En Guatemala se perdió el respeto. Es decir la consideración y la excelencia que merece una persona o cosa; la superior fuerza de algo que nos conduce a no faltar a ella o a no afrontarla. ¿Alguien duda de su pérdida? No sólo la natural cortesía hacia las damas, los niños o los ancianos que hoy en día apreciamos por todas partes; tampoco es exclusivo de quienes están obligados a guardarle consideraciones a la población a la que se deben, pues abundan sus mentiras, engaños, falsedades, como burdos manejos de dinero y ¿qué decir de la actitud de los diputados, quienes en el hemiciclo parlamentario estafan, platican, cuentan chistes, hablan por teléfono, se insultan y hasta son capaces de llegar a las trompadas?
No tengo dudas que estamos viviendo una época en que no pasa un día sin quedarnos con la boca abierta al ver a tantos directores, gerentes o jefes de dependencias que mandan a decir a sus ujieres que no están o están muy ocupados, evitando la gorda obligación de cumplir con el mandato constitucional del libre acceso a la información. Pero lo anterior es calleja, ante el descarado reconocimiento que por su culpa, negligencia, incapacidad o irresponsabilidad se incumplen desde mandatos legales hasta se desatienden gordas obligaciones, sin embargo, el derroche dinerario sigue a manos llenas. El más reciente lo tenemos en el caso del vocero presidencial, plaza que resulta innecesaria en un país pobre, en donde existe la del Secretario de Comunicación Social, cuando con tan elevadas remuneraciones de que disfrutan bien podrían pagarse las de indispensables médicos, maestros, enfermeras, policías, etc. que «por falta de presupuesto» no se contratan. De ahí que nos quedemos haciendo la misma pregunta: ¿con voceros así, para qué el gobierno de Colom necesita enemigos?
Ante la enorme, costosa e inoperante burocracia gubernamental, muchos argumentos podrán esgrimir el Presidente, su Ministro de Finanzas y tantos asesores y colaboradores en pro de aumentar impuestos, cuando deliberadamente existe la consigna de no reducir los gastos del Estado o de racionalizar los mismos. ¿Por qué se pelean tanto nuestros políticos por la propiedad del eslogan que conlleve la palabra «cambio» cuando éste nunca aparece por ninguna parte? De esa cuenta, mientras no se demuestre con hechos la voluntad de reducir drásticamente la enorme burocracia, nadie les va a creer la necesidad imperiosa de aumentar cargas impositivas a un pueblo que, por la misma incapacidad gubernamental, carece de recursos suficientes, ni siquiera para cumplir con sus propias obligaciones fundamentales.
Para terminar, creo que la siguiente pregunta debiera ser contestada satisfactoriamente antes de pedir más sacrificios a la población: ¿para qué tanta burocracia, cuando los mismos funcionarios son los primeros en reconocer que para la realización de obra pública, no digamos para planificarla, convenirla y contratarla, se ven obligados a recurrir a fideicomisos u organizaciones no gubernamentales?