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-Pregunta: ¿Qué percepción tienen las organizaciones sociales sobre el clima de impunidad en Guatemala?

-Respuesta: No solo las organizaciones sociales. Todos los guatemaltecos vivimos cotidianamente la impunidad. Existe todo un sistema de cultura para dejar todo en la impunidad, aparte de la negligencia de los operadores de justicia. Obviamente, la impunidad genera más violencia, porque se siente una sensación o se tiene la percepción de que nunca habrá castigo para los criminales.

Un relator de ejecuciones extrajudiciales se expresó diciendo que Guatemala es el paraí­so para cometer delitos, porque estos se quedan en la impunidad.

– P: ¿Cómo inicia la impunidad en el paí­s y cuál ha sido su desarrollo en los últimos años?

– R: La impunidad se empieza a generar en las masivas violaciones a los derechos humanos en la época contrainsurgente, en donde los militares, para poder actuar impunemente y lograr sus objetivos en la lucha anticomunismo, empezaron a hacer indiscriminadamente todo tipo de violaciones.

Con esto estoy hablando de las masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que hoy se convierten en los asesinatos, secuestros y extorsiones.

La transición hacia la supuesta democracia, tutelada por el Ejército, en donde primero vemos cómo en el Congreso se garantiza la amnistí­a para todos los militares en las violaciones a los derechos humanos, en donde también el Organismo Judicial por acción u omisión fue responsable de esa impunidad -más bien por omisión al no querer hacer nada- y que aquellos jueces que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber se están reproduciendo, nada más que con otros delitos.

El Ejército, luego de haberse considerado militarmente victorioso del conflicto armado, mucha de su gente se mantuvo en el poder y en las instituciones del Estado.

– P: Entonces, ¿Qué sucede después de la firma de los Acuerdos de Paz?

– R: Hubo toda una campaña del Ejército y de un sector poderoso que no estaba conforme con los Acuerdos de Paz, y cuando fue el plebiscito para ver si se llevaban a cabo las reformas, para rechazarlo, ellos hicieron toda una campaña para que el referéndum se perdiera.

Ese es un grupo pequeño que se ha mantenido en el poder y eso ha imposibilitado a que el Estado realmente garantice protección a los ciudadanos, al igual que en la época del conflicto a la mayorí­a de ciudadanos. Estamos en un total estado de indefensión.

– P: ¿Qué factores inciden para que la impunidad se fortalezca?

– R: factores de orden polí­tico. Porque con ello se van garantizado las estructuras para optar a un puesto público con solo negociar. Es lo que se llama pago de favores.

– P: ¿El sistema polí­tico está vinculado con la impunidad?

– R: Por supuesto. Es el Estado mismo quien promueve y encubre la impunidad.

– P: Pero, con ese panorama, ¿cómo evalúa el trabajo de las entidades nacionales en el combate a la impunidad?

– R: Es pésimo, solamente la persecución va hacia los delitos de bagatela. El análisis, por ejemplo, de las extorsiones en que la Policí­a ha atrapado a los extorsionistas y el Ministerio Público los mete a la cárcel, luego vienen los jueces y les dan la libertad. En los delitos de corrupción también se ven actitudes como la del juez (Julio Jenónimo) Xetumul, la del juez en el caso de Matus, a quien también le dan la libertad; o sea, se pliegan a los poderes fácticos y muchas veces es por el mismo temor a perder su empleo o a pago de favores.

Por ejemplo, a Xetumul le garantizaron un ascenso, entonces de juez de sentencia pasa a sala, con una evaluación de 95 por ciento; eso, un pago de favor. Así­ es como se va entronizando y se va generando la cultura de impunidad.

– P: ¿Qué papel desempeña la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)?

– R: En el Acuerdo Global de Derechos Humanos está el compromiso de Guatemala de desarticular a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, lo cual nunca se hizo. Al haber transcurrido diez años después de que se habí­an firmado los Acuerdos de Paz y que estos aparatos y cuerpos ilegales, que no eran más ni menos que los escuadrones de la muerte y oficiales del Ejército que los dirigí­an, se fueron transformando en actividades de la delincuencia organizada mientras estando en el poder hicieron uso de su puesto polí­tico para otras actividades ilí­citas, y de esa manera se fue criminalizando el Estado.

Nuevamente el Estado de Guatemala, viendo la gran amenaza que el crimen organizado está ejerciendo sobre los ciudadanos solicita a Naciones Unidas el apoyo al combate al crimen organizado y por los tanto la constitución de la Cicig. La lucha contra el crimen organizado no la puede llevar a cabo cualquier ciudadano sino que es una persecución que requiere de bastante especialización y profesionalismo, cosa que hoy por hoy el Estado de Guatemala no está en capacidad de hacer.

– P: La Liga Pro Patria manifestó su oposición a CICIG. ¿A qué se debe el rechazo de este y otros grupo hacia ese ente?

– R: La oposición es que a ellos les pueda caer, porque hay muchos miembros de la liga Pro Patria que están involucrados en actividades ilí­citas, muchas de ellas conocidas. A (José Luis) González Dubón se le vincula al tema de las adopciones ilegales, y por eso a él no le interesarí­a, ni a otros miembros de la Liga una Comisión como de este estilo, que es objetiva y está haciendo la lucha que deberí­amos estar haciendo nosotros, y que no las van a poder sobornar, entonces prefieren rechazarlo.

– P: ¿Cómo evalúa el primer año de trabajo de la CICIG?

– R: No se puede pretender que una Comisión que recién se instala investigue crí­menes que son bastante complejos. En otros paí­ses lleva hasta ocho años perseguir estructuras criminales de la delincuencia organizada, y que aquí­ se pide que en menos de un año ésta pueda producir resultados, cuando pasa todo un primer momento administrativo para su propia instalación. Para el futuro se deja previsto la renovación del convenio, de manera, pues, que pueda ser de acuerdo al tiempo que se requiera, siempre son en perí­odos cortos para darse la oportunidad tanto el Estado de Guatemala como la Comisión misma de evaluar las condiciones.

– P: ¿Qué ocurre a la CICIG con los obstáculos que encuentra en el sistema de justicia para efectuar sus investigaciones?

– R: La primera propuesta de Naciones Unidas era que la CICIG no tuviera que depender de las instituciones del Estado para poder hacer una investigación, esto lo rechazó la Corte de Constitucionalidad y se hizo como lo establece la ley, pero se pone a prueba la voluntad polí­tica del Estado de Guatemala para terminar con el problema del crimen organizado y los aparatos clandestinos.

Hoy vemos cómo las instituciones se confabulan para que no se pueda terminar con la impunidad. Yo creo que hoy podemos ver caras y ponerle nombre y apellidos a la gente anuente a no querer que termine esta impunidad en Guatemala y que la violencia continúe y que sea un Estado que solamente esté a disposición de ellos, dejando olvidado realmente al pueblo de Guatemala.

– P: ¿Qué expectativas tiene sobre sus primeras acciones en el 2009, en relación al polémico caso que envuelve al ex fiscal ílvaro Matus?

– R: Es importante resaltar que la CICIG empieza a dar resultados en el corto plazo. Empieza por los primeros, que son los que obstaculizan la justicia, aquellos que obstruyen los procesos de investigación son los primeros que tienen que irse quitando del camino para poder cumplir con el rol que le corresponde o cumplir con lo que se comprometieron.

Si el Estado mismo, las instituciones mismas, impiden que haya depuración quiere decir que no le están dando las condiciones para que continúe la investigación, entonces la culpa no va a ser de la CICIG porque va a haber siempre elementos que van a obstaculizarle la investigación, sino que la responsabilidad sigue siendo del Estado de Guatemala.

No es por la incapacidad de la CICIG, es que la gente que está obstruyendo, perdiendo las evidencias y obstruyendo la investigación cómo puede hacer que ellos cumplan con su rol.

– P: Los roces entre Carlos Castresana, director de la CICIG, y operadores de justicia del MP Y CSJ, ¿afectan los procesos de justicia?

– R: Hay interioridades del Ministerio Público que no se han dado a conocer, y por eso digo que empiezan a salir las caras de quienes forman las estructuras criminales. En el Ministerio Público sucedió una rebelión de varios fiscales en contra de la autoridad del Fiscal, y por eso cambian el memorial (del caso del ex fiscal ílvaro Matus) sin el conocimiento de la CICIG, y eso confabulando con otros operadores de justicia para dejar afuera a la Comisión, adelantan la audiencia a pesar de que ellos habí­an solicitado ser querellantes y que les tení­an que notificar. No le notifican para dejarla fuera, esa es una confabulación, y ese es el delito que precisamente le quitan también a Matus.

No es que la CICIG no esté cumpliendo con su rol, la CICIG está cumpliendo con su rol, los que están impidiendo, son personas particulares que se convierten en obstáculos para la investigación, y de ese modo, no puede cumplir con su papel.

Lo que le sucede a la CICIG es lo que nos sucede a todos los guatemaltecos a diario. Hoy, CICIG está viviendo en carne propia, lo que todo guatemalteco vive. Los roces, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo es posible que una Corte diga que no puede resolver el tema de la competencia para los tribunales de alto impacto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con el presidente de la Corte? Entonces tampoco ellos están cumpliendo con su rol que les corresponde a nivel institucional. Ese no puede ser un argumento, de ninguna manera.

– P: ¿Cómo figuran, entonces, el Ministerio público y la Corte Suprema de Justicia?

– R: Están a favor de la impunidad. Estas instituciones quieren que la impunidad se mantenga para devolver favores a quienes los pusieron.

– P: ¿Cómo evalúa las primeras acciones y resultados de la CICIG en relación a las investigaciones sobre el asesinato de pilotos de autobuses y feminicidios?

– R: Al analizar el asesinato de pilotos y las extorsiones, en contraste con las estadí­sticas, e investigando cómo se activan los celulares, yo dirí­a que el ochenta por ciento de las llamadas de extorsiones y planeación de muertes de pilotos provienen de las cárceles, y de ahí­ la exigencia de que el Ministro de Gobernación o que el Estado de Guatemala retome el control de las cárceles.

– P: ¿Por qué no se pueden bloquear las señales de los celulares?

– R: Esto no es una actividad de la delincuencia organizada y no serí­a competencia de la CICIG. Corresponderí­a al Estado de Guatemala y concretamente al Ministerio de Gobernación tomar el control y bloquear las señales y poner en orden, controlar realmente, a estas bandas que desde ahí­ continúan las extorsiones y los secuestros.

En el caso de la muerte violenta de mujeres, hay un estigma; yo dirí­a que el 40 por ciento, o un poco más, de feminicidios tampoco ocurre porque es parte de la delincuencia organizada, sino que hay un estigma hacia las mujeres y por otro lado, corresponde a la violencia en general, que por supuesto también afecta a las mujeres.

– P: ¿Qué fiscalización mantienen las organizaciones sociales sobre los operadores de justicia nacional e internacional, como la CICIG?

– R: Hemos estado monitoreando tanto al Organismo Judicial, como al Ministerio Público y a la Policí­a dándole indicadores de su ineficiencia. Todos estos temas del 98% de impunidad son por los indicadores que sociedad civil ha sacado y que son números accesibles al público. Se logró que la Policí­a iniciara su propia depuración, sin embargo el Ministerio Público y el Organismo Judicial, ni las cárceles, no han iniciado esa depuración.

– P: ¿Qué podemos esperar del Estado si la CICIG fracasa con sus objetivos?

– R: Los guatemaltecos cada vez vamos a estar en peor situación. Tendrí­amos que ser creativos, la sociedad guatemalteca se inhibe de participar ciudadanamente porque aquí­ los malos se han convertido en los buenos y los buenos nos hemos convertido en los malos y por eso es que no hay participación ciudadana.

Deberí­amos poner un alto pensando que somos nosotros mismos los que nos exponemos. Hay que entender que la CICIG nos ha venido a dar un apoyo, que está haciendo lo que muchos guatemaltecos no estamos haciendo, y si no se le da esa condición para que pueda ser eficiente, la verdad es que mejor nos persignamos, y va a pasar lo que sigue pasando ahora.

La violencia va a continuar, porque la impunidad genera más violencia y mejor si nos persignamos. Tenemos que exigirle al Presidente y a las instituciones del Estado a que ellos cumplan con su deber. Deberí­a existir un Estado de Derecho pero la verdad es que estamos tratando con un Estado Criminal.