Ya va siendo una perogrullada decir que la administración de justicia en nuestro país ocasiona graves, muy graves perjuicios no sólo al Estado, sino también a los reos que son procesados en los tribunales del ramo penal, a sus familias hogareñas y a la sociedad en general.
El enjuiciamiento de los acusados de haber cometido crímenes y delitos de toda índole tarda demasiado en llegar hasta las últimas consecuencias, y es que los jueces tienen que agotar todos los trámites preceptuados por la ley (que por cierto se presta a las güizachadas) hasta llegar al final, que es la sentencia aprobada en las diferentes instancias.
Los abogados de los reos motivan a más no poder las prolongadas demoras en el curso de las acciones judiciales. Interponen toda una serie de amparos con razón o sin ella, sobre todo con el propósito de entorpecer la administración de justicia, y eso es, precisamente, lo que origina muchas molestias y perjuicios a los juzgadores, a los procesados, a las familias de éstos, a la sociedad y al papá Estado….
Es más: Por parte de Guatemala, un gobierno de no lejana época firmó en Costa Rica un convenio mediante el cual los tribunales de justicia no deben aplicar a ningún reo, ´por salvaje que sea, la pena capital. Eso, en realidad, expresa humanismo, un humanismo relativo que ofende, pero el sentimiento de dolor y repudio de los deudos de las víctimas de los criminales que perpetraron horrendos hechos de lesa humanidad.
La justicia, que anda como en muletas o en silla de ruedas, viene siendo censurada acremente, tanto por las familias y demás deudos de las víctimas de las bestias de dos patas, como por la generalidad, pero quienes tienen la sartén por el mango ponen oídos sordos respecto de las demandas de las personas ofendidas, interpuestas por los abogados que defienden hasta lo indefendible, a quienes les importa un comino la tremenda realidad de la “justicia”.
Actualmente están como a desbordarse las cárceles a nivel nacional, y eso requiere gastos de muy elevada cuantía, archimillonarios; mejor diríamos, para engordar a miles de criaturas demoníacas que han herido profundamente en sus sentimientos a los seres queridos de las víctimas de los graves hechos delictivos reñidos con la ley, con los principios humanos e imperdonables por Dios.
Mientras se dinamizan los procedimientos penales, en especial y, por supuesto, en los demás ramos de la justicia, en los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, debe procederse lo antes posible a realizar un estudio a fondo en cuanto a la situación que hemos esbozado apuntando a una solución adecuada para evitar que se siga derrochando el dinero del pueblo para mantener hasta el engorde a tantos “angelitos inocentes”, como se declaran frescamente al hacer declaraciones ante los jueces.
De esa manera se evitará también, muy conveniente por cierto para el Estado o, mejor dicho, para el gobierno, que es el administrador del patrimonio estatal, los millones y millones de quetzales verdes, verdes, verdes que se van para no volver, en sufragar los gastos de la alimentación de los prisioneros y, además, los que se hacen para la cobertura de sueldos o salarios de los custodios, de gasolina para los vehículos de los centros penitenciaros que ordinariamente son movilizados, así como los de la Policía Nacional Civil (PNC) Y del Ejército Nacional, eventualmente, durante los motines que, a veces, provocan masacres…
Y… algo que se nos estaba quedando en el vacío: Los veredictos o sentencias que emitan los tribunales de justicia, por muy drásticos que sean, no deben ser burlados, como viene ocurriendo lamentablemente, sino cumplidos sin argumentos falaces de tipo güizachesco. ¡Toda la gente honrada así lo está pidiendo y exigiendo a gritos!