Desde una denuncia en el Ministerio Público, MP, hasta los procesos propios del derecho que se desarrollan en los juzgados y tribunales del país, son factores que para muchos ciudadanos podrían convertirse en una odisea.
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Según analistas, el Estado de Guatemala es, de toda América Latina, el que más denuncias tiene de violaciones al debido proceso, así como a los Derechos Humanos. La rutina diaria en la Torre de Tribunales implica la interacción diaria de jueces, fiscales, juristas; públicos o independientes, entre otros.
La Constitución de la República reconoce la independencia funcional del Organismo Judicial (OJ), como una de sus garantías. Tanto analistas como abogados aseguran que existen muchas debilidades dentro del OJ, que hacen que el desarrollo mismo de los casos, atente contra la funcionalidad de la justicia como con el debido proceso.
Perspectivas
Javier Monterroso, analista en temas de Seguridad y Justicia, expresó que la mayor carga dentro del Sistema Penal recae en el MP.
«Más allá de la labor que desarrolla en los tribunales, y unida a la labor de la PNC, el papel del MP es fundamental para el sistema de justicia y en este caso es el eslabón más débil y el que más deficiencias presenta en investigación de los delitos».
La opinión de Alfonso Sierra del Sistema de Gestión de Casos del MP (SICOMP), se contrapone a la anterior. «Los lapsos de tiempo en los que se establece la solución de casos abarca a varios operadores de justicia y no sólo al MP».
¿Cómo mejorar?
Para Harry Hardy Samayoa, abogado independiente, el mejoramiento de la situación en los tribunales del país, es un gran reto ya que considera que existen «problemas serios de corrupción».
«Dudo que se le pueda dar vuelco total al asunto, pero es necesario que haya inversión económica y capacitación», resaltó.
Fidencia Orozco, de la DPP, opina que pese a que los operadores de justicia aducen una carga de trabajo por lo que les es imposible respetar los plazos, se debería asignar a un contralor que diera una mejor supervisión al cumplimiento de éstos.
«La carga de trabajo puede retrasar las resoluciones dos o tres días, pero no tres años como sucede en algunos casos. La inobservancia es un error judicial», subrayó.
Amílcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas, «considera necesaria la reestructuración del sistema de justicia de cara a resolver los problemas de una sociedad multicultural y plurilingí¼e.»
Pop añadió que es necesario sensibilizar a la organización de justicia para procurar el respeto a los pueblos indígenas. «Hay un irrespeto total que genera un vacío entre sociedad y sistema de justicia, el cual deviene en fenómenos como el linchamiento. Es el Estado el que debe reducir la brecha entre la sociedad y la función de la justicia», dijo finalmente.
«Vacaciones son una debilidad»
Harry Hardy Samayoa, abogado independiente, opinó: «el problema del OJ como del MP y la Policía Nacional Civil (PNC), es la falta de infraestructura» y agregó que dentro del OJ «existe falta de capacidad, lo cual incide en el resultado del trabajo».
Para el jurista consultado, las vacaciones con las que cuentan los trabajadores de ese Organismo del Estado implican una debilidad, puesto que «el juez que está cubriendo al que está de descanso no quiere meterse en las resoluciones que no son suyas».
«Burocracia que agobia»
Amílcar Pop, de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, comentó que existen tres factores principales que debilitan al OJ: «la burocracia que nos agobia y que más allá de agilizar los procesos, parece que tiene como fin retardarlos».
Para Pop, el retardo en la organización de justicia, está ligado a una «legislación inquisitiva» en materia penal, y «escrito en materia civil y de familia».
Por último el jurista comentó que «hay poca ética en los funcionarios. Todo un ejercicio deshonesto que genera un grado de corrupción muy alto y muy fuerte, lo cual logra un retardo que lesiona los derechos humanos».
«Irrespeto a plazos»
Fidencia Orozco, abogada de la Defensa Pública Penal (DPP), explicó que uno de los «problemas serios» que ha observado es el relacionado en el procedimiento especial de averiguación: «figura dentro del Código Procesal Penal y no hay plazos específicos para el mismo, entonces queda a criterio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).»
Debido a lo anterior, los procesos se alargan dentro de los juzgados, opina la jurista, quien ejemplificó además: «llevo un proceso abierto desde 2002 y no se ha fijado audiencia de apertura a juicio».
Finalmente la abogada pública expresó que los recursos que se interponen dentro de los procesos, una vez abiertos, han llevado muchos años sin resolver, lo cual complica los procedimientos y hace que los sujetos procesales pasen en prisión más tiempo de lo establecido por la ley, para resolver su situación jurídica.