Miguel íngel Reyes Illescas

miguelangelreyesillescas.blogspot.com

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica (CEESC)

Al margen de circunstancias excepcionales de coyunturas crí­ticas, el rumbo y forma de gobernar han sido tomados. Se trata de un gobierno de equilibrios y sensible a las presiones y a las conciliaciones. Lo posible es que no se tomen medidas de envergadura que afecten o beneficien algún conglomerado social o poder corporativo particular.

La Ley de Seguridad y su Agenda

Es de saludar la aprobación por el Congreso de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. La ley, con sus limitaciones, puede marcar un hito importante en materia de seguridad para el largo plazo. Importante en sus inicios, no sólo por la confluencia de las más diversas bancadas que votaron a su favor sino porque es el producto de aportes académicos y de sociedad civil y permite retomar el hilo de la reforma sustantiva del conjunto del sistema. Se trata ahora de dar los siguientes pasos en firme, reestructurando lo existente y las distintas entidades encargadas de ejecutarla, pero de conformidad con una agenda de seguridad renovada con visión de largo plazo.

Entre otras innovaciones relevantes, la ley modifica la base angular del incoherente sistema de facto existente: altera la antigua concepción de seguridad nacional. Se corrige hacia un concepto de seguridad de la nación cuyos contenidos explí­citos en el Art. 2 definiciones de la ley son diferentes a los postulados que prevalecieron durante el conflicto armado y, en consecuencia, retoma y actualiza los comprometidos en los Acuerdos de Paz y en la normativa del Acuerdo Marco de Seguridad Democrática Centroamericana. Es un cambio cualitativo que permite elaborar una agenda nacional de seguridad a partir de un renovado concepto de soberaní­a, fundamental para determinar nuevas amenazas y riesgos. De lo contrario, todo quedará en las formas legales.

La agenda estratégica de seguridad es un paso toral para la estructuración de polí­ticas. Hasta el momento no poseemos una agenda nacional explí­cita a la cual se ajusten las dependencias y sus acciones. Sin ella, los gobiernos han privilegiado temas, problemas y bienes a «securitizar» que no son prioritarios desde una visión estratégica de paí­s. Las cuestiones de seguridad se han reducido, con miopí­a, a problemas inmediatos de seguridad ciudadana y a operativos contra la delincuencia media y menor, y a la criminalización de la demanda social. Se han desdeñado temas y problemas vitales como la protección a los recursos naturales (agua, medio ambiente, recursos no renovables) o la «securitización» del recurso estratégico fundamental, la población mayoritaria.

En los últimos años se ha dado más atención a temas como el tráfico ilegal de personas, el narcotráfico o el «terrorismo» que si bien requieren de enfoque especializado, no constituyen las prioridades de un Estado que se reposiciona geoestratégicamente en vista de su desarrollo como nación. En este particular es positivo el cambio de la Secretarí­a de Análisis Estratégico a Secretarí­a de Inteligencia Estratégica de Estado con la tarea primordial de contribuir a la elaboración de una agenda estratégica verdaderamente nacional que proteja los bienes más valiosos del paí­s. ¿Podrán hacerlo los actuales funcionarios de seguridad en SAE y los incrustados en otras entidades como el Ministerio Público, el Ejército, la Policí­a? Comentaristas exponen serias dudas al respecto.

La agenda y los recursos naturales

En una agenda de seguridad encargada de proteger estratégicamente los bienes más valiosos del paí­s, los recursos naturales pasan a ocupar un rango novedoso no convencional. Giran radicalmente las protecciones tradicionales y se definen como amenazas y riesgos, factores y acontecimientos de otra í­ndole.

Hasta el momento y particularmente durante el gobierno anterior, la protección ha sido a los bienes, negocios y a las personas de los estratos económicamente mejor situados. Se ha hecho desde el Estado y desde las guardias personales en las fincas, desde los paraí­sos fiscales y las empresas de seguridad. Sus defensores en la prensa pronuncian toda suerte de panegí­ricos y justificaciones legales para cimentar esa protección y, en el Congreso, sus representantes obstaculizan la emisión de la legislación que disminuya esos privilegios. El crimen organizado conoce y usa el sistema en su favor.

Otra perspectiva en seguridad se presentarí­a si se reposiciona estratégicamente al paí­s en una visión de largo plazo. En los cambios en los sistemas de seguridad de las nuevas democracias en Asia, ífrica y Europa y en los paí­ses que han buscado y pugnan actualmente por desarrollos autónomos y alternativos en América Latina se ha hecho y se hace precisamente eso. Modificar estratégicamente los bienes a proteger y organizar las polí­ticas de seguridad y desarrollo en esa función. Urgen entonces la o las leyes que protejan, con criterios soberanos, el agua, las minas, el petróleo, los bosques y que se fortalezcan los ministerios y dependencias para el control efectivo de su explotación.

La agenda, el uso y tenencia de la tierra

Si el recurso estratégico fundamental con el que cuenta el paí­s es su propia población y dentro de ella las poblaciones mayoritarias y las poblaciones jóvenes, no cabe duda que su protección está asociada al uso y distribución de la tierra incluyendo la protección del hábitat territorial y cultural de las poblaciones más vulnerables.

Pero se hace lo contrario y se obliga a las migraciones internas y externas en busca de trabajo y se propicia la multiplicación de la conflictividad agraria. Como solución se aplica la limpieza social urbana y se reprime en el campo. En este gobierno, no deberí­an repetirse ejecuciones extrajudiciales como la del campesino de Livingston, Mario Caal Bolón y no debe quedar impune.

Con base en la nueva ley, el presidente Colom tiene la disyuntiva de iniciar un giro en los bienes a proteger en una agenda de seguridad concebida estratégicamente. No puede acceder a las presiones de los viejos intereses y reproducir los cánones de la represión. Una sana polí­tica de equilibrios rurales a favor de la vida y los recursos nacionales, consolidarí­a su gobierno y aportarí­a al paí­s un paradigma de seguridad para el largo plazo.