Aunque Guatemala es un país multicultural, multiétnico y plurilingí¼e, para la justicia esas condiciones parece no tener mayor relevancia.
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Las leyes guatemaltecas han sido redactadas y aprobadas en base al derecho occidental, y aunque por medio de acuerdos internacionales y otras figuras legales se han conseguido avances para que la justicia llegue a los miembros de las comunidades indígenas, los hechos dicen lo contrario.
El derecho consuetudinario es aplicado en un gran número de comunidades en toda la República, sin embargo, para el sistema actual, este tipo de jurisprudencia no tiene validez, por lo que muchos pobladores indígenas son juzgados con una cultura, un enfoque y un idioma que no son los maternos.
DERECHO DE POCOS
Benito Morales, coordinador del área jurídica de la Fundación Rigoberta Menchú, opinó que el acceso a la justicia no implica únicamente la construcción de juzgados sino la pertinencia cultural del servicio: «El sistema hace que la justicia sea un derecho poco disfrutado por los pobladores».
«La justicia es un derecho ciudadano, pero también una obligación del Estado garantizarla, y si se hace en el idioma que no es del usuario será limitada y eso genera una problemática grave que se ha discutido hace mucho tiempo y aunque hay acuerdos para garantizarla, los avances son pocos», opinó el abogado.
Sin embargo, Morales no considera que haya debilitamiento del sistema en relación a la cobertura y a la aplicación de la justicia en los pueblos indígenas, sino que está creado en base a una cuestión etnocéntrica: «Una población que habla español y con nivel de formación occidental, no se ha adecuado al sistema como muchos otros a la diversidad cultural del país», expuso.
El abogado consideró que habría que hacer una reingeniería total del sistema para que la justicia se adecue según la composición social de la población, y que de lo contrario se continuará profundizando y arraigando el divorcio entre la sociedad y el Estado.
SISTEMA NO INDíGENA
Eliú Higueros, presidente provisional de la Corte Suprema de Justicia, comentó en ese sentido que la Constitución y las leyes ordinarias guatemaltecas están estructuradas y creadas de conformidad con el derecho occidental y «tenemos el deber de cumplir con esas leyes», declaró.
«Bajo ese andamiaje, los juzgados han sido creados para que desarrollen las demás leyes; no se nos permite juzgar con otro tipo de derecho, porque así lo indican las leyes», reiteró Higueros.
Higueros agregó que el Organismo Judicial se ha intentado acercar a todas y cada una de las poblaciones por medio de la construcción de juzgados y que este busca que haya intérpretes en los lugares donde no hablan español, pero que el ciento por ciento del acceso no se ha logrado «debido a la capacidad intelectual de los pobladores», indicó.
Al preguntarle Higueros por qué el sistema no es funcional para los pueblos indígenas, respondió: «es como si yo le diría que publique sus reportajes en idioma maya; no se puede, no puede sacar el periódico en otro idioma porque la mayoría es quiché, hay que buscar la generalidad y no la unidad», dijo.
Higueros consideró finalmente que ese hecho no genera irrespeto a la multiculturalidad guatemalteca, sino que la Constitución debe buscar «que todos los guatemaltecos estemos integrados a una unidad y no a un idioma».
Eduardo Zacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera que la cobertura de justicia y su alcance en relación a los pueblos indígenas es «nula» y que no hay más que un cuerpo muy limitado de traductores para que algunas personas tengan acceso a poner una denuncia o resuelvan un problema particular.
«Hay una visión restringida de los operadores respecto a la consideración de lo que pasa a nivel rural y comunitario, las comunidades y los pueblos tienen sus propias normativas, y si no existiera ese conjunto de valores y normas comunitarias ancestrales e históricas habría un conflicto terrible en el país», explicó el entrevistado.
Zacayón agregó que todas las normas y leyes que el Estado ha definido «no tienen cobertura ni han funcionado óptimamente».
El entrevistado opinó también que ese funcionamiento del sistema de justicia marca una situación de exclusión y discriminación latente, por parte del Estado mismo, e invisibiliza las prácticas comunes y consuetudinarias en la vida cotidiana de los pueblos guatemaltecos.