Pensar que solo aprobando la ley penal contra el enriquecimiento ilícito el país cambiará es una utopía, pero sí es correcto decir que nos ofrece mayores posibilidades de enderezar el rumbo. De viva voz los diputados se comprometieron a aprobarla,

Vistieron camisolas con mensajes contra la corrupción y aseguraron que trabajarían por el bien del país, pero esas acciones fueron actos politiqueros, dado que en la práctica las posibilidades reales de que el Congreso apruebe la ley son mínimas, ya que su promulgación significaría limitaciones reales en el sistema de justicia para que particulares y funcionarios se escuden en la impunidad, coinciden analistas.

Una pena de prisión de tres años conmutables por el caso MDF –que implicó la pérdida de Q82 millones del Congreso–, las dudas sobre la visita hace un par de meses de diputados canadienses a la Comisión de Energía y Minas por la Ley de Minería, la forma en la que inciden los financistas de las campañas, la manera en que se “fraguan” los contratos del Estado y la captura del alcalde de Antigua Guatemala por lavado de dinero y fraude, son solo algunos ejemplos que fortalecen los argumentos a favor de la necesidad de aprobar la ley penal contra el enriquecimiento ilícito.

Han pasado 10 años desde la presentación de la primera iniciativa contra la corrupción y la renuencia a aprobar el proyecto por parte del Congreso evidencia que una buena cantidad de funcionarios públicos buscan llegar a ocupar esos puestos con la única intención de enriquecerse o mantener los privilegios de quienes contribuyeron a su elección, y su interés parece concentrarse más en evitar caer en las manos del sistema de justicia que, con tal iniciativa, aumentaría las penas actuales.
Por eso, actualmente la Mesa de Seguridad y Justicia que fue instalada en el Congreso para discutir la iniciativa busca revivir el proyecto de ley, luego de que se desecharan las enmiendas anónimas con las que diputados, a todas luces, buscaban frenarla.

El director del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, y quien integra la Mesa de Seguridad y Justicia, reconoce que la legislación vigente es débil, a tal punto que en lugar de combatir la corrupción, la fomenta, y por eso insiste en la necesidad de establecer penas severas para los corruptos.

“Nos parece que la actual legislación cuando se tiene que aplicar, lo que nos establece con mucha claridad es que fomenta, estimula y permite la corrupción; todos han puesto los gritos en el cielo por el caso de Q82 millones, pero la multa y la pena de prisión es lo que establece la Ley vigente y esto evidencia la necesidad de aprobar una nueva normativa”, señaló el activista.

Por ello, se espera que al resolver las dudas en la Mesa de Seguridad y Justicia el proyecto vuelva al Pleno, ya que quedó pendiente su aprobación en el artículo 26 de los 47 que la integran. Sin embargo, se reconoce que el panorama en el Congreso no será fácil porque los diputados parecen temerle aunque en el discurso promuevan su aprobación.

“Se llevan 10 años de discutirla, es un poco complejo ver cómo se irá desarrollando más adelante”, señala el presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop, quien ha sido uno de los mayores promotores de la propuesta. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para materializar la iniciativa.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Para el congresista si la ley estuviera vigente, el escenario sería muy diferente para varias acusaciones y detenciones que se han dado. “Tantas cosas que se mencionan de tráfico de influencias, pago de votos, pago de comisiones por contratos fraudulentos con el Estado, todo sería susceptible de investigación”.

Y es que las acusaciones sobre tráfico de influencias, abuso de autoridad, aumentos dudosos del patrimonio son parte del día a día. La débil legislación promueve estas prácticas, al punto que los protagonistas de estos eventos no temen al sistema de justicia.

“Al fortalecer la Ley, los diputados ya no tendrían la libertad, por ejemplo, de ser contratados como “lobbystas” de grupos de interés como hasta ahora ha sido. Tendrían que cuidarse de no aparecer tan oficiosos, defensores e impulsores de los intereses de grupos que les pagan para el efecto”, manifestó el director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.

Marroquín advierte que de no aprobarse esta ley, la política seguirá siendo un mercado donde los representantes, es decir, los diputados, se compran y se venden al mejor postor.

Diversas han sido las voces que han mostrado su preocupación por la forma en que está redactado el delito de tráfico de influencias pese a que el mismo es claro y categórico. Los opositores han manifestado que hay cabildeos que son necesarios y que la normativa se puede utilizar para represalias políticas, pero ninguno de los opositores, ha hecho una propuesta para legalizar el cabildeo y establecer de esa manera su marco jurídico. En otros países del mundo, el cabildeo es legal, pero los cabildeadores deben estar registrados y hacer constar qué intereses son los que defienden.

Nada de eso, se ha propuesto en Guatemala si no solo se han limitado a sugerir que la redacción del artículo sea igual al contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tipificación que ha sido considerada por algunos analistas y diputados, de débil para nuestra realidad.   

LEYES DÉBILES
Varios casos de corrupción han llegado a los tribunales de justicia, pero la debilidad del marco legal ha favorecido a los autores. En los primeros meses de este año se produjeron 21 sentencias destacables.

Entre ellas se menciona el caso del exalcalde municipal de Purulhá, Baja Verapaz, Sebastián Castro y el tesorero municipal, Hugo Solórzano, quienes recibieron una pena de prisión de tres años conmutables a razón de Q5 diarios. Esto, por consentir sustracción de fondos de la comuna.

Otra sentencia emitida fue contra el hijo del exalcalde municipal de Retalhuleu, Rony Leonel Sánchez con tres años de prisión a razón de Q20 diarios, por comprobarse que recibió 12 cheques a su nombre por Q258,963 sin trabajar en la comuna.

Otros casos como la adjudicación de millonarios contratos estatales, obtenidos mediante el tráfico de influencias, ni siquiera pueden ser investigados dado que no hay un delito que contemple tal acción delicitiva y por tanto, no se judicializan los mismos.

“Es evidente que la ausencia de figuras delictivas y las bajas sanciones que contemplan las existentes, contribuyen a potenciar la corrupción y la impunidad”,  señaló el exdiputado y ahora secretario del Movimiento Nueva República, Aníbal García.

El político apuntó que existe una falta de efectividad del sistema de justicia. En cuanto a las penas en casos de corrupción, recordó que la más alta fue de seis años por peculado. “Las penas no guardan proporción a lo sustraído. Nadie es juzgado en forma proporcional a lo que sustrae”, advierte.

Agregó que ni una sola pena, con excepción de César Sandoval, por el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se refiere a funcionarios de alto nivel. Entre las últimas sentencias se encuentra la del exdiputado Eduardo Meyer, por la pérdida de los Q82 millones del Congreso, quien fue condenado a tres años conmutables por los delitos de peculado culposo, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.

“La misma Fiscal dijo que tenían un tope con la legislación que hay actualmente. Ella comentó que la ley vendría a endurecer las penas y las sanciones de aquellos que abusen del erario nacional”, informa la diputada Nineth Montenegro, quien presentó la primera iniciativa de ley en ese tema en el 2002.

Los entrevistados coinciden que aprobar esta ley cambiaría por completo el sistema en el país ya que las personas pensarían dos veces antes de actuar sabiendo que se cuenta con una herramienta acorde a los hechos, y que no sería tan fácil burlar a la justicia.

Sin embargo, los diputados que deben aprobarla, de hacerlo, también estarían sujetos a ser procesados por corrupción, así como los particulares con quienes mantienen vínculos.

FISCAL GENERAL
En declaraciones del 20 de junio pasado, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, reconoció que la aprobación de la ley anticorrupción facilitaría el trabajo del sistema de justicia.

“Vendría a reforzar los tipos penales que ya están creados; crearía nuevos tipos, modificaría las penas y  facilitaría la persecución”, señaló la jefa del Ministerio Público.

Raquel Sáenz, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, coincidió con Paz y Paz y dijo que con la aplicación de la referida ley; “se lograría la perfección penal, habría mejores sentencias condenatorias, ya que actualmente las penas son muy bajas, casi todas conmutables”, indicó Sáenz.