El balance para el 2013 no ha sido bueno para la justicia, al menos para la justicia de a pie, en donde se siguen reconociendo los retos de jueces y fiscales, y sus auxiliares, para alcanzar a luchar en contra de terribles estadísticas de impunidad, especialmente en cuanto a delitos cometidos por mafias y sectores poderosos, que parecen haber copado al sistema en general, o por lo menos lo tienen bajo zozobra, con amenazas o funcionarios corrompidos.
Entendiendo que todo esfuerzo es gradual y que salvo un gran corolario que haga tocar fondo al propio Estado, la lucha por mejorar a la justicia va poco a poco, y que según las estadísticas del Ministerio Público y del Organismo Judicial, denotan una mejora en ciertas áreas, como las condenas y los casos relevantes, pero descuidan o no toman en consideración los casos en que se han visto obligados a otorgar criterios de oportunidad, desjudicializar o bien a desestimar, para alcanzar a mejorar estadísticas de funcionamiento. Y se justifica el proceso, dicen, para evitar que existan cárceles abarrotadas, y presos sin condena.
Durante los últimos cuatro años, el sistema judicial ha enfrentado duras pruebas, pero ha contado con algún apoyo, tanto para la ampliación de su cobertura mediante la creación de leyes, como inclusive el apoyo de una comisión especializada para la lucha contra la impunidad, que pareciera no haber sido exitosa del todo. La gran duda se presenta para el 2014, cuando exista una renovación de las autoridades judiciales, especialmente las magistraturas superiores y también concluye el período del Fiscal General de la República. Nuevos funcionarios con aires positivos se requieren para dar continuidad con algunos buenos resultados, y para empujar otras acciones que aún restan por empezar o terminar.
Pero el paso más importante resulta ser el proceso de elección. Electores y candidatos deben comprender la importancia de este período, que además del sistema de justicia, renueva entre contralor de cuentas y magistrados electorales. Y, apelando a una consciencia mayor a la de sus propios intereses o la de sus grupos particulares, entender que el país requiere hoy más que nunca de personas y profesionales probos, que luchen con determinación y valentía los poderes ocultos que desean tomar el Estado, o continuar con el control que ya tienen. Nadie se salva, y aunque piensen que en ciertos momentos pueden controlar al sistema enriqueciéndose y teniendo un poder temporal, en la mira a largo plazo, nadie estará a salvo.
Guatemala requiere de esfuerzos conjuntos entre la población, la sociedad y quienes administran justicia para trazar una ruta de finalización de la impunidad y construir una sociedad que confíe en sus jueces, por más lírico que se piense, pareciera ser la única alternativa de desarrollo en esa materia. La comunidad internacional ya ha apoyado, y seguro lo seguirá haciendo, con sus límites y nuevos alcances, pero esta responsabilidad y estas acciones corresponden principalmente a los y las guatemaltecas. Si de verdad nos importa, este es el momento de actuar sobre ello.