Durante las últimas semanas se ha intensificado el debate sobre la Ley de Acceso a la Información Pública que actualmente se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República. Se trata de una iniciativa de gran trascendencia para hacer valer los artículos 30 y31 de la Constitución Política de Guatemala, sobre la publicidad de los actos administrativos y acceso a los archivos estatales.
Algunas personas han evidenciado resistencia a este proyecto de ley, como reflejo de la discrecionalidad y el abuso de poder a que están acostumbrados. Este instrumento facultará a los ciudadanos para solicitar información pública a efecto de saber cómo se administran los recursos del Estado. Las entidades públicas, descentralizadas y autónomas, o las privadas que manejen dinero público, estarán obligadas a informar.
Durante el tenebroso gobierno del mal llamado movimiento de liberación nacional que se instaló en el poder en 1954 como consecuencia de una invasión armada de mercenarios patrocinada por Estados Unidos, se creó un registro de personas de filiación comunista, el cual sirvió de base para cometer muchos atropellos en contra de los derechos humanos. Se sospecha que fue la fuente de información para llevar a cabo la espantosa y despiadada campaña de represión que hubo en nuestro país durante más de treinta años durante el conflicto armado interno.
La Ley de Acceso a la Información Pública podrá ser utilizada para que los ciudadanos exijan que se abran esos registros tenebrosos y de esta manera conocer qué tipo de información se utilizó en el curso de las décadas anteriores para la eliminación de los opositores políticos.
La Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, emitió un comunicado expresando su total respaldo a la Ley de Acceso a la Información Pública. Expone que además de la Constitución de Guatemala, diversos tratados y convenios internacionales incluyen la garantía de acceder tanto a documentos públicos y oficiales, como de lo que conste en archivos estatales.
La máxima entidad de prensa puntualiza que el derecho a la información, aún cuando es una garantía individual interesa a toda la comunidad, pues es el derecho a saber y a buscar libremente la verdad. Añade que el Estado está obligado a garantizar esa búsqueda así como la difusión de la información y amparar su libre circulación.
La APG dice que el sistema de acceso a la información debe contribuir a la democratización de la sociedad y a la vigencia del Estado de derecho. Dada la fragilidad de las instituciones estatales y la desconfianza ciudadana sobre las mismas, esta ley es de urgencia nacional, tanto como la premura en transparentar la gestión pública.