A cuatro meses de distancia de su acto de toma de posesión, no es aventurado señalar que el gobierno conservador del general Otto Pérez Molina, empezó con el pie equivocado. En muchas de las dependencias del Gobierno se observa una completa improvisación como es el caso del Ministerio de Salud Pública en donde es notoria la falta de congruencia en las acciones para encontrar soluciones inmediatas a la crisis de los hospitales.
La pésima conducción de la política económica ha incrementado la pobreza en que vive la mayoría de la población. Un reportaje del Noticiero “Hechos” difundido el pasado lunes a través de TV Azteca Guatemala, revela datos desgarradores sobre el incremento de la canasta básica.
Según ese trabajo, en los últimos tres meses los precios han aumentado en forma desmedida. El salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación de una familia de cinco miembros. Sin embargo, el Ministro de Economía y expresidente del CACIF, señor Sergio de la Torre, dicen que no hay especulación.
En materia de inseguridad ciudadana, la situación está igual o peor que antes a pesar de los enormes despliegues propagandísticos del Gobierno dando a conocer pírricas acciones contra la delincuencia. La incertidumbre se agudiza cada día más entre el pueblo ante el incontrolable torrente de asaltos y actos de violencia. En los últimos siete días se han producido ataques a tiros contra taxistas, con el saldo de la muerte de seis de ellos.
Durante su campaña electoral, el ahora Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, prometió mano dura contra la delincuencia. Sin embargo, hasta hoy, las fuerzas de seguridad, han sido incapaces de dar protección a la población.
La política de mano dura solo se ha aplicado en contra de los jubilados al disponer que sus pensiones quedarán afectas al impuesto sobre la renta a partir del próximo año.
Pero también se está ejecutando en contra de los campesinos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en donde el Gobierno impuso el estado de Sitio, luego de serios disturbios el pasado uno de mayo, dentro del marco del desacuerdo de los pobladores para la construcción de una hidroeléctrica por parte de una empresa de capital español.
La medida ha sido criticada por diferentes sectores de la sociedad, pues lo que se está haciendo es favorecer al capital extranjero al criminalizar la protesta social, reprimiendo con acciones militares y judiciales el descontento de los pobladores.
En vez del estado de Sitio, el Gobierno debió impulsar el diálogo para conocer las razones que han motivado el rechazo de los habitantes, pues es territorio percibido por las comunidades como ancestral y fuente de vida.