La competencia se fundamenta en la libertad de decisión de quienes participan en el mercado bajo el conjunto de normas claras, concretas y respetadas efectivamente por todos.

La libre competencia está basada en la libertad de elección del consumidor y del productor, es ella la que genera incentivos para que se produzcan y obtengan ventajas competitivas de uno a otro productor, mediante la optimización y reducción de costos y el incremento de la calidad técnica. Todo ello debe resultar en el aumento de la eficiencia productiva, así­ como en el incremento de la calidad de la oferta del producto, lo que debe repercutir en la disminución del precio de oferta, aspecto que logra que el consumidor tenga mejor acceso a la oferta en el mercado.

La mayorí­a de los paí­ses tienden a fomentar la competencia y ante todo la libre competencia, como resultado de la globalización. Los tratados de libre comercio son instrumentos que deben de privilegiar esa libre competencia. Gracias al intercambio y a la generación y aplicación de la tecnologí­a en la producción, los mercados conllevan el requerimiento y beneficio de los consumidores, por ello las empresas deben mejorar sus estándares de competencia y comprender que los mercados cautivos o limitados deben dejar de existir.

En cada paí­s debe de crearse la institucionalidad que haga valer las normas de competencia de manera expresa y creí­ble, ello es fundamental para que prospere la libre competencia nacional e internacional entre los productores.

La libre competencia requiere que quienes producen y ofrecen bienes o servicios informen al consumidor plenamente para que éste pueda optar con libertad en el mercado de consumo, contando con información sobre caracterí­sticas y calidades del producto y sus precios. Ese criterio es aplicable tanto a la producción nacional como internacional.
Si no se produce la libertad de decisión, bajo normas claras, no existe libre competencia. La libertad de elección del consumidor respecto al productor permite obtener una ventaja competitiva y las empresas verse estimuladas a reducir los costos, a mejorar los métodos y técnicas, logrando con ello producir un incremento en la calidad de su producto y una disminución en el precio de oferta, todo lo que permite un beneficio real al consumidor. La información libre del mercado es la que garantiza los derechos de quien consume y compra bienes y servicios.

En la libre competencia el empresario está obligado al máximo del esfuerzo lo que le permite actuar mejor que sus competidores y así­ obtener mayor beneficio económico. Ello implica retos y oportunidades, lo que se traduce en la penetración de los mercados nacionales e internacionales. No debe existir barrera que impida la importación, la protección del mercado interno, sea mediante impuestos, cuotas o limitaciones de cualquier naturaleza.
El árbitro en una economí­a de libre competencia es el Estado, que debe velar porque se cumplan las normas y reglas de la libre competencia; tiene que establecer como prioridad en los ministerios de Economí­a la salvaguarda de la libre competencia, combatir las posiciones monopólicas, la colusión, la distribución intencional de la producción, de las ventas y del precio de los productos que se ofrecen al consumidor. Además, debe crear garantí­as legales que implican un procurador de la libre competencia, fiscales que comprueben que no se viola la libre competencia, la oferta al consumidor, en especial los precios. Para ello deben existir tribunales y sanciones especí­ficas sobre la libre competencia. El nuevo gobierno tiene esta tarea.