La justicia es una necesidad de primer orden entre los guatemaltecos, quienes cansados de la recurrente violencia, la conflictividad y la corrupción deciden enfocar sus esperanzas para el cambio en el sistema judicial, pero las instituciones que lo integran tienen problemas para cumplir con las demandas ciudadanas, pues se ven avasalladas por factores como el incremento de causas y la falta de un presupuesto adecuado que permita su óptimo desempeño.

Las instituciones de justicia compartieron información sobre la situación de cada entidad, en relación con la ejecución presupuestaria y sus deficiencias en la cuestión de ingresos.

El sistema de justicia, en términos generales, necesitaría alrededor de 2 mil 876 millones de quetzales para cumplir con las funciones que le corresponde por ley, pero las cifras reales se alejan de ese ideal.

ORGANISMO JUDICIAL
Según Álvaro Dubón, Gerente General del Organismo Judicial, el presupuesto del OJ para este 2013 es de 1 mil 700 millones de quetzales.

Con casi nueve mil trabajadores, el Palacio de Justicia debe pagar la planilla de sus empleados, las facturas de los servicios, el mobiliario y equipo –incluido el tecnológico por desgaste–, sistemas informáticos y  además de pagar los alquileres de las extensiones del organismo.

De acuerdo con Dubón, el presupuesto asignado para el OJ es bajo si se compara con la demanda de justicia de la población, por lo que considera que para funcionar efectivamente la entidad necesitaría alrededor de Q500 millones adicionales a los aportados este año.

Al respecto, la analista Carmen  Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, opina que el presupuesto que se asigne al sector justicia siempre será insuficiente porque las necesidades son “inmensas” y no hay dinero que alcance para cubrirlas, debido a los altos índices de impunidad.

“No hay dinero suficiente que pueda mantener a un estado de justicia fortalecido, que pueda hacerle frente”, explicó.

Este hecho se suma a la arraigada cultura de arreglar los problemas de manera violenta, por lo que es justificable que haya comportamientos de este tipo en gran número, indicó Ibarra.

Es allí donde surge la demanda por parte de los agraviados para que la justicia resuelva dichos problemas. A esto agrega que cada vez es más recurrente el uso de amparos e inconstitucionalidades para resolver una problemática, lo que implica procesos más largos y por ende, más gastos de funcionamiento en el sistema judicial.

Por su parte, Gabriel Medrano, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que: “los totales de los presupuestos no son suficientes para dedicar un porcentaje adecuado  a la inversión”.

El funcionario expresó, además, que el OJ también necesita de recursos para abrir nuevos órganos jurisdiccionales, pues la institución debe crecer en el interior del país.

En los últimos años el dinero que se destina para el funcionamiento del Organismo Judicial y para el Ministerio Público ha crecido considerablemente; pero no ha sido el mismo caso  para el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

“De todo el sistema de justicia, nosotros tenemos aproximadamente el 3% del presupuesto”, dijo Julio Schaad, defensor público del IDPP.

ALTERNATIVAS
“Ante el insuficiente presupuesto debiera de haber una mejor coordinación entre las instituciones de justicia para que la dinámica mejore la administración de justicia y aligere el despacho judicial y que a la vez se logren a través de un acuerdo”, opinó Ibarra.

En este sentido, el año pasado el Congreso aprobó la creación de más juzgados para atender la problemática de saturación de causas en las judicaturas; pero, al  aprobarlo, ni el Congreso ni la CC revisaron si el Organismo Judicial, el Ministerio Público y el IDPP tenían fondos y personal para atender esos nuevos juzgados que se abrían al público.

Ante esto, Ibarra puntualizó que este problema se debe a la falta de coordinación, y agregó que la solicitud del OJ al Congreso no había sido consensuada entre las otras instancias judiciales como el MP y el IDPP.

INVERSIÓN Y CRECIMIENTO
Un ejemplo de la inversión que el OJ ha realizado durante este año fue la inauguración de dos salas de apelación y una del tribunal contencioso administrativo.

Según Medrano, lo invertido en la remodelación, equipamiento e inmobiliario representó un gasto de Q400 mil. Anualmente cada sala y tribunal colegiado necesitará de 3 millones de quetzales  para su funcionamiento.

El presidente del ente de justicia ve esto como un ejemplo de la precariedad de fondos que se destinan al organismo, pues se tuvo que esperar casi 31 años para inaugurar la Segunda Sala de Familia de la Corte de Apelaciones.

Por su parte, Schaad ve en el incremento en el presupuesto del IDPP una mayor contratación de más defensores públicos.

Aun así es una “movida” arriesgada, ya que el aumento de defensores siempre significará contratación de más personal administrativo. De esa manera, el aumento en el presupuesto seguiría invirtiéndose, en mayor parte, en sueldos y funcionamiento del instituto, y no en proyectos.

¿QUÉ SE NECESITA?
Entre la extensa lista de elementos que se necesitan para las instituciones del sector justicia, los funcionarios y analistas destacan la compra de inmuebles, mobiliario, tecnología, pago y mantenimiento de servicios y personal.

Por otro lado, se hace necesario la creación de más órganos jurisdiccionales para terminar de cubrir los espacios que aún no se ocupan en Guatemala.

En la distribución del presupuesto, Schaad opina que para que el Estado logre una justicia agilizada se necesitaría que los entes manejen igualdad de recursos económicos.

“Los entes de justicia son como ruedas que si no caminan a la misma velocidad, el carro de la justicia se nos para. Si queremos atacar la impunidad, el crimen y que haya justicia pronta y cumplida las ruedas deben caminar a la misma velocidad y en el mismo sentido”, explicó.
 
Pero Medrano no coincide con el defensor, diciendo que el Palacio de Justicia no podría subsistir tomando en cuenta el presupuesto base que requiere el IDPP. “El Organismo Judicial es macro, cubre a todo el país en todas las ramas de la justicia”, indicó.

Por su lado, Javier Monterroso, asesor del Fiscal General del MP, dice que gracias a los aumentos presupuestarios dados en  2011 y 2012 la institución se ha fortalecido, por lo que puede cumplir con sus funciones de mejor manera.

Además aseguró que por el momento no se necesita de aumento presupuestario, pero sí que se mantengan el monto actual de mil millones para mantener el crecimiento y los proyectos de modernización institucional.

POBLACIÓN AFECTADA
El sistema de justicia no es el único afectado por el retraso o la lentitud de los procesos, ya que esto afecta a la demanda de justicia de la población, tanto a la víctima que no recibe respuesta como al sindicado que no se le resuelve su situación jurídica.

Igualmente, la incidencia de los agentes de la policía o funcionarios en actos que desvían el rol de la justicia es un impedimento que ni todos los recursos pueden conseguir cambiar, ya que este es un cambio a nivel interno, que requiere de voluntad, opina Dubón.

Derivado del crecimiento en gran proporción de la población guatemalteca, el sistema de justicia se encuentra saturado y casi colapsado, debido al  alto número de denuncias que reciben a diario. Por lo que  este hecho se traduce en un sistema de justicia lento.

Con estos antecedentes surge, entonces, la duda, ¿cuál es la solución?

SOLUCIÓN
Según el presidente de la CSJ, parte de la solución se encuentra en salir del rezago, haciendo referencia a la abismal diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios de justicia y asegura que han hecho el esfuerzo por disminuir esa brecha. 

El primer paso consistiría en definir las necesidades de la población para después lograr un crecimiento sostenido del sistema de justicia de acuerdo con el crecimiento de la población.

Para Dubón, la creación de fuentes de trabajo, de condiciones sociales adecuadas y programas sociales que lleguen a la población y la creación de políticas que luchen contra la pobreza, es la forma en la que se logrará disminuir los índices de criminalidad y violencia, y de judicialización de casos.

“Cambiar la cultura para que esas garantías sean sagradas y respetadas y no sean utilizadas para generar impunidad”, dijo Ibarra respecto al tema, refiriéndose al correcto uso de los amparos y demás medidas legales, agregando que la solución no está en pedirle al gobierno central que destine más fondos para la justicia.

En este sentido Ibarra considera que la utilización de más fondos no es la mejor alternativa para obtener una justicia pronta y efectiva ya que el Estado sufre de un múltiple fallo pues no previene el delito, no crea políticas institucionales para la mediación de los conflictos y tampoco da el dinero en cantidad razonable para atender los usos de la administración de justicia, además de no controlar la falta de coordinación entre las organizaciones de justicia

El Estado está fallando no solo por la falta de recursos sino porque no se impulsan programas de prevención del delito que ayudarían a solucionar los problemas antes de que se conviertan en un caso de interés judicial, afirmó Ibarra.

Además es necesario realizar evaluaciones al personal de justicia en torno a temas ético-legales que permitan dilucidar las fallas a nivel organización e interpretación de las leyes.