Si algo quedó claro la semana pasada es que los funcionarios, e incluso los ciudadanos que se sientan agraviados por el ejercicio de la libertad de expresión que tenemos todos y no sólo los periodistas, deben acogerse a los procedimientos que establece la Ley de Emisión del Pensamiento y ahora únicamente falta que se logre encausar de manera correcta el caso de Fernando Mollinedo, dentro del proceso iniciado por agentes de la PMT de la Municipalidad de Guatemala.

Al margen de lo anterior, creemos importante poner las barbas en remojo porque el hecho que el Presidente y la Vicepresidenta hayan rectificado, no quiere decir que una situación similar no se pueda volver a dar, ni tampoco que no existan  abusos en el ejercicio de la libertad de expresión. Vivimos en un país que, precisamente por una histórica corrupción, ha perdido confianza en sus autoridades y en sus instituciones tanto del sector público como algunas entidades del sector privado y que encuentra en organizaciones como los medios de prensa, algún espacio de credibilidad y confianza.

Y es por ello que, especialmente los medios de comunicación masiva, estamos llamados a evitar los excesos al amparo de la ley para poder realizar de manera independiente y transparente esa función de fiscalización y escrutinio social que la ciudadanía nos confía por tres factores: los históricos abusos del poder y el deterioro de nuestras instituciones, la corrupción y la indiferencia que cada día que pasa se afianza como un elemento característico del guatemalteco.

Si los medios de comunicación entendemos ese mandato, debemos estar conscientes de que no podemos ser víctimas de los mismos vicios que nosotros nos encargamos de escudriñar y evidenciar, estando por tanto, llamados a ser más cristalinos que el agua. Debemos ser severos en la crítica por hechos cometidos en el ejercicio de la función pública o aquellos que se relacionan con ella y que incluso provengan de personas particulares o entidades del sector privado, pero mesurados y responsables en la ética y el respeto a la ley.

Considero que la prensa, que debería ser la voz de aquellos que no la tienen, debe tener como metas además de informar con balance, ética y objetividad, la publicación de información y casos que nos permitan combatir un sistema cuyo eje es la corrupción, el tráfico de influencias y que encuentra en el financiamiento de las campañas electorales el medio más expedito para ser parte de la piñatización del presupuesto y motor oculto en todas las instituciones del Estado.

Como en la vida, señalar los vicios es algo necesario, pero los medios debemos tener la autoridad moral para criticarlos. Y es tan importante y necesaria esa labor, que los medios de comunicación no podemos caer como los políticos y pícaros, que terminan defendiendo hasta la indefendible, siendo incapaces de ver para adentro con el afán de hacer autocrítica en busca de la mejoría.

Así como nos quejamos de los excesos de las autoridades y las barrabasadas judiciales que lograron con el juez Patán, debemos reconocer que a los PMT se les pudo haber destacado su falta de preparación, su poca capacidad de ejecución y su arrogancia, tanto de los oficiales como de sus autoridades, pero sin caer en los insultos.

De la misma manera, sin importar que las filtraciones vengan de un partido opositor, conocer de actos oficiales con indicios de corrupción es importante y la ley protege a quien haga las publicaciones, pero mezclar hechos ciertos con insultos y acusaciones que se lanzan sin sustento, nos hace caer en excesos.

Guatemala necesita un poco más del esfuerzo de todos para salir adelante y de ello no se escapa la prensa. Debemos poner las barbas en remojo y analizar cuán correctos hemos sido en el uso de la libertad de expresión y, además, darnos cuenta de que como en la Policía, unos cuantos que cometen excesos, ponen en riesgo a aquellos que sí operan bajo las reglas.