Gracias al sistema de redención de penas, el padre Mario Orantes logró recuperar la libertad antes de cumplir el tiempo de prisión al que fue condenado por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi, responsable en la Arquidiócesis del informe de Recuperación de la Memoria Histórica en el que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado hizo el recuento de lo ocurrido durante el conflicto armado interno. Justamente el asesinato del prelado coincidió con la presentación de dicho documento que provocó controversia con el gobierno de turno y con las fuerzas armadas que fueron objeto de críticas en el mismo.

El padre Orantes no fue condenado como autor del delito, pero es criterio generalizado que él sabe mucho más de lo que en su oportunidad dijo sobre la forma en que ocurrió el crimen perpetrado en la Iglesia de San Sebastián cuando Monseñor Gerardi regresaba a la casa parroquial luego de una reunión con miembros de su familia. Fue condenado por complicidad, especialmente porque en el mismo Arzobispado de Guatemala se tuvo la creencia desde el principio de que sabía mucho más y que presenció cosas que por alguna razón nunca divulgó ni quiso compartir con los investigadores que trabajaron en ese caso tan delicado de la historia del país.

Por ello es que ahora, cuando recupera su libertad y dice que pedirá a la Arquidiócesis que le asignen una parroquia para continuar con su labor sacerdotal, el Arzobispo Metropolitano, Monseñor Oscar Julio Vian, ha dicho que lo que corresponde es que el padre Mario Orantes enfrente a un tribunal eclesiástico de conformidad con el derecho canónico porque puede ser que por buena conducta haya recuperado su libertad, pero eso no lo libra de las consecuencias que en el seno mismo de la Iglesia tiene que enfrentar por su actuación en esos aciagos momentos.

El caso Gerardi nunca fue realmente esclarecido y los que fueron condenados por el crimen han sostenido que no participaron. De hecho nadie ha sido condenado por la autoría material del asesinato del obispo que ya antes había tenido que abandonar la diócesis de Quiché bajo serias amenazas en contra de su vida. Hasta donde se sabe, los cuatro que fueron condenados por la muerte de Gerardi eran sindicados como cómplices en el hecho, pero hasta la fecha no se sabe cómplices de quién, puesto que no está claro cómo fue que se le quitó la vida al prelado de la Iglesia Católica.

Si Orantes guardó silencio cuando tuvo que enfrentar a un tribunal del orden penal que le envió varios años a la cárcel, seguramente que no aportará mayores datos adicionales ahora que tendrá que encarar a un tribunal eclesiástico que, en el peor de los casos, lo que hará será apartarlo de cualquier función sacerdotal. Eso entendiendo que su calidad de sacerdote de la Iglesia Católica no se pierde nunca y que seguirá teniendo tal investidura porque el sacramento que recibió cuando fue ordenado es para toda la vida.

No existe, creo yo, la menor posibilidad de que las cosas cambien de aquí en adelante y que el padre Orantes en un arranque de transparencia y de remordimiento de conciencia disponga decir exactamente todo lo que le consta del suceso trágico que le costó la vida a quien era su superior y amigo en la Iglesia de San Sebastián. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista trascendental del conocimiento de la verdad, nada cambió con la libertad del padre ni nada cambiará luego del procedimiento que se siga al interior de la misma Iglesia para tramitar la causa ante un tribunal eclesiástico.