Para quienes sueñan con un Estado de Derecho, que permita que los valores humanos predominen sobre otros intereses, ya sean políticos, económicos, sociales o de cualquier clase, la esperanza en que la justicia siempre prevalece es la más importante de las creencias, pues sin este valor fundamental, ningún país alcanza un nivel de desarrollo humano necesario para vivir en paz.
Durante las últimas semanas, graves casos que involucran los fundamentos propios de una sociedad han sido sometidos al ámbito de la justicia. Desde el reclamo por una justicia extranjera de un expresidente acusado de corrupción y lavado de activos, hasta el juzgamiento de un exjefe de Estado por actos de lesa humanidad. Estos aspectos, por más que se tengan puntos de vista y opiniones contrarias, debe fortalecer la capacidad del Estado en materializar situaciones propias de su sociedad, y por ninguna razón debiera polarizar o dividir a los ciudadanos.
Durante años, los estudios sociológicos han reconocido que salvo los aspectos de emergencia como la guerra o conflictos sociales extremos, una sociedad democrática debate fuertemente sus posiciones e inclusive divide a sus habitantes, solamente cuando existen elecciones nacionales, ya que el calor de la campaña y la intensidad de los planteamientos ideológicos-políticos generan efusivas declaraciones, todo con vista en alcanzar el poder, o detentar el poder político del Estado. El denominado “juicio del siglo” tiene altas motivaciones históricas para su juzgamiento, y basta ponerse en los zapatos de los familiares de las víctimas para entender las razones por las que se persigue la condena al general retirado Ríos Montt; pero el efecto que causaría, pareciera no haber sido del entendido de los actores que promovieron este proceso. Sin embargo, no debe confundirse el juzgamiento a un exdictador, con las posiciones de amenaza que se dan para otros participantes. Y este proceso ha causado revuelo no por la figura del ya juzgado y sentenciado general, sino por todos aquellos que de alguna manera estuvieron involucrados, o por lo menos temen que sean juzgados también. Esa es la verdadera razón de la polarización.
Y aunque el proceso en sí tuvo sus contradicciones y defectos, al final se concluye con un juicio legítimo, que en nada tenía que interferir la justicia constitucional. Si los defensores de Ríos Montt estaban tan seguros de las falencias del proceso, una segunda instancia de apelación especial e inclusive una casación pudieran haber surtido los efectos deseados, y en todo caso repetir el juicio. En lugar de ello, acogieron un tecnicismo y, bajo el convencimiento del más alto tribunal constitucional, interfirieron en alcanzar justicia pronta y cumplida. De aquí en adelante, todo lo que se haga tendrá duda razonable y complejidad en los criterios jurídicos a aplicar. En otras palabras, se pierde la confianza.
Pero aunque la justicia constitucional interfiriera y la justicia ordinaria sea obligada a retomar el proceso para el juzgamiento, el acusado y las víctimas permanecen, y si su planteamiento es fuerte y seguro, la sentencia deberá ser emitida de nuevo, sin presunciones ni actitudes erróneas de juzgadores acusados de ser parcializados, pero sí con múltiples apoyos ciudadanos que no evitarán que el desenlace sea el que merece el país.
El gran reto para la sociedad guatemalteca, es que sin importar el resultado del nuevo proceso, exista un mecanismo de tolerancia para el presente y el futuro; y para ello hay que creer en la justicia, promoverla, apoyarla y fortalecerla. Solo así se construye patria.