Edson Eduardo García González está sindicado de violar y asesinar a una niña en Petén, en julio pasado, en un caso que indignó a la opinión pública, pero que hoy día pocos recordarán.
El sospechoso fue capturado en Chiquimula en agosto, y fue trasladado a Petén.
Tras su primera declaración, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Ayer fue trasladado al Preventivo de la zona 18 capitalina, a petición del propio García González. Según se quejó, en la cárcel petenera fue violado y amenazado de muerte. El Sistema Penitenciario no confirmó esta versión.
Y es que aunque se nieguen estos vejámenes, es de todos conocidos que en las cárceles funciona un sistema de castigos; los privados de libertad no lo hacen como una suerte de “justicia divina”, sino como una especie de juego. A los acusados de violación sexual, se les practica el mismo crimen. Los guardias penitenciarios, incluso, ya saben en qué celda deben ser ingresados. Es probable que los reclusos hasta paguen para que les lleven a estas personas. Tras recibir el castigo, son trasladados a sus verdaderas celdas.
A esta práctica se le llama la Ley del Burro, que no es otra cosa más que la universalmente conocida como la Ley del Talión. Si alguien es llevado por violación, recibirá el mismo castigo. Si el crimen fue contra una menor de edad, como en este caso, se ejecuta con mayor saña. Peor aún si la víctima murió. De la misma forma, se intentan homologar otros castigos.
Obviamente, la Ley del Burro solo es practicada contra personas que no tendrán apoyo en las cárceles. Los reclusos de cuello blanco son ubicados en un área especial, donde no correrán peligro; claro está, que esto no debería ser gratuito. Los pandilleros tampoco tendrán problemas, porque serán ubicados en el sector junto a sus “hommies”. Para ellos, esto estará bien, a menos de que haya abierto la boca para informar contra sus compañeros, o bien si había intentado salir de la pandilla.
Lo que hay que notar en este caso es que la Ley del Burro encuentra “simpatías” entre la población. Y es que es tal el nivel de impunidad que hay en el país, que este tipo de hechos, así como los linchamientos o ajusticiamientos contra supuestos delincuentes, son celebrados como un acto de “justicia divina”.
El Estado de Guatemala ya ha demostrado que es incapaz de ejercer soberanía. El Gobierno cede ante los intereses de empresas portuarias extranjeras, y saber qué otras sorpresas nos dará la administración del actual Presidente, al regalar el patrimonio nacional. El Congreso evidenció ayer que es incapaz de aprobar una ley de interés nacional, y se rindió ante los temores de grupos oscuros. Y el sistema de justicia ha tenido escasos avances en la lucha contra la impunidad, la cual prevalece en al menos el 90% de los casos. No es de extrañarse, pues, de que no pueda ejercer la soberanía en las cárceles, donde dominan las maras y los corruptos de cuello blanco.
El sistema carcelario es una vergüenza para el país. Para empezar, que no cumple con su objetivo primordial que es el de reformar a la persona y evitar que, al salir, continúe delinquiendo. Lo peor es que nuestras cárceles, más que reformar, propician los delitos.
No se trata de defender a los malhechores; se trata de darse cuenta de que tenemos un Estado eunuco, incapaz de corregir a sus hijos malcriados. El supuesto violador y asesino de Petén deberá enfrentar un juicio por un crimen atroz. Pero tal y como evidenciaron los diputados ayer, nuestro sistema legal solo sirve para asustar con el petate del muerto a las personas que se portan bien, mientras que los corruptos, los sicarios y los violadores, se la pasan risa y risa, disfrutando de sus usufructos y de sus curules.