El desarrollo humano, la ética profesional y la solidaridad social, son temas que deberí­an formar parte de la agenda diaria de los profesionales del derecho, aseguran destacados juristas.

«No se trata de un negocio, es una profesión destinada a servir a la sociedad», es parte de la descripción que el abogado y notario César Barrientos hace del Derecho.

Barrientos forma parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, entidad que actualmente impulsa una polí­tica de participación para sus miembros, dirigida a la apertura de espacios para el diálogo y la discusión.

«En Guatemala hay muchas cosas que se deben cambiar en materia legal (…) vemos un sistema corrupto y desigual, pero que puede cambiar por medio del cumplimiento de la ley», asegura.

En ese contexto, Barrientos se une al llamado de los abogados que sugieren modificaciones de fondo en diversos aspectos de la organización del Estado, que a su criterio requieren de una pronta atención, como la participación democrática de la población en el proceso electoral y el acceso a la justicia por parte de los grupos desprotegidos

Justicia y desarrollo

Valentina ílvarez, legista con más de diez años de experiencia, considera que el proceso de cambio en el sistema estatal puede iniciar por medio del diálogo y las propuestas de profesionales dirigidas hacia las autoridades.

En ese aspecto, señala que también debe haber apertura de parte del Gobierno para recibir las propuestas de los profesionales.

Por su parte, Barrientos considera que existen prioridades que se deben considerar, como la ética de los profesionales involucrados en los procesos legales, y su participación en el proceso del desarrollo social.

«Los abogados conocemos las leyes, y en ese aspecto podemos señalar que existen cientos de normativas que se están incumpliendo en el paí­s y que tienen repercusiones en la sociedad (…) esto lo vemos cuando los asesinatos quedan impunes, los niños se mueren de hambre por falta de recursos o cuando se cometen actos de corrupción».

Los abogados coinciden en la necesidad de estructurar un nuevo sistema para que las propuestas de los profesionales lleguen hasta las autoridades y de esa cuenta se reformen procesos, que van desde la elección de autoridades hasta las sanciones para los actos de corrupción en el Estado.