Migrar no tiene que ser una obligación sino una opción, pero en Guatemala cada hora al menos 14 personas deciden partir hacia Estados Unidos en busca de oportunidades que no encuentran en el país, como trabajo y salarios dignos, pero antes de alcanzar la frontera de ese país tienen que atravesar México, un territorio cada vez más hostil debido a la amenaza del crimen organizado.

“LA HORA” PRESENTA HOY UN DRAMÁTICO Y DESGARRADOR RELATO

Los secuestros se han vuelto una constante en el camino hacia el Norte, no obstante activistas de derechos humanos consideran que es muy poco lo que los Estados han realizado para aliviar ese drama humano.

Si se pensaba que cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos era la parte más complicada y arriesgada del “sueño americano”, resulta que la travesía a lo largo del vasto territorio mexicano es una verdadera prueba de supervivencia.

EL VIAJE

Javier tomó un día la decisión de ir a Estados Unidos. Aunque no tenía a nadie que lo ayudara para reunir el dinero que necesitaba para emprender el viaje, dice que tenía “las ganas”.

El joven fue refugiado guatemalteco; aún era un niño cuando sufrió las secuelas del conflicto armado y sus padres tuvieron que refugiarse en México, por lo tanto, aunque no nació ahí, pudo obtener documentos mexicanos.

Regresó a Guatemala en el retorno de 1993 y terminó la educación básica, pero ya no pudo completar el diversificado, por diversas razones. Entonces decidió hacer el viaje.

En México tomó un avión porque tenía papeles y así se facilitaba su circulación. Pero cuando llegó a Sonora todos sus planes cambiaron. Supuestamente, junto a sus compañeros habían contactado a un “buen coyote”, pero éste los vendió a un grupo de narcotraficantes.

Ellos también cruzan gente, pero no son coyotes; son traficantes de droga, explica.

De acuerdo con el relato de Javier, los retuvieron en un hotel y por la noche los llevaron en carro hacia el desierto. “Nos dijeron que eran ocho horas pero una vez iniciamos el camino nos dimos cuenta que no era así, eran como tres o cuatro días. Es un viaje muy duro, a medio desierto estás tan cansado y te dicen «los que quieren ir, que sigan, los que no, se regresan». Sin embargo, uno no conoce el camino de regreso y no puedes hacerlo, es la estrategia que usan”, explica.

 Antes de emprender el viaje se le dotó a cada migrante de un galón de agua, una lata de frijoles, tortillas, dos manzanas y naranjas, pero “a la mitad del camino se me terminó el agua, incluso nos corrió la migra (la migración)”.

El viaje cada vez era más pesado. Casi al final, cuando la situación se empeoró, Javier cuenta que tomó una decisión muy dura. Ya no tenía agua y encontraron un charco, el agua estaba verde, como si le hubieran vertido pintura, con insectos y renacuajos. “Pero yo no pensé en eso. Llené el tambo y usé el pañuelo como colador”, relata. Según cuenta, casi al llegar a la frontera se enfermó de diarrea y calentura, probablemente por haber bebido  de esa agua.
 
“Cuando vas por el camino vas viendo todo tipo de cosas que los migrantes dejan tiradas; zapatos y  ropa que ya no pueden cargar; cuando llegas a tu destino lo haces solo con lo que tienes puesto”, recuerda. En la frontera los esperaba una camioneta en donde acomodaron a 24 migrantes, uno sobre otro “como leñas”, en un espacio tan estrecho que existía el riesgo de asfixia para quienes entraron primero.

Los llevaron hasta Phoenix, Arizona, y los encerraron en una casa en donde había al menos unos 150 migrantes. “Había migrantes de todas partes, de Honduras, El Salvador, Guatemala, México; ahí no puedes hablar, no puedes tomarte un baño ni dormir en una cama, solo nos pusieron un galón de agua y nos daban de comer una vez al día. Estábamos secuestrados”, señala.

Luego les piden dinero a los familiares, una y otra vez. “Estuve ahí como un mes. Pidieron unos cinco mil dólares a mi familia y llegó un momento en que les dije «ya no tengo más dinero, si me van a matar, mátenme», tras lo cual, con un último pago, me dejaron en un centro comercial”, relata.

Ocho años después de vivir en Estados Unidos, Javier dice: “me considero con suerte, muchos no salen vivos de esto, yo lo logré al primer intento”. Dice que no piensa regresar a Guatemala porque aún se acuerda de lo que le pasó en su camino a Estados Unidos. “Todavía hoy, hay días en que sueño en que estoy en medio del desierto”, dice.

MIGRANTES DESAPARECIDOS

Como cuenta Javier, hay muchos que no salen vivos de esa travesía. Una mañana de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México, fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes, asesinados por Los Zetas.

Este hecho es una de las mayores matanzas registradas en el territorio mexicano, al parecer porque se negaron a formar parte de las filas de ese grupo criminal.

Los migrantes procedían de países como Ecuador, Brasil pero principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Muchos de ellos no fueron identificados. Los que sí, fueron recibidos en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde los esperaban el Presidente y una escolta militar; sus familias también los esperaban para sepultarlos en sus lugares de origen, Izabal, Escuintla, El Progreso, Palencia, Guatemala.

Flora Reinosa, de la Defensoría de Población Desarraigada de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), cuenta que hasta el momento tienen el registro de 80 guatemaltecos que han migrado hacia Estados Unidos y que han desaparecido en México.

Creemos que estos casos coinciden con los de la masacre de San Fernando, Tamaulipas 1, de agosto de 2010; la masacre de Tamaulipas 2, en abril de 2011, y la masacre de Cadereyta, dijo la funcionaria de la PDH.

Los casos a los que se refiere la funcionaria son la masacre de Tamaulipas en agosto de 2010, otro hallazgo similar, en el que se encontraron 120 cadáveres en fosas también en Tamaulipas, mientras que en Cadereyta, Nuevo León, se encontraron 49 cadáveres mutilados, en mayo de 2012.

“Estos casos se han documentado, coordinamos con el equipo de antropología forense de Argentina y procedieron a tomarles pruebas de ADN a 299 familiares en Guatemala y Quetzaltenango, a donde llegaron personas de diferentes departamentos”, explica.

Según Reinosa, en algunos casos se sabe que está involucrado el crimen organizado, como el grupo Los Zetas. Algunas familias sufrieron de extorsión después de que pasaron varios meses en los que no sabían del destino de sus parientes, dice.

De acuerdo con la entrevistada, de las 80 desapariciones hay seis casos plenamente identificados, 26 casos por confirmar. “Ha habido un poco de tardanza de parte de México para contrastar las pruebas de ADN con las que se tomaron acá, pero la Procuraduría General de la República (PGR) nos ha dicho que tienen la voluntad para terminar ese proceso”, dijo la funcionaria. 

La funcionaria de la PDH considera que puede haber un subrregistro de los casos, según las denuncias recibidas y considera que muchos familiares no hacen las denuncias por temor a sufrir represalias.

Otras organizaciones, como la Pastoral de Movilidad Humana, tienen cifras más altas de migrantes desaparecidos. Cuentan al menos 150.

MÁS PRESIÓN

Amílcar Vásquez, de la Pastoral de Movilidad Humana, considera que el tema de migrantes que en México sufren de todo tipo de vejámenes e incluso mueren a manos del crimen organizado debe ser más visibilizado y figurar más en la agenda política de los gobiernos, iniciativas que no han tomado países como México, pero también de la región, porque no solo son guatemaltecos. 

Según Vásquez, a nivel regional se ha ejercido poca presión a México para que implemente medidas de búsqueda, rescate o repatriación de migrantes. “Se ha incidido para que México tenga una base de datos amplia sobre personas que puedan estar en las morgues, hospitales, centros de detención, pero no ha sido posible”, anotó. 

De acuerdo con el entrevistado, es por falta de voluntad política y de compromiso por parte de México, principalmente, que no se ha hecho el esfuerzo para dar con los desaparecidos.

Elisabel Enríquez, de la Mesa Nacional para las Migraciones (Menamig), también señala que Guatemala ha hecho pocos esfuerzos por la población migrante que se enfrenta al infierno mexicano y se encuentra en medio del fuego cruzado en el combate al narcotráfico.

“La migración únicamente se ve en la gente que ya llegó a Estados Unidos, pero Guatemala no atiende el problema como país de origen, de destino y tránsito”, indica.

“¿Qué ha hecho Guatemala para proteger a su población migrante? Yo diría que muy poco, nada más que unas comunicaciones o entrevistas de decir o pedir al Estado mexicano el respeto a sus derechos (de los migrantes)”, critica Enríquez. 

“México por su parte tiene una nueva Ley de Migración desde mayo de 2012, pero lo que ha hecho es criminalizar más la movilidad, porque tienen que tener una visa de tránsito, pero para tenerla uno tiene que tener la visa de destino y ese destino es Estados Unidos”, señala Enríquez. “Si uno tuviera la visa americana agarraría el avión y se fuera directamente”, anota.

De acuerdo con Enríquez, hubo muchas expectativas en torno a la ley “pero yo creo que hay más criminalización, y el combate al crimen organizado ha dejado en medio del fuego cruzado a los migrantes, quienes atraviesan un mayor peligro”.

Enríquez considera que México y Guatemala tienen buenas herramientas sobre el tema, ya que ambos países son signatarios de la Convención de Protección a Migrantes de 1990, pero que lamentablemente no se ejecuta lo ahí establecido.

El país necesita mejorar su ley de migración y una política pública migratoria integral, con un carácter de Estado que también esté vinculada al desarrollo social y rural, porque la migración debe verse en cómo se mejoran las condiciones de vida para los ciudadanos y de esa manera evitar la migración.

RUTAS

Según un monitoreo realizado por Menamig, las rutas más usadas por los guatemaltecos para internarse a territorio mexicano son El Naranjo, en Petén, La Mesilla y Gracias a Dios, en Huehuetenango y Tecún Umán en San Marcos.

La mayoría de guatemaltecos que viaja lo hacen de manera irregular, sin documentos de ninguna clase, son del área rural pero también de las cabeceras municipales, porque son quienes pueden pagar un coyote o pueden acceder a un préstamo por medio de prestamistas.

No existe una edad definida de los que migran, algunos tienen hasta 47 años, comenta Enríquez; también se calcula que de cada 10 personas que migran, 3 son mujeres.