Ciertamente si no se respeta ni la Constitución de la República, no podemos esperar que haya respeto a una ley como la de Probidad que, salta a la vista, puede calificarse como la más irrelevante de nuestras normas legales porque si algo no existe en este país es la probidad. Por ello es que los asesores jurídicos de la Presidencia no repararon en que el doctor Jorge Villavicencio no cumplía con lo dispuesto en el inciso b del artículo 16 de la Ley de Probidad y no advirtieron al Presidente que sin el finiquito, el galeno no podría asumir el cargo.

El Presidente defiende su decisión y afirma que se trata de problemas administrativos que serán esclarecidos en breve y que no ve la razón para que se cuestione la falta de finiquito. “Ya saldrá”, dijo el mandatario sin darse por aludido que la ley dice que no podrá desempeñar cargo público quien habiendo administrado recursos públicos no pueda presentar su finiquito antes de tomar posesión.
 
  Ayer comentó La Hora el tema y no quiero entrar a juzgar si el doctor Villavicencio tiene o no responsabilidades por manejos poco claros de los recursos públicos. Recuerdo que fue destituido de mala manera en el gobierno de Berger con algunos señalamientos que no se concretaron en algún proceso penal y no voy a sacar a luz. Pero aquí estamos frente a una cuestión distinta, porque se trata únicamente de cumplir con la ley.
 
  El Presidente Otto Pérez Molina ha dicho que no va a proceder contra nadie a menos que se presenten las pruebas suficientes. En algunas ocasiones, y una de ellas la recordará muy bien Héctor Luna Troccoli porque discutimos sobre el particular una vez que él defendió a Ramiro de León Carpio cuando hizo afirmación semejante, los gobernantes dicen que no harán nada ante denuncias de corrupción a menos que se les presenten pruebas, pero es sabido que el pícaro, especialmente el más astuto y taimado, no deja huellas, no deja pruebas que lo puedan ligar con ilegalidades. Si vendieron la telefónica nacional sin dejar huella de corrupción a pesar de que todo mundo sabe que hubo mano de mono, no vamos a pretender que en otros casos haya pruebas fehacientes.
 
  Vale la pena decir que en materia de corrupción, si alguien anda como pato, nada como pato y suena como pato, seguramente es un pato. Pues lo mismo pasa con los corruptos, porque aunque no haya pruebas, hay demasiadas evidencias como para despertar la duda razonable y en esas condiciones hay que actuar. Uno de los principales asesores de la Vicepresidenta tuvo negocios con el Estado y se apartó de sus empresas formalmente. No hay pruebas de que las favorezca ahora pero hay que ser pendejo para pensar que no lo está haciendo si siguen teniendo jugosos contratos con el sector público. Formalmente se rompe el vínculo, pero en la práctica subsiste. Gustavo Alejos fue personero de J. I. Cohen y formalmente no tenía que ver con las compras de medicamentos en el gobierno pasado, pero todo mundo sabe que nadie pasó sin saludar al rey.
 
  Pérez Molina lo sabe perfectamente y creo que su malestar debiera dirigirse más a los abogados de la Secretaría General de la Presidencia que no le alertaron sobre el requisito incumplido y no contra quienes critican la decisión de nombrar a Villavicencio. De todos modos, mientras no llegue alguien con los arrestos y atributos para denunciar TODAS las mafias, sabiendo que eso le puede costar hasta la vida, Salud Pública seguirá siendo nido de podredumbre.