafíos de mayor magnitud en la sociedad guatemalteca lo constituye la profunda inseguridad ciudadana en el marco de una creciente ola de violencia matizada por una criminalidad sin precedentes en la historia contemporánea, al grado que algunos análisis revelan que en la época actual mueren más personas por hechos de delincuencia común, que durante el conflicto armado que sacudió al país por espacio de más de 30 años.
Ante el constante clamor de la población por los efectos negativos de este fenómeno algunos sectores han impulsado una campaña a través de diversos medios de comunicación para dejar la sensación que la respuesta a la actividad de los maleantes es la creación de más destacamentos militares y el aumento de soldados. Para ello ya se habla de un plan de modernización del Ejército mediante la inyección de una buena cantidad de millones de quetzales producto de la eliminación de los llamados «candados presupuestarios» que literalmente tenían con las manos atadas a los funcionarios del Organismo Ejecutivo para llevar a cabo ciertas transferencias de fondos.
La militarización de la seguridad pública no es el camino para enfrentar la inseguridad, entre otras cosas porque contraviene el compromiso que el Estado asumió en los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil que concluyó en 1996. Además, hasta ahora la incorporación del Ejército en labores de seguridad pública ha fracasado.
Lo más adecuado y prudente es fortalecer el poder civil poniendo especial énfasis en la inteligencia civil, dando prioridad a una policía depurada de todos aquellos miembros que puedan comprometer la legitimidad de la función pública de brindar la seguridad ciudadana.
El Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, estipula en forma categórica que la misión de la institución armada queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio. Su participación en otros campos se limitará a tareas de cooperación.
Una de las deficiencias principales en la policía es la debilidad en materia de investigación criminal, factor que no contribuye para la acción eficaz en la lucha contra el delito y una pronta administración de justicia.
En todo caso, debe hacer claridad que ninguna política represiva dará resultado si no va acompañada de programas de carácter social, pues uno de los orígenes de la violencia radica en la desigualdad, en la injusta distribución de la riqueza, en los impresionantes niveles de pobreza, falta de empleo y otras condiciones que desdichadamente lastiman la dignidad humana.