En 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó un documento de gran trascendencia, el cual puntualiza que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
Ese documento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos considerandos señalan que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de conciencia.
El artículo 19 de esa Declaración, estipula que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El artículo 35 de la actual Constitución de Guatemala garantiza la libertad de expresión del pensamiento. Asimismo, numerosos instrumentos jurídicos internacionales aprobados y ratificados por Guatemala, reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de pensamiento y de expresión, sin estar sujeto a previa censura.
Desafortunadamente, en Guatemala esta libertad se ha convertido en una libertad frustrada. Hace varios meses, Karla Campos, Vocera del Grupo de Apoyo Mutuo, externó su preocupación porque los espacios de libertad de expresión se han reducido drásticamente en Guatemala.
En fecha reciente, la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, denunció a una delegación de alto nivel de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que visitó nuestro país, los casos de homicidios y acosos contra los periodistas guatemaltecos durante los últimos 14 meses.
Los representantes de la máxima entidad de prensa del país, entregaron a la Misión de la SIP, un documento en el cual exponen que en Guatemala se vive un retroceso en relación con las libertades primarias de información y expresión del pensamiento. Luego detallan los casos de cuatro comunicadores que el año pasado fueron víctimas de homicidios, así como el acoso y persecución contra 58 periodistas, entre ellos el presidente del diario elPeriódico, José Rubén Zamora.
La APG se refiere a los procesos penales promovidos por el Presidente y la Vicepresidenta de la República en contra de Zamora, obviando los tribunales de imprenta, como establece la Constitución cuando se trata de supuestos ilícitos de prensa. Subraya que estos hechos constituyen mensajes desalentadores para quienes denuncian o comentan sobre la situación real de la Nación, especialmente cuando se denuncia la corrupción, el hambre del pueblo y la impunidad que desgraciadamente se ha generalizado en Guatemala.