Después de muchos años en los que cualquier grupo ciudadano decide bloquear arterias de cualquier tipo para hacerse oír y realizar protestas, ayer el Gobierno dispuso actuar para disolver la manifestación de estudiantes del nivel medio que impedían el tránsito en el puente El Incienso, generando un caos enorme con filas de autos de más de tres kilómetros. Obviamente la acción policial provocó reacciones que incluyeron un nuevo bloqueo en la Avenida Petapa en horario pico de la tarde y noche con tremendas consecuencias viales.

Entendemos que en Guatemala no existen espacios suficientes para el diálogo intersectorial y ello ha dado carta de validez a la medida de hecho como acción de protesta que hace visible la expresión de sectores que, de otra manera, no reciben ninguna atención. Sin embargo, es necesario entender que tales expresiones violentan el derecho de muchas personas que, como consecuencia de los bloqueos, no pueden desplazarse con normalidad en ejercicio de su derecho a la libre locomoción. En algunos casos se ha documentado que el taponeo de las vías ha provocado hasta muertes porque personas enfermas de gravedad no han podido ser atendidas como corresponde.
 
 Creemos que es deber del Estado garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y el de la libre locomoción es uno de los consagrados en esa desprestigiada Constitución que ahora quieren convertir en piñata. Pero ojalá que la decisión del Gobierno sea pareja, que se aplique en todos los casos y no con raseros diferentes como se hizo en el pasado, lo que dio lugar a que proliferara esa práctica de tomar la vía pública para hacer presión a las autoridades.
 
 Guatemala tiene serios problemas viales resultado de la ausencia de criterios de ingeniería correctos para manejar el flujo de vehículos, tanto en carreteras como en las vías urbanas, y por ello un bloqueo tiene repercusiones no sólo en el sitio donde ocurre, sino que se reflejan aún en lugares muy distantes porque la debilidad del sistema de tránsito es patética. Por principio creemos que en este caso cae como anillo al dedo aquella vieja expresión de Benito Juárez, en el sentido de que “El respeto al derecho ajeno es la paz”, porque el público tiene derecho a usar, sin problemas, la vía pública y los afectados por los bloqueos nunca son los responsables de las medidas que cuestionan los manifestantes.
 
 El Gobierno tiene que abrir sus canales de comunicación para escuchar a los grupos ciudadanos y mejorar los mecanismos de solución de conflictos mediante el diálogo como contrapartida a la decisión, razonable y sana, de garantizar la libre locomoción a todos los habitantes de la República.
 

Minutero
No es visitando hospitales
como van a resolver esos males;
entiendan que la maldición
tiene nombre y es corrupción