Ayer publicamos la noticia de un trí­o de empresarios que, desesperados por la jodarria de las extorsiones a que son sometidos por los pandilleros, decidieron agarrar a los dos que llegaron a cobrar el mal denominado «impuesto», les dieron una paliza de todos los diablos y los metieron a un carro para llevarlos en horas de la noche a un apartado lugar donde iban a ser ejecutados. La Policí­a Nacional Civil intervino casi por casualidad y al establecer la situación procedió como correspondí­a, liberando a los secuestrados para dejarlos sujetos a investigación y consignando a los secuestradores y asesinos frustrados.

El caso no se puede considerar como un hecho aislado en la realidad guatemalteca, sino como algo que se repite con mucha más frecuencia de lo que reconocen las autoridades, porque ante la imposibilidad de hacer valer la ley y castigar a los delincuentes en la forma apropiada, son muchos los ciudadanos que se desesperan y sienten que no tienen otra salida que la de hacerse «justicia» por propia mano. Según las versiones policiales, el trí­o de empresarios es dueño de un centro de diversión nocturno y los pandilleros empezaron por exigirles mil quinientos quetzales al mes. Cuando vieron que puntualmente les pagaban esa suma, les notificaron que el cobro serí­a por la misma suma pero semanalmente. Los dueños del negocio aceptaron y cumplieron durante algún tiempo, lo que hizo pensar a los pandilleros que si podí­an pagar semanalmente, sin duda tení­an suficiente para pagar la misma suma diariamente.

Y cuando les notificaron que el cobro de mil quinientos serí­a diario, los tres dueños del centro nocturno decidieron que era demasiado y que frenarí­an la extorsión. Armados con pistolas nueve milí­metros esperaron a los delincuentes y cuando llegaron a cobrar les dieron lo que muchos llamarí­an «su merecido».

En realidad es un serio dilema el que vivimos los guatemaltecos como consecuencia de la incapacidad de las autoridades para garantizarnos tanto la vida como la legí­tima posesión de nuestros bienes. Ni de manera preventiva ni en forma correctiva o represiva, la Policí­a o el Ministerio Público pueden actuar para ponerle coto a los desmanes de tanto delincuente. Está oficialmente reconocido que debido a la falta de recursos y capacidad, las autoridades si acaso se concentran en los llamados casos de alto impacto, pero esa permanente extorsión no alcanzaba tal categorí­a y, en consecuencia, nadie hizo nada por proteger a los ciudadanos ni movió un dedo para detener la extorsión.

En esas condiciones uno se pregunta si los ciudadanos tenemos que ponernos de rodillas ante el crimen o reaccionar como lo hicieron estos empresarios. Y a la larga la responsabilidad es del Estado que no cumple con su fin esencial, como lo es la garantí­a de la vida y la seguridad de las personas. Por ello es que ocurren tantos linchamientos y por ello es que hay tanta gente que justifica la llamada limpieza social, puesto que el que sí­ está ya definitivamente de rodillas es el Estado al reconocer que no puede enfrentar la delincuencia con propiedad.

Yo soy enemigo de la idea de que caigamos en esa ley de la selva en la que cada quien tiene que aplicar la justicia o el remedo de justicia por propia mano, pero entiendo la desesperación de quienes no encuentran eco cuando hacen denuncias y son sometidos a vejámenes constantes y a la pérdida de su patrimonio por la acción de la delincuencia. Repito que es un serio dilema que nos demuestra que el Estado fue reducido de tal forma hasta hacerlo inútil aun para el cumplimiento de sus fines esenciales.