Hace algunas semanas publicamos que en Estados Unidos estaban luchando por implementar una ley que permitiera el combate al robo de celulares mediante la inutilización de los aparatos robados, lo cual es posible si se toma en cuenta que cada uno de ellos tiene un número individual que permite, al estar en una base de datos, su anulación por completo aunque los ladrones o quienes les compran a ellos le cambien el chip.

Explicamos que esa ley ya existe en Guatemala pero que lamentablemente, como pasa con la norma que prohíbe que dos personas circulen en motocicleta, no es cumplida y nadie es sancionado por la violación a la ley. Hoy publicamos un extenso trabajo de investigación que nuestros reporteros iniciaron el mes pasado con la compra de tres aparatos, uno de cada una de las telefónicas, los cuales denunciaron como robados posteriormente.
 
 Tras cumplir a cabalidad con los requisitos que exigió cada una de las tres telefónicas que ofrecen el servicio de telefonía celular, es decir Claro, Movistar y Tigo para la desactivación de los aparatos robados, se compraron chips nuevos para activar los teléfonos que tenían ya que estar en la base de datos que alimentan las telefónicas con las denuncias de robo. De los tres, únicamente el de Tigo fue realmente bloqueado y desactivado sin que pueda sacar ni recibir llamadas con el nuevo chip que se adquirió. Los otros dos, los de Claro y Movistar, empezaron a funcionar de inmediato y sin ningún problema, lo que evidencia que las denuncias presentadas en esas dos operadoras con todos los detalles requeridos por los encargados de atención al público, no sirvieron absolutamente para nada porque cualquier comprador de teléfonos robados puede activarlos tranquilamente con simplemente colocar un nuevo chip. Ni siquiera hizo falta flashear aparatos, porque simple y sencillamente la base de datos de celulares robados no se alimentó correctamente por parte de esas dos empresas.
 
 Puede ser que nuestro sistema no sea perfecto, pero se demuestra con este trabajo de investigación que con voluntad de una de las telefónicas, el aparato ya no sirve ni se puede utilizar con otro número. Eso es precisamente lo que la ley pretende y lo que puede salvar muchísimas vidas si llega a concretarse en todos los casos. Lo que se requiere es que la víctima de robo acuda a las agencias de las telefónicas a hacer la denuncia, pero en el caso de dos operadoras ni aun haciendo eso se obtiene el resultado porque es evidente que no cumplen la ley. Ahora vendrán las excusas, culpando al Ministerio Público o al empleado que atendió a los reporteros, pero el hecho cierto e irrefutable es que de las tres apenas una cumplió la ley.

Minutero:
Si un aparato robado
 no es inmediatamente bloqueado
 se fomenta el sucio negocio
 y hasta se para siendo socio