La debilidad del sistema judicial imposibilita que en el paí­s se desarrollen con garantí­as todos los procedimientos en los casos de alto impacto, por lo que la justicia finalmente todaví­a recae –en algunas ocasiones– en cortes del extranjero. Es una situación incómoda para Guatemala, dicen los expertos, pero también debe ser un incentivo para fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales y combatir la impunidad.

No todos los guatemaltecos son juzgados en Guatemala. Esta clara premisa está presente en la mente de los guatemaltecos, especialmente cuando se trata de casos de alto impacto que se conocen más allá de las fronteras, debido a la incapacidad del sistema judicial del paí­s para procesarlos con garantí­as de seguridad e imparcialidad.

El desistimiento del Ministerio Público (MP) para extraditar al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann –acusado en Guatemala de ejecución extrajudicial y asociación ilí­cita–, dejó en claro que, a pesar de los esfuerzos y avances alcanzados para fortalecer el sistema judicial, el paí­s todaví­a no cuenta con las condiciones para ofrecer garantí­as en un proceso de alto impacto

De acuerdo con el MP, no existen condiciones de seguridad para juzgar al exfuncionario, por lo que en amparo de la doble nacionalidad de Vielmann, será la justicia de España la encargada de procesar su caso. Este proceso no es el único.

La situación de Javier Figuera, exdirector de la Policí­a Nacional Civil (PNC) –presunto implicado en el mismo caso– parece ser similar. No obstante, el Alto Tribunal Regional de Linz, en Alta Austria, rechazó su extradición, al estimar que no serí­a juzgado con imparcialidad en el paí­s que le reclama y se consideró que «hay indicios de que la seguridad de Figueroa en las cárceles de Guatemala estarí­a amenazada».

Detrás de las controversiales decisiones y acciones que rodean estos procesos, los casos enví­an un mensaje ya conocido en el ámbito judicial: Guatemala aún no está preparada para afrontar todos los casos de alto impacto que se presentan a la justicia.

De acuerdo con Ramón Cadena, presidente de la Comisión Internacional de Juristas, esto deja ver un problema con determinados casos, y es que la justicia de otros paí­ses está respondiendo, cuando deberí­a de ser la justicia guatemalteca la que juzga a sus ciudadanos.

Sin embargo, “sabemos que la justicia guatemalteca tiene determinadas deficiencias, altos í­ndices de impunidad y por eso es que se está presentando ese fenómeno, juzgar casos afuera de las fronteras”.

También considera que hay una evolución en el derecho internacional y uno de los aspectos es precisamente la cooperación entre Estados: “A eso obedece que hoy dí­a existan mucho más pedidos de extradición o bien, de jurisdicciones internacionales que juzgan casos de nuestro paí­s, porque “la extradición hoy dí­a hay que verla como un mecanismo de cooperación enfrentado en la lucha contra la impunidad”.

Siempre y cuando se dé este juzgamiento en el marco de la cooperación entre Estados, obedece a procesos y a fenómenos modernos de cooperación internacional, puntualiza.

EXPRESIDENTE
El expresidente Alfonso Portillo fue absuelto este año cuando se enfrentaba a la justicia guatemalteca por el delito de peculado, pero por otro lado, en un proceso distinto, Estados Unidos lo reclama en extradición para juzgarlo por el delito de conspiración para el lavado de dinero y en éste podrí­a no correr con la misma suerte.

La acusación señala al exmandatario del lavado de al menos US$70 millones en bancos estadounidenses provenientes del Estado guatemalteco, durante su gestión como presidente del 2000 al 2004. Todo apunta que el segundo proceso contra el exmandatario podrí­a rendir más frutos.

Además de este caso, hay otros once “extraditables”, entre ellos Luciano Soto Chávez, Mauro Salomón Ramí­rez, Juan Alberto Ortiz, Waldemar Lorenzana, Ví­ctor Arévalo, Byron Linares Cordón, Alma Lucrecia Hernández y Elio Lorenzana Cordón, la mayorí­a por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Sobre Vielmann, Diego ílvarez, portavoz oficial de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), indica que apoyan a la fiscal Claudia Paz y Paz, quien considera  no se pueden garantizar unas condiciones para que se haga justicia en ese caso, entonces es preferible que se le juzgue afuera.

Ya en el caso de Portillo, según ílvarez, “tenemos un ejemplo de dos juezas que lo absuelven y hay una jueza que emite una opinión diferente, a pesar de que hay pruebas. En el caso Vielmann también, después que se presentan tantas pruebas, fotografí­as y documentos y, en el caso de Giammattei igualmente queda absuelto, entonces, “si vemos que igual seguimos la lí­nea”, pero las extradiciones hacen parte de procesos binacionales, entre dos paí­ses”.

Como lo dice el comisario en otras ocasiones, “obviamente la mayorí­a de jueces son excelentes jueces, profesionales pero siempre se encuentran algunos casos que ya se salen de lo normal por eso suponemos que el Ministerio Público quiere que estas personas sean juzgadas afuera”, refiere ílvarez.

INSTITUCIONALIDAD
Carmen Aí­da Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, marca una diferencia en los casos de Portillo, Vielmann y Figueroa, pero en términos generales señala que es complicado para el paí­s estar en una situación en donde “otros paí­ses digan que aquí­ no se puede juzgar y que por lo tanto allá se resuelven las situaciones jurí­dicas de los exfuncionarios”, porque eso disminuye la confianza y la credibilidad que Guatemala pueda tener en el concierto de naciones.

No es algo positivo para el paí­s que los sistemas de justicia austriaca y española se tengan que hacer cargo de esto, por la falta de condiciones adecuadas para el procesamiento penal de estos personajes en Guatemala, advierte la analista experta en temas de justicia.

De manera que no es bueno en términos polí­ticos, tampoco lo es en términos de la administración de justicia en el paí­s. En lo que respecta al análisis de la seguridad en el paí­s “queda una sensación de impunidad que la justicia local no quiso o no se pudo procesar penalmente a estas personas, sindicadas de haber cometido delitos en territorio nacional”, refiere.

El concepto de la justicia internacional, lo que garantiza es que va a haber un intento por someterlos a proceso penal y ligarle responsabilidades que hubiesen cometido en el paí­s, de manera que es un tipo de justicia, pero tiene un impacto diferente al que hubiese tenido si el sistema de justicia los hubiera procesado en Guatemala.

RETOS
En un comunicado, emitido en noviembre de 2010, la CICIG explicó que la persecución penal contra Vielmann se deriva de una denuncia que presentó esa instancia en España contra el exfuncionario, ya que ese paí­s tiene la competencia para juzgarlo. “El Comisionado hizo ver que lo anterior no es como consecuencia de la extradición que el Gobierno de Guatemala ha solicitado a España, sino como una persecución penal en ese paí­s por ser delitos de lesa humanidad”, apuntó en explicación al por qué de la denuncia presentada en España.

Agregó que con ello se comienza a demostrar la fuerza que tiene la CICIG en el paí­s, y que las inversiones que están proporcionando las naciones donantes a la Comisión comienzan a dar frutos.

Cadena considera que, aunque la falta de garantí­as para juzgar casos de alto impacto en Guatemala “afecta y deja mal visto al Estado en materia de justicia”, también se perfila como un reto para fortalecer la institucionalidad del sistema judicial.

El caso Portillo es otro claro ejemplo de las deficiencias en el paí­s para llevar juicios que garanticen la transparencia de los procesos y que mediante un proceso sin vicios y trabas, se pueda conocer la verdad de los hechos.

El absorber capacidades de la CICIG, modernizar el sistema de justicia y garantizar la transparencia procesal para que sus resultas sean efectivas, certeras y generen confianza, es uno de los principales retos para garantizar la seguridad e imparcialidad, y así­, hacer efectiva la Justicia en Guatemala.