El Tribunal Latinoamericano del Agua, – instancia internacional- conocerá tres casos guatemaltecos en los cuales se denunciará el peligro al que están expuestos los recursos hí­dricos de tres departamentos en los cuales los pueblos indí­genas y sus territorios, han sido perjudicados.

La quinta audiencia pública de juzgamiento del tribunal se desarrollará en Guatemala del 8 al 12 de septiembre, en el departamento de Antigua Guatemala.

Según Javier Bogantes, director de la instancia internacional, se escogió debatir la incidencia que tiene el deterioro hí­drico en las poblaciones indí­genas, ya que en los últimos años la presión polí­tica de los gobiernos y la empresarial, ha buscado la extracción y explotación de la biodiversidad de estos lugares, por lo que los daños se incrementan y afectan la seguridad hí­drica y social de estas comunidades.

«Estos territorios generalmente fueron olvidados, pero en dias recientes son diversas las transnacionales que en conjunto con los gobiernos están penetrando estos territorios para extracción de madera, agua, minerales y construcción de hidroeléctricas», puntualizó Bogantes.

Pese a que las sentencias que el tribunal emite no son vinculantes para los demandados, Bogantes recalca en la importancia de efectuar las denuncias en esta entidad, por lo que asevera que uno de los principios es dar a conocer la situación en los diversos paí­ses en el ámbito internacional.

«Lo que se busca con los veredictos es el cambio de actitud hacia el uso de los cuerpos de agua, sistemas hí­dricos y los derechos de las comunidades. Es un proceso de concienciar, no es solo un tribunal ético, sino cientí­fico y técnico que se fundamenta en pruebas», puntualizó.

Crisis de legalidad

A criterio de Bogantes, la crisis de legalidad en América Latina conlleva al deterioro hí­drico y de los sistemas de los sistemas de valores construidos, a través de procesos hí­dricos para proteger los derechos humanos y la vida como derecho fundamental.

Finalmente, el entrevistado recalcó que los nuevos proyectos legislativos favorecen la privatización del recurso hí­drico.

Casos

Primero: afectación de la laguna «Chichoj, San Cristóbal Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz; las comunidades que habitan en el lugar son de la etnia maya-poqomchí­es

Segundo: Minerí­a a cielo abierto en la cuenca del rí­o Cuilco y afluente del rí­o Tzalá. Poblaciones de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, del departamento de San Marcos. Comunidades mayas mam y sipacapense.

Tercero: Posible deterioro de la cuenca del rí­o San Juan, del municipio de Aguacatán en el departamento de Huehuetenango. Comunidad maya chaltiteka.

También se efectuarán varias audiencias preliminares de denuncia, en las cuales se expondrá la condición de los humedales del Parque Nacional Laguna del tigre, en Petén; la situación hí­drica de Totonicapán, entre otros.