La tarifa del pasaje en las llamadas rutas cortas del transporte extraurbano subieron como consecuencia directa del aumento de los combustibles que afectó al mundo entero y especialmente a Guatemala por la incapacidad del Estado para controlar a los importadores de derivados del petróleo, quienes fueron ágiles para subir los precios cuando el mercado internacional se disparó, pero mostraron enorme tortuguismo (con la complacencia oficial) a la hora de que bajó el valor del petróleo.
Hoy en día el precio de los combustibles está abajo del pico alcanzado, lo que hizo que el Ministerio de Comunicaciones y Transporte tomara la decisión de plantear una rebaja en la tarifa. La lógica de la medida es absolutamente elemental, puesto que si el precio subió por causa del alza de los combustibles, ahora que éstos bajaron tiene que reducirse también el cargo a los pasajeros.
Sin embargo, ahora resulta que los transportistas encuentran otros rubros, que antes no tomaban en cuenta, para oponerse a las tarifas fijadas por la Dirección General de Transporte, entidad minada por la historia de corrupción, pero que en este caso evidentemente antepuso el interés de los usuarios, fuertemente castigados por el alza en el costo de vida y que en el tema del transporte soportaron estoicamente el aumento de precio mientras las condiciones internacionales lo hicieron obligado, pero que ahora merecen un respiro.
El paro de ayer fue absolutamente abusivo y dañó a miles de usuarios que se vieron en serios problemas y muchos de ellos hasta sufrieron agresiones cuando trataron de utilizar medios alternativos para desplazarse. Al reanudar el servicio, manteniendo el precio alto e ignorando el acuerdo de las autoridades, los transportistas le están enviando un mensaje a la población, en el sentido de que es mejor pagar más que no tener transporte y la experiencia de ayer fue contundente por la forma en que se afectó a la población y porque los que lograron viajar en otros vehículos, lo hicieron a un costo muy superior al que tiene la tarifa actual.
En otras palabras, parece que estamos frente a una muestra de que el chantaje funciona y que la gente se doblega porque prefiere pagar caro por un mal servicio que no tener ni siquiera ese deficiente medio de transporte. Pero el quiebre del estado de Derecho y del principio de autoridad es evidente y compromete el orden público, quiérase o no, porque evidencia que estamos en manos de quien sepa aprovechar la coyuntura para plantear el chantaje.