Cada vez que en el Congreso dicen que «esta semana sí aprueban la Ley de Armas y Municiones» uno tiene que recordar el cuento del pastorcito, porque la verdad es que cuesta creer que los diputados al fin se pongan de acuerdo para legislar en una materia que es importante para hacer más severas las penas contra quienes porten o usen armas que no están legalmente registradas.
Pocas leyes han recorrido un calvario tan largo como el que le ha tocado a la que pretende regular el derecho constitucional a la tenencia y portación de armas en Guatemala, puesto que se enfrentan intereses que pueden ser distintos pero que al final terminan estrechamente vinculados. Por un lado está la cuestión de quién ejerce el control, que hasta ahora ha correspondido al Ejército que administra el Decam, pero que según los proyectos presentados tendría que pasar a la autoridad civil y eso ha provocado retrasos importantes por la influencia que se ha ejercido para detener el traslado.
El otro factor que ha impedido la aprobación es el del comercio de armas y municiones, tema en el que también tienen que ver elementos vinculados en el pasado con el mismo Ejército, puesto que muchos de los que se dedican al comercio pertenecieron a la milicia. Y alrededor de ese tema se mueven millonarios intereses, puesto que según los registros, en Guatemala se comercian municiones en cantidades que pueden sonar increíbles para cualquiera que trate de razonar sobre lo que significa ese rubro.
Los otros temas son en realidad menos polémicos y alrededor de ellos los acuerdos han surgido con relativa facilidad, cosa que no ocurre cuando se trata de la ubicación del Decam en la estructura orgánica del Ejecutivo y cuando se plantea la limitación para la venta de municiones. Es cabalmente en estos aspectos en los que se centra el debate que ha impedido por años la implementación de una ley más moderna que contenga sanciones enérgicas y firmes en contra de quienes la violen. Y lamentablemente el país ha pagado el precio de esa controversia que no es ni patriótica ni mucho menos preocupada por el bien común, sino que atañe a intereses muy particulares.
La severidad de las penas y la norma que establezca que no hay excarcelación a quien viole la ley de armas y municiones es urgente para dotar a los operadores de justicia, si así se les puede aún llamar, que apliquen sanciones a los delincuentes. Urgir a los diputados a que no se dejen influenciar por los intereses que se han opuesto a la ley es un deber ciudadano.