En Guatemala estamos acostumbrados a no tener mayor rigor. En materia de propiedades y bienes, tampoco. El régimen de guerra interna motivó a la cultura del «chinchilete», y las propiedades se repartían entre los círculos de poder. Eso, claro está, respetando la propiedad privada de la oligarquía. Pero, para el resto de la población, hasta se rifaban a los niños para ser vendidos en adopción.
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Este descontrol que hay en la legalidad de la propiedad privada, aún persiste hoy día, y gracias a este estado de caos y desorden, favorece la proliferación del narcotráfico y otros sectores del crimen organizado, que pueden lavar el dinero mal habido en un país que no cuestiona de dónde viene… simplemente agradece que ingrese y, mucho mejor, si no le piden factura.
En Colombia, el grave problema del narcotráfico y el poder económico que estaban adquiriendo, obligó a buscar alguna solución. El presidente ílvaro Uribe se encargó de liderar un proyecto que ha dado buenos resultados, de tal forma que el modelo se intenta expandir a otros países con realidades similares.
En otros países la Ley de Extinción de Dominio formaba parte desde hacía años de su fondo de decretos para combatir al crimen organizado, pero el modelo colombiano ha sido un buen ejemplo para los países latinoamericanos.
Básicamente, consiste en que se cuestiona sobre la procedencia de los bienes muebles e inmuebles, y si el supuesto propietario no puede demostrar fehacientemente la legítima propiedad, el Estado lo toma para sí y administra el bien, mientras dura el que puede ser un largo proceso judicial para demostrar la legitimidad de la propiedad.
Es de hacer notar que este procedimiento es, además, un cambio de visión en el proceso judicial, ya que habitualmente es el Estado quien tiene que demostrar que se incurre en un delito, y mientras tanto, el sindicado puede continuar en libertad. En la Ley de Extinción de Dominio, es el sindicado quien tiene que demostrar.
El Estado, al menos en el ejemplo colombiano, creó una empresa estatal encargada de administrar todos los bienes en disputa. En dado caso, el dueño termina de demostrar que es el legítimo dueño, y que la forma de adquisición estuvo dentro de la Ley, el Estado le devuelve su bien, más la depreciación y el monto de las ganancias que dejó de percibir mientras se le confiscó el bien.
Pero en caso de que el dueño no convenza de su propiedad, y un juez determine que su adquisición fue ilegal, entonces el Estado se convierte en el nuevo dueño, y puede determinar si continúa con el bien, o si lo vende.
La empresa estatal que se encarga de administrar los bienes, en el caso colombiano, se ha vuelto en una de las empresas (si no es que la más) rentables del país. Administra todo tipo de bienes, desde edificios, hoteles, restaurantes y otro tipo de negocios, hasta animales, como hipopótamos o leones, propiedades de los excéntricos narcos colombianos.
La empresa es tan rentable, que aporta a las finanzas del país una gran cantidad de fondos, algo de lo que se queja cualquier gobernante en nuestro país, por lo que la implementación de esta Ley también tiene beneficios para los ingresos del Estado. Además, las armas, vehículos y otro equipamiento de seguridad del crimen organizado, pueden llegar a pasar a ser posesión de las fuerzas de seguridad del país. Como parte de las ganancias de la empresa estatal, se construyen, además, las cárceles del país. Los colombianos dicen, pues, que los narcos se construyen sus propias cárceles y pagan por las armas que los combaten.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que podría suponer esta ley al implementarse en Guatemala, al igual que otras como la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito, hay un fuerte rechazo, sobre todo entre la clase política, para que se conozca en el Congreso. Es necesario estar muy atentos sobre quiénes se oponen y quiénes intentan impulsarla, porque puede ser un buen indicador para evidenciar quién es quién dentro de los poderes oscuros del país.