El Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) suspendió hoy al juez Baltasar Garzón, tras haber sido inculpado por haber querido investigar los crímenes amnistiados de la época franquista, ante la indignación de los defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.
La suspensión cautelar fue decidida «por unanimidad» por el pleno del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, según la misma fuente.
El CGPJ ha tomado esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenara la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por intentar investigar sobre los crímenes del franquismo sin supuestamente tener competencias para ello.
«Era algo cantado, el CGPJ no podía hacer otra cosa, cuando un juez es sentado en el banquillo por un delito ejerciendo sus funciones como es el de prevaricación, no quedaba otra opción que suspenderle, primero porque lo dice la ley y luego porque es la práctica habitual», dijo el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa.
Sin embargo, su suspensión ha causado la indignación de defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura, mientras que el sindicato Manos Limpias, considerado de ultraderecha y uno de los querellantes en el caso contra Garzón mostró su satisfacción por la decisión del CGPJ considerando que esa decisión «ha devuelto la dignidad a la Justicia española».
«Hoy debería salir alguien para decir: españoles, la justicia ha muerto, ¿no?», afirmó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, parafraseando lo que dijo el presidente Carlos Arias Navarro en 1975 al anunciar en televisión la muerte del dictador Francisco Franco con un «Españoles, Franco ha muerto».
«Porque sinceramente, si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente», afirmó Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.
El gobierno español, por su parte, se mostró prudente limitándose a asegurar por medio de su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que «el gobierno como siempre respeta la decisión del CGPJ y de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido».
La justicia española todavía tiene que fijar una fecha para el juicio a Garzón, que en el caso de se condenado podría ser inhabilitado por hasta 20 años como juez, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.
Tras la suspensión, el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado una sesión de la Comisión Permanente de este órgano judicial para las 18:00 horas locales con el fin de estudiar la petición de Garzón de ser trasladado como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Ocampo en La Haya.
Después de conocer la decisión del CGPJ, el juez Garzón abandonó la Audiencia Nacional entre abrazos de amigos y colegas y los gritos de «Â¡Garzón, amigo, el pueblo está contigo!» de un grupo de partidarios del magistrado.
El magistrado español había afirmado en la tarde del jueves encontrarse «tranquilo» ante la eventualidad de su posible suspensión.
Poco antes de conocer su suspensión, la defensa de Garzón había presentado en el Tribunal Supremo un escrito pidiendo la nulidad de la decisión del juez Varela de enviarlo a juicio por su intento de investigar los crímenes del franquismo.
Garzón investigó brevemente en 2008 la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo (1939-1975), alegando que el delito de desaparición forzada no prescribe. Era la primera investigación de estos hechos en España.
La fiscalía estaba en contra por estimar que esos delitos entraban en la ley de amnistía de 1977, adoptada tras la muerte del general Francisco Franco y al inicio de la transición democrática española, y el juez abandonó la investigación.
El juez español Baltasar Garzón, que logró acorralar a Augusto Pinochet y a otros ex represores sudamericanos, se ve ahora sentado en el banquillo de los acusados en su propio país y suspendido en sus funciones por haber intentado investigar los crímenes del franquismo.
La decisión de un magistrado del Tribunal Supremo de juzgarlo por haber intentado investigar esos crímenes sin tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977 ha acabado por poner fin temporalmente a su carrera como juez.
Una suspensión temporal, decidida este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría convertirse en definitiva si es declarado culpable de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) y acabar con la carrera en la judicatura de este pionero y ardiente defensor de la «justicia universal».
Garzón, de 54 años, de cabello entrecano y trajes impecables, volvió a demostrar este viernes su facilidad para causar emociones al abandonar la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), a la que llegó en 1988, entre los aplausos de sus partidarios, tan acérrimos como sus detractores.
Mientras los primeros defienden a capa y espada su dedicación, sus detractores le describen como una estrella, más preocupado por salir en la primera página de los diarios, que por el buen fundamento jurídico sus instrucciones.
Su decisión, el 17 de octubre de 2008 -diez años después de pedir la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad- de abrir la primera instrucción sobre los «crímenes contra la humanidad» del franquismo, ha acabado por volverse contra él.
Esta investigación sobre el franquismo, aplaudida por las familias de las víctimas y algunos historiadores, también suscitó numerosos rechazos.
La derecha y los medios conservadores lo acusaron de reabrir inútilmente viejas heridas, mientras que la fiscalía le reprochó haber lanzado una «inquisición general» basada sobre un castillo de naipes jurídico, hasta que finalmente tiró la toalla.
Su intento fue coherente con la trayectoria profesional de un juez que con el caso Pinochet desató un efecto dominó, ya que países como Chile, Argentina y Guatemala empezaron a investigar los crímenes de sus dictaduras.
Tras investigar en España los crímenes de las dictaduras argentina (1976-1983) y chilena (1973-1990), logrando incluso llevar a juicio al ex represor argentino, Adolfo Scilingo, condenado en 2005 a 1.084 años de cárcel, ¿cómo ignorar los crímenes de la dictadura española?
Garzón, de aspecto tímido y voz aguda, falló en su país y podría pagarlo caro, pero sus investigaciones sobre los regímenes militares en América Latina llevaron a que la justicia española reconociera en 2005 su competencia para perseguir y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
Aunque algunas de sus grandes investigaciones sobre el terrorismo islámico o traficantes de cocaína gallegos fueron luego criticadas en los tribunales, el juez ha logrado grandes éxitos en 20 años de lucha contra la organización armada independentista vasca ETA.
Su investigación sobre la financiación de ETA le llevó en 2002 a suspender las actividades del brazo político de la organización armada, Batasuna, a la postre ilegalizada por el Tribunal Supremo al año siguiente.
Aunque este juez, casado y con tres hijos, llegó a tener un cargo en el último gobierno socialista de Felipe González (1982-1996), ello no le impidió investigar los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupo secreto creado en los años 80 bajo el gobierno socialista para eliminar físicamente a miembros de ETA.
Esta investigación, que contribuyó a poner fin al gobierno de González, le valió la aprobación de la derecha.
La misma que se volvió contra él por haber apoyado las negociaciones de 2006-2007 entre el gobierno socialista y ETA, investigar sobre el franquismo y descubrir en 2009 un vasto escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP, derecha).
La presión ha acabado por hundir este buque insignia de la justicia universal, que ahora buscará el exilio como asesor de la fiscalía del Corte Penal Internacional en La Haya.