Pareciera que ser guatemalteco implica una alta probabilidad de una muerte más que anunciada y, en muchos casos, dramática. Si no es la violencia que cuenta muertos por centenas al mes, es la pobreza que con su crisis alimentaria mata de a poco cada día o, en el último de los casos, una enfermedad común que simplemente no puede ser atendida porque no hay centros de salud o porque no hay insumos en los hospitales.
Sin embargo, las autoridades ni siquiera tuvieron que buscar una máscara para fingir otro rostro. Con el mayor descaro que puede haber, envían un mensaje entre líneas que nos dice «sí, ¿y qué?» a los ciudadanos que junto a la comunidad internacional no comprenden cómo es que se tienen tan tergiversadas las ideas en una administración pública.
Ayer, muy «alentado» se mostró el vocero del Ministerio de Gobernación porque las muertes violentas han bajado, según él, de 16 a 14 mensuales. La mención es como quien oferta limones en un puesto de venta y hablara de una «oferta» que no refleja desde ningún punto de vista, la angustiosa situación de esa lotería de la muerte que se juega todos los días sin discriminación a nivel nacional mientras se le quita el dinero a la seguridad pública para ser utilizada en los programas sin fiscalización que ha representado la Primera Dama.
Recientemente, vimos a los sonrientes funcionarios del Organismo Ejecutivo sentarse ante los representantes de la comunidad internacional para pedirles su aporte para cubrir los gastos de la reconstrucción que la situación climática ha dejado en el país. Fue en el mismo momento en que se denunciaba que la persona designada a hacer el manejo financiero del Ministerio de Comunicaciones no cumplía con los requisitos legales para poder ocupar el cargo. Valga decir que son requisitos diseñados específicamente, para evitar que en casos como este, se dé un privilegio y/o manipulación en el manejo de los fondos públicos.
Pero para no dejar el tema en estos ejemplos, hoy publica Prensa Libre una nota en la que un alto funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, nos tacha de un país que no tiene voluntad política para luchar por la transparencia. Ayer, en estas páginas, denunciamos a las bancadas de diputados que no tienen el más mínimo interés en discutir y aprobar una ley que castigue el enriquecimiento ilícito.
Es así, cuando nos preguntamos ¿Qué nos espera como país? Porque en lugar de estadistas, funcionarios comprometidos y padres de la patria entregados a su nación, lo que tenemos son ejemplos contundentes de la madre de todos los descaros. Si Guatemala quiere salir adelante, debemos empezar a reconocer las obligaciones y a dar señales inequívocas de la voluntad por lograrlas.