En esta entrevista hace hincapié en la necesidad que los poderes del Estado garanticen la independencia judicial, para evitar la perversión de la democracia, se refiere a las cifras de impunidad en Guatemala como «alarmantes e inasumibles», aboga por la transparencia durante el proceso -especialmente en lo que se refiere a los dineros para las campañas- y hace énfasis en que la justicia es un tema ciudadano y como tal debe ser asumido.

Aboga por el establecimiento de una carrera judicial y la constitución de un Consejo del Poder Judicial, que entre otras cosas, atienda los temas administrativos para que los jueces se dediquen exclusivamente a ejercer la judicatura.

LA HORA: Desde su experiencia y trayectoria como juzgador, ¿podrí­a describirme el modelo de carrera judicial que usted considera idóneo?

JOSí‰ ANTONIO MARTíN: Creo que entre los modelos existentes me quedarí­a con dos alternativas: El sistema inglés, en el que para tener acceso a la función judicial se requiere de una experiencia larga como abogado -para un inglés serí­a inconcebible que un juez o una jueza fuese menor de 35 años- y el sistema alemán, que se basa sobre los planes de estudio de las facultades de derecho, el cual exige unos cursos lectivos -que serí­an el cuarto y el quinto- que dan acceso a la función pública, entre ellas a la función judicial. Después de haber hecho prácticas y de haber sido evaluados durante esas prácticas, creo que ya hay bases suficientes para considerar a estas personas.

L.H.: ¿Cómo se podrí­a organizar de mejor forma un gobierno del poder judicial para garantizar que los jueces apliquen correctamente las leyes y actúen al servicio del conjunto de los ciudadanos?

J.A.M.: Este es un debate muy importante en España. Yo he llegado a la conclusión que el modelo del Consejo del Poder Judicial, es decir un órgano de gobierno de los jueces, es el sistema más idóneo. Pero no un órgano de gobierno en el que se devenga de una manera decisiva el poder polí­tico, sino un sistema que por un lado -como sucede en Italia- estuviese presente lo que se llama «vocales natos», en donde el Presidente de la República es el presidente «nato» del Consejo Superior de la Magistratura en circunstancias excepcionales, en los demás casos suele delegar en el Ministro de Justicia, los representantes del Senado y la Cámara de diputados.

Podrí­an elegirse otros miembros natos. En España, por ejemplo, tenemos un Colegio Nacional de Abogados, un Colegio Nacional de Registradores y de Notarios, una Academia de Legislación y Jurisprudencia, en fin, estos podrí­an ser por ejemplo, entre un número de 20, los 5 o 6 vocales natos, y el resto elegidos entre los jueces. También podrí­a ser que una parte de ese resto, que serí­an unos 15 o lo que fuese -el número es lo de menos- (fueran) elegidos, o a lo mejor entre jueces pero por las cámaras legislativas. Es un sistema en el que participasen básicamente los poderes polí­ticos, la sociedad y los jueces.

L.H.: Hay modelos como el de Estados Unidos, en donde el propio Presidente es el que elige a los Magistrados de la Corte Suprema. En Guatemala, por ejemplo, la intervención del Congreso de la República -que es un poder eminentemente polí­tico- es directa. ¿Cómo manejar el tema de la polí­tica y la judicatura? porque está claro que los jueces tienen una ideologí­a.

J.A.M.: Es evidente. Los jueces tenemos una ideologí­a, que no necesariamente es una ideologí­a partidista, sino una ideologí­a sobre valores, y podemos estar más cercanos a unos valores que a otros. Además, tenemos unos principios: el de no discriminación, de igualdad, de acceso a la justicia, etc., que nos sirven como pauta para nuestro comportamiento. A mí­ no me preocupa que exista una relación entre el poder Judicial y el poder Legislativo, estamos en una democracia y los poderes públicos deben ayudarse entre ellos, siempre que esta relación sea pública, institucional y que no se haga subterráneamente, por debajo, lo que en algunos sitios le llamamos las «alcantarillas del Estado».

L.H.: ¿Por qué la Comisión Internacional de Juristas decidió acompañar el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de apelaciones en Guatemala?

J.A.M.: Esto lo decidió el staff de Ginebra. Nos parece que el hecho de que se haya conseguido una ley (de Comisiones de Postulación) como la que se ha aprobado recientemente por el Congreso guatemalteco, es una aportación novedosa y positiva. Más que entrar en el detalle de artí­culo por artí­culo, creo que sus grandes principios que están en el preámbulo de la ley, y después el principio de transparencia y de participación, son fundamentales. ¿Cómo se va a llevar esto a la práctica? Pues yo creo que esto es posible, además de exigible, porque antes, según me cuentan, habí­a «usos y costumbres», ahora ya hay una Ley. Entonces los usos y costumbres malos deben desaparecer, y nunca se pueden sobreponer a la Ley, la Ley está ahora por encima a esos usos.

L.H.: ¿Qué rescatarí­a usted como lo más importante de esta Ley?

J.A.M.: En primer lugar, el sistema de elección. Cierto que es una elección limitada a determinados sectores -sectores académicos, sectores gremiales como el Colegio de Abogados, y sectores judiciales como las salas de Apelación y la Corte Suprema-. Ahí­ podrí­amos añadir que en un futuro se pudiera añadir un quinto sector en el que se diese entrada a organizaciones no gubernamentales, es decir, a foros como el que el otro dí­a hizo la declaración a favor de la CICIG, por ejemplo.

Este modelo se puede estudiar, por supuesto no puede ser un foro abierto a una ONG que se constituya al dí­a siguiente con el objeto de participar en esto, tiene que tener una tradición y tener implantación dentro de la sociedad guatemalteca, que sea conocida, y nadie mejor que la sociedad guatemalteca para saber qué grupos han trabajado y tienen una consolidación social. Esto creo que abrirí­a ya una ventana más a la sociedad y serí­a muy positivo.

L.H.: ¿Cuáles son los principales aciertos y las principales debilidades que han encontrado en este proceso de elección para las magistraturas en Guatemala?

J.A.M.: En la primera elección que ha habido (para conformar las Comisiones de Postulación), que es la de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de apelaciones, al principio observamos con preocupación, que habí­a una sola planilla. La verdad es que no era bueno para la participación democrática que hubiese una sola planilla, que tení­a que ser aprobada porque no habí­a otra alternativa. Al final, en el curso de la mañana, nos enteramos que habí­a dos planillas, esto es mejor, y lo óptimo hubiera sido que hubiera tres o cuatro.

Es positivo el sistema de atribución de puestos, la prueba es que oficialmente salieron 8 a 1, -ya hay una minorí­a ahí­ representada aunque pensamos que ha habido un error de cálculo y que son 7 a 2. Si se hubiera ampliado el número de planillas, habrí­a que estudiar cómo se podrí­a dar entrada a otras, aprovechando las posibilidades que da el sistema d´Hondt. Lo ideal serí­a que por lo menos hubiese representación proporcional de tres planillas.

L.H.: Usted tiene una amplia y reconocida trayectoria como fiscal y ahora como juez A su criterio ¿cuáles serí­an las principales cualidades que una persona deberí­a poseer para ocupar una judicatura?

J.A.M.: Bueno, lo que decí­a Lord Lyndhurst: «Un juez ante todo debe ser un caballero -bueno ahora también una dama- tener valor, sentido de la ecuanimidad, fortaleza de ánimo y si además sabe un poco de leyes, eso le será muy útil». Esta frase resume para mí­ los valores de un juez.

L.H.: Pasemos ahora al tema de la participación ciudadana. Como esta es una elección indirecta, la gente muchas veces siente que no es partí­cipe de este proceso. Incluso hubo un comunicado del Colegio de Abogados que expresaba que la ciudadaní­a no debí­a intervenir en el proceso de elección, ya que es un asunto de abogados ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en un proceso como este? ¿Es realmente la justicia una cosa de abogados?

J.A.M.: Decí­a un ministro muy conocido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, (Neville) Chamberlain, que la «guerra era una cosa demasiado seria como para dejarla en manos de los militares». Pues yo les digo a esos abogados que la justicia es una cosa demasiado seria como para dejarla sólo en manos de los abogados. La mayorí­a de sistemas tienen una participación de los ciudadanos en la justicia, a través de la institución del jurado. En esas sociedades los ciudadanos se involucran mucho más en la justicia, y no solamente esto, sino que la conocen por dentro y comprenden la dificultad de resolver los casos.

Por ejemplo en Inglaterra y en Estados Unidos la justicia goza de un gran prestigio porque los ciudadanos la viven, no es algo lejano. Y claro que si te encuentras con un colectivo que, según me dices, pretende convertirse en una especie de «campana neumática» dentro de la sociedad, creo que esto es peligroso. Un abogado que pretenda que no debe rendir cuentas frente a la sociedad, me parece que esta un poco desorientado dentro de la democracia.

L.H.: Algunos sectores del paí­s hablan de la necesidad de promover una carrera judicial como forma de entrar al sistema y no precisamente una elección que se puede prestar a manipulaciones. ¿Qué opinión le merece este tema?

J.A.M.: Es fundamental, pues proporciona estabilidad, inamovilidad, la inamovilidad refuerza la independencia, porque se sabe que no se depende de nadie para ser renovado, no hay que hacer favores a nadie para promocionarse en la carrera. Al mismo tiempo, el que está adentro sabe que solamente depende de su actividad y de su sentido del profesionalismo y del derecho para ser evaluado. Hay que tener en cuenta que los jueces, sus sentencias, son leí­das por los abogados, por las partes interesadas. Muchas veces hay jueces que utilizan un lenguaje tan crí­ptico y tan técnico que no hay quien lo entienda, y ese para mí­ es un mal juez. El juez debe ser claro y debe explicar las cosas, sin despreciar que hay algunos aspectos de técnica jurí­dica, pero ésta no es una ecuación matemática, ni siquiera un principio de la fí­sica, es algo que se puede explicar racionalmente a las personas y lo puede comprender todo aquel que tenga interés en ello.

Esto es una gran tarea, una gran labor de los jueces que no está al alcance de todos, pero cuanto más claro sea el juez, más lo valorará la sociedad.

L.H.: ¿Qué pasa si hay un juez que no cumple con lo que tiene que hacer, que se presta a presiones de ciertos sectores, que hace sentencias con dedicatoria?

J.A.M.: Me ha gustado muchí­simo la expresión «sentencias con dedicatoria», es una expresión muy elegante para evitar la expresión de sentencias «prevaricadoras». Pienso que si el juez cae en prevaricación debe ser perseguido como cualquier otro ciudadano y no tener ninguna ventaja. Si su comportamiento no es delictivo, pero realmente es negligente o se aparta de las normas y las reglas de comportamiento, hay un sistema disciplinario que no necesariamente lleva manejada la expulsión, solamente los casos más graves podrí­an dar lugar a la expulsión, y de eso precisamente se encargarí­a el Consejo del Poder Judicial, serí­a el órgano que examinarí­a esa denuncia, ese expediente y llegarí­a a la conclusión de saber si esa persona es idónea para seguir en la carrera judicial, o si eventualmente se le debe suspender durante un cierto tiempo, como una acción de advertencia. El mejor premio que podemos recibir los jueces es el reconocimiento de la sociedad.

L.H.: ¿Cuál es su apreciación respecto a que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, además de tener que entrar a conocer casos judiciales de alto impacto, también tiene que dedicarse a los temas administrativos?

J.A.M.: Una vez más vamos al Consejo del Poder Judicial. Es verdaderamente llamativo para los europeos, el que los magistrados de la Corte tengan estas tareas administrativo-burocráticas y de intendencia o logí­stica. Yo creo que eso es perturbador, los jueces tienen ya una tarea muy importante, y el organismo idóneo para encargarse de todas estas tareas serí­a el Consejo del Poder Judicial.

L.H.: De acuerdo con datos oficiales, el 98% de los casos que llegan a los juzgados quedan sin una resolución judicial. Solamente el 2% concluyen con una sentencia. ¿Cómo interpreta este 98% de impunidad?

J.A.M.: La cifra es alarmante, yo creo que ningún paí­s podrí­a estar tranquilo si tuviese estas cifras de impunidad. Lo que es importante es analizar las causas, cuáles casos quedan en la impunidad, porque hay jueces, juezas y representantes del Ministerio Público que no actúan, que no investigan y que no llevan adelante los juicios; qué porcentaje corresponde a la propia lentitud del sistema judicial, o el abuso de recursos para dilatar el proceso. Me han hablado de procesos en los que se han interpuesto hasta 24 amparos, esto el sistema español no lo permitirí­a, pues hay un claro abuso del derecho. El abuso del derecho es un fraude, por tanto serí­a denegado en cualquier sistema.

Hay un porcentaje al que todos los sociólogos llaman las «cifras negras de la criminalidad», que son casos no resueltos, casos en los que la investigación se ve obstruida y no puede seguir adelante. En fin, creo que lo importante es identificar las causas, porque como he dicho, la cifra es alarmante e inasumible para una sociedad. Si hay una fábrica de automóviles que saca al mercado 97 autos en mal estado y sólo 3 buenos, irí­a a la ruina inmediatamente, eso es una catástrofe.

L.H.: Tratando de despolitizar la elección de magistrados, se decidió la creación de las comisiones de postulación, en las que participan las universidades y el Colegio de Abogados, por ejemplo. Lo que ocurrió fue la politización de estos entes, a tal punto que las campañas a la rectorí­a o a las decanaturas en la universidad pública se han vuelto una danza de millones. También hay quienes han decidido fundar su propia universidad para poder participar como electores del proceso. ¿Es suficiente una ley de comisiones de postulación para revertir esta debilidad o qué otras medidas deben ser adoptadas?

J.A.M.: Yo desconozco el sistema electoral general guatemalteco, pero muchos sistemas tienen una cifra tope de recursos que se pueden emplear en las campañas electorales. Si se traspasa este tope se comente un delito electoral, e incluso puede intervenir lo que aquí­ llaman Contralorí­a General de Cuentas para ver de dónde ha salido ese dinero, y por tanto habrí­a que establecer un tope, sobre todo cuando se trata de una elección tan limitada como es la de los docentes en que no es justificable el empleo de grandes sumas de dinero. Llama la atención que se utilicen las vallas publicitarias como si se tratase de una elección para presidente de la República, es absolutamente desproporcionado. Yo comprendo que todas las universidades estuviesen empapeladas con programas y ofertas electorales, pero más allá del ámbito universitario, me parece absurdo que alguien se gaste el dinero para hacer esa propaganda fuera de su ámbito, igual que sucederí­a en el Colegio de Abogados o para la elección de Corte Suprema y magistrados de apelación.

L.H.: Finalmente, ¿cómo se alcanza la independencia judicial? ¿Cuáles son sus recomendaciones después de haber visto todo lo que pasa en nuestro paí­s?

J.A.M.: En primer lugar, los primeros que tienen que garantizar la independencia son los otros poderes del Estado, que tienen que estar conscientes de que están pervirtiendo la democracia si presionan sobre el poder judicial, es lo que yo llamarí­a la «independencia institucional». Después está la independencia corporativa, es decir, que tampoco se tengan presiones de los mandos superiores del organismo judicial. Finalmente, está la independencia personal, que es un valor que no se enseña en las universidades, se aprende a través de la formación y de los valores que uno integra en su vida y en su profesión. Esa independencia es la que verdaderamente merece la pena. A mí­ en lo personal me impresiona mucho esa anécdota que cuenta un autor -que en este momento no recuerdo su nombre- del caso del molinero y el Kaiser: Habí­a un molinero de Prusia que tení­a su vivienda en un lugar donde el Kaiser iba con frecuencia a cazar. Entonces habí­a una edificación que le molestaba al Kaiser para cazar y dijo que la iba a derribar. El molinero se enteró y un dí­a que pasaba el Kaiser se acercó y le dijo: «Majestad, me han dicho que quiere derribar una parte de mi molino, yo me voy a oponer», y el Kaiser le dijo: «Pero si tú eres sólo un pobre molinero y yo soy el Kaiser», y el molinero le respondió: «Sí­, pero todaví­a quedan jueces en Berlí­n».