Los niveles de pobreza en el paí­s se ven reflejados en la falta de acceso a la alimentación, la salud y la educación; sin embargo, la actual demanda de la población sobre el acceso a la justicia es también un punto referente de la desigualdad que impera en Guatemala.

La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadí­stica (INE) muestra que el 15.20 por ciento corresponde a la pobreza extrema y el 35.80 por ciento restante pertenece a la pobreza no extrema.

En el artí­culo 2 de la Constitución de la República se lee: «Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona», pero ¿cuánto es cumplidor el propio Estado de dicho mandato?

Demanda de justicia

La Defensa Pública Penal cubre el 75 por ciento de los procesos penales que ingresan al Organismo Judicial. Sin embargo, la demanda va en aumento ya que una gran cantidad de la población ha solicitado asesorí­a en procesos laborales y de familia.

Blanca Aí­da Stalling, directora de la Defensa Pública, comentó que actualmente la institución que preside enfrenta una dificultad: «Estamos siendo requeridos para la presentación de otros servicios como en el caso de niños abandonados, o maltratados, casos familiares y hasta laborales», explicó.

Stalling reconoció que actualmente existe una enorme necesidad de la población de escasos recursos sobre el tema del acceso a la justicia. «Se nos han acercado, por ejemplo, trabajadores de maquilas, pero nosotros necesitamos abogados especializados en el área laboral», declaró la entrevistada y añadió que la demanda en el ramo penal ha sido cubierta, pero que hay necesidad de cubrir otros ramos; se necesitan más abogados y más presupuesto.

Otto René Arenas Hernández, del Bufete Popular de la Universidad de San Carlos, refirió que la vigencia del actual Código Procesal Penal limitó el acceso de los estudiantes a las prácticas en esa ví­a y que los casos de ese ramo que conocen son mí­nimos.

Sin embargo, Arenas indicó que del ramo laboral y civil, el Bufete Popular recibe mensualmente un aproximado de 300 casos, los cuales son atendidos por la población estudiantil de esa casa de estudios superiores. El Bufete Popular atiende casos en Mixco, San Juan Sacatepéquez, Santa Lucí­a Cotzumalguapa, entre otros, y presta servicios de trabajo social y asesorí­a en juicios civiles de forma gratuita.

Problema de doble ví­a

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), opinó que la Defensa Pública se encuentra actualmente «descuidada» por parte del Estado en cuanto al tema del presupuesto, y añadió: «El Estado debe jugar un papel de mayor solidaridad para que no haya desigualdad en cuanto a cómo se está aplicando la ley y la justicia en el paí­s», enfatizó.

Polanco explicó que la desigualdad en el tema de justicia es un problema de dos ví­as: en el caso de la gente que necesita ser defendida, las instituciones son insuficientes, pero cuando se trata de acusar para garantizar la justicia, por ejemplo, a las ví­ctimas de genocidio o a sus familiares, también existe una enorme debilidad del Estado», subrayó.

Situación de los indí­genas

Según el INE, el 74.95 por ciento de incidencia de la pobreza se concentra en el área indí­gena. El artí­culo 66 de la Constitución insiste en el mandato que tiene el Estado en cuanto a la protección de los grupos étnicos.

Amí­lcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, resaltó que el nivel de acceso a la justicia por parte de la población indí­gena es mí­nimo, ya que «el Estado está construido desde una sola cultura, y desde ahí­ excluye a una gran mayorí­a, en cuyo contexto aumenta la exclusión a los pueblos indí­genas, los cuales constituyen un alto porcentaje de la población», explicó.

Pop resaltó que aspectos como: el idioma, el acceso fí­sico al sistema de justicia, la falta de traductores o hablantes de idiomas mayas, la comprensión del idioma y la cultura indí­gena dentro del sistema de justicia, entre otros, son aspectos que debilitan la situación de las personas indí­genas y «generan un abismo entre sociedad y Estado», resaltó.