Cuando se habla de la reforma política que todos los guatemaltecos reconocemos como indispensable por la forma tortuosa en que se ha desvirtuado nuestro sistema, la máxima oferta que nos hacen los políticos, como si fuera una enorme y graciosa concesión, es de dejar las cosas como están, específicamente con el número de diputados al Congreso de la República. Sabiendo que el oneroso poder legislativo es la cara más visible del descalabro de nuestro modelo político, tanto el Presidente como los dirigentes de las otras formaciones políticas resumen su propuesta de reforma política en legislar para que no tengamos que mantener a un número mayor de diputados como resultado del eventual censo que el país necesita.

Y los ciudadanos, sabiendo que lo demás es imposible de lograr, nos tenemos que conformar con una modesta modificación que, por lo menos, impedirá que el recinto parlamentario se siga llenando de personas que no producen absolutamente nada pero que se llevan una importante tajada del Presupuesto General de la Nación. Y es que aunque el Congreso no tenga más diputados, tiene un costo creciente por virtud de los pactos colectivos de trabajo que han suscrito varios presidentes y que generan condiciones muy favorables para los trabajadores, pero sumamente costosas para los contribuyentes. Uno de los problemas que tiene la negociación colectiva de condiciones de trabajo en el sector público es que por la parte empleadora negocian políticos a los que importa un pepino de dónde sale el dinero para cubrir las demandas.
 
 Nuestra estructura política tiene varios problemas graves que afectan el propio cimiento de la democracia. Para empezar, y como notable punto de partida, no tenemos verdaderos partidos políticos sino simplemente agrupaciones que se organizan alrededor de alguna figura con ambiciones presidenciales; ninguno de los llamados partidos del país es la expresión de una corriente de pensamiento de los ciudadanos, con una ideología por lo menos perfilada, no digamos definida, ni son resultado de la organización de los distintos sectores para canalizar sus inquietudes en la vida ciudadana. Se trata de esfuerzos de políticos que logran conjuntar a grupos de amigos o seguidores que ven en el caudillo la oportunidad de llegar al poder para continuar con la danza que se impuso virtualmente desde la llamada apertura política que se estableció con la Constitución Política de 1985.
 
 Y como no hay ni organizaciones de base ni organizaciones de masas, todo el esfuerzo político se basa en conceptos de propaganda y ello implica altos costos. Cuando los partidos políticos tienen estructura de base que trabaja con mística y entrega a una causa, los costos  se reducen notablemente, pero a falta de eso, el activismo es pagado y la publicidad se convierte en la herramienta indispensable.
 
 Y es allí, cuando hace falta tanto dinero para aspirar a competir con probabilidades, que aparecen los que saben cómo sacarle raja a un sistema débil, caduco y corrupto. El secuestro de la democracia es resultado de las ambiciones de políticos que no piensan en el país sino únicamente en su beneficio, y de inversionistas que saben que poniendo dinero para ayudar a elegir a alguien se compra el derecho de piso para que todo el sistema se ponga a su servicio. Los contratos fluyen no en función de las necesidades de la población, sino en función de los intereses de los inversionistas y de los políticos que siempre acarician la idea de que con obras de tipo clientelar van a asegurar su permanencia en el poder. Poco importa la contundente evidencia del rechazo que hay para todos los que llegaron a la presidencia, porque todos, sin excepción, creen que romperán la maldición y lograrán perpetuarse.
 Y como nosotros nos contentaremos con que no haya más diputados, la ruedita seguirá girando.