El presidente Otto Pérez Molina dijo en su discurso de toma de posesión que había llegado el momento del cambio para Guatemala, pero lamentablemente estaba muy equivocado porque sus funcionarios se aferran a la eterna y mediocre excusa del “no se puede” para permitir que sigan funcionando instrumentos de corrupción como los fideicomisos.

Ayer el Ministro de Finanzas dijo en el Congreso de la República que, lamentablemente, no se puede prescindir de esa figura y por lo tanto insiste en que deben ser regulados.
 
 Lo mismo planteó el Ministro de Finanzas del gobierno anterior y los resultados son lamentables porque se trata de un mecanismo que por su misma naturaleza no se puede fiscalizar eficientemente. Por supuesto que eliminar los fideicomisos no es cuestión de soplar y hacer botellas, puesto que se requiere de una enorme voluntad por la transparencia para liquidar esa fuente de corrupción, pero no cabe la menor duda de que lo más fácil, lo más cómodo y lo más rentable es seguir utilizando el instrumento.
 
 Si el objetivo es la agilidad para contratar, el Ministerio de Finanzas tendría que proponer nuevos mecanismos de gestión que permitan eficiencia, agilidad y transparencia, pero aferrarse a la más viciada figura es un gesto lamentable porque nos demuestra que en el fondo el cacareado cambio no es de fondo, sino un discurso únicamente. La Contralora de Cuentas, cuando dijo que debían suprimirse absolutamente, lo hizo después de conocer la propuesta de reforma porque la misma no persigue sino taparle el ojo al macho.
 
 Y vale decir que muchos de los analistas consultados que respaldan la continuidad de los fideicomisos no podrán nunca decir otra cosa porque ellos mismos fueron de los promotores de ese instrumento de opacidad en la gestión pública. Expertos que se refugian en asociaciones de investigación, fueron si no los promotores de esa mafiosa utilización de un instrumento del derecho privado, por lo menos los que lo engordaron colocando millones en bancos para que los administraran sin rendición de cuentas.
 
 Ayer explicaba yo por qué es que un fideicomiso privado funciona y cuál es la razón por la que los fideicomisos públicos son arca abierta, ya no sólo para que el justo cometa pecado, sino para que el largo se harte hasta el cansancio con dineros del erario. Y si siguen los fideicomisos tendrán que operar de acuerdo con la normativa especial que hay para esa institución consagrada en el Código de Comercio, cuerpo legal que no puede ser el que regule operaciones que involucran los intereses nada comerciales (en teoría) de la gestión pública.
 
 ¿Se le ocurre a usted un pretexto más fácil y sencillo para justificar los fideicomisos? A todos los presidentes que en campaña criticaron esa práctica, sus funcionarios les “demuestran” con argumentos “técnicos” por qué no se puede cometer la barrabasada de acabar con los fideicomisos. Y como el sentido común es el menos común de los sentidos, los mandatarios aceptan sin chistar los criterios de quienes presumen de tecnócratas para justificar mañosas prácticas que fueron diseñadas única y exclusivamente para evadir los controles. Por supuesto que el argumento oficial es que así se agiliza la administración pública, pero lo que nunca dicen es que se agiliza el hueveo del dinero de los guatemaltecos y se borran las huellas que lleven, el día que San Juan baje el dedo, a la cárcel a los sinvergüenzas.
 
 Si el general Pérez Molina quiere realmente pasar a la historia por ser un factor de cambio en el país, el tema de la transparencia tiene que ser una obsesión para él y su equipo. Y nunca podremos hablar de transparencia si cuando hay que acabar con la mafia de los fideicomisos aceptamos el tonto argumento de que “no se puede”.