Como se recordará, inicialmente el presidente ílvaro Colom denunció que la obra estaba sobrevalorada en varios cientos de millones de dólares, información que no provocó el escándalo mediático que sí­ causaron noticias semejantes hace cuatro años, cuando el gobierno del presidente í“scar Berger reveló hechos de corrupción cometidos por funcionarios del régimen del presidente Alfonso Portillo.

Dí­as más tarde, se le atribuyó al vicepresidente Rafael Espada haber afirmado que no existí­an indicios de corrupción en los trabajos de ampliación y remodelación del aeropuerto de la zona 13 (posteriormente aclaró que sus declaraciones fueron mal interpretadas), lo que causó satisfacción de indistintos columnistas, como dando a entender que durante la administración del gobierno de la Gana todas las obras ejecutadas y emprendidas están libres de paja y polvo. Sin ningún asomo de corrupción, pues.

Pero gradualmente se están revelando datos que se refieren a turbios enredos que rodean la subcontratación de empresas para los trabajos de reconstrucción del aeródromo, aunque se minimizó que el Contralor de Cuentas no tuvo acceso de inmediato y en su oportunidad a la documentación que ampara esos contratos, para establecer su legitimidad y legalidad, simplemente porque tales documentos no se encontraban en Guatemala, sino que en Canadá y escritos en inglés, para ajuste de cuentas, sin que a los personeros de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ni al director de Aeronáutica Civil se les hubiese ocurrido contar por lo menos con fotocopias, para mostrárselos a los integrantes de la delegación permanente de la Contralorí­a de Cuentas en el aeropuerto La Aurora.

Aunque se llegue a demostrar que no ha ocurrido ningún hecho de corrupción, basta y sobra que se hayan ocultado en el momento oportuno los documentos solicitados, que no exigidos, por la Contralorí­a de Cuentas, para sospechar de la falta de transparencia en ese proyecto, al margen de que es una vergí¼enza para la deteriorada dignidad de Guatemala, que haya arribado al paí­s un alto representante de la mencionada OACI, con el aparente propósito de despejar las dudas sobre la presunta deshonestidad administrativa en la ejecución de la obra; pero que a la hora de entrevistarse con el contralor Carlos Mencos, aquel personero, de nombre Rubén Gallego, se limitara a exponer un extenso historial de la institución que representa, pero sin presentar ninguna documentación que acredite que los trabajos de remodelación se ejecutan sin dar lugar a recelos de ninguna í­ndole.

Como lo dijo el mismo contralor Mencos: «Yo, particularmente, creí­ que iba a venir con una maleta grande, pero sólo traí­a una hojita, y nos contó la historia de la OACI y poco del proyecto». Hasta el momento de escribir estos apuntes, ahora se sabe oficialmente que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pagó los cheques de las empresas contratadas para los trabajos de ampliación del aeropuerto; pero tuvo que mediar la presión de un sector de la prensa guatemalteca y la exigencia del presidente Colom para que se presentara esa documentación a la CGCN, puesto que según palabras autorizadas del contralor Mencos, desde el pasado mes de noviembre de 2007, esta institución ha estado solicitando informes a la Dirección General de Aeronáutica Civil sobre el avance de la obra, «pero hemos tenido limitaciones».

En este sentido, no deja de tener razón el editorial de Siglo Veintiuno del jueves anterior, al señalar su extrañeza de que la Contralorí­a de Cuentas no haya procedido con severidad desde hace meses, sobre todo si se toma en consideración que la CGCN cuenta con una delegación permanente en el aeropuerto La Aurora, aunque no tení­a acceso a la información requerida.

El mismo matutino recuerda que desde marzo de 2006, es decir, hace casi dos años, publicó que la delegación de la Contralorí­a de Cuentas en la Terminal área no fiscalizaba los recursos públicos, cuando la OACI llevaba invertidos Q131 millones, y pasados 23 meses se llegó a la ejecución de Q839 millones sin control por parte de la CGCN.

Como dice un refrán popular, «más vale tarde que nunca», y ahora la Contralorí­a de Cuentas está en la capacidad de contarles las costillas de la OACI y las empresas subcontratadas, además de exigir explicaciones al director de Aeronáutica Civil, porque cuesta creer que un funcionario de esa categorí­a y colocado en la posición que ocupa, ignore todos los antecedentes de ese proyecto que era como «la joya de la corona» del gobierno del presidente Berger; pero que, a la larga, parece ser que se trata de una alhajita con tufos de corrupción.

Cabe mencionar que la intervención financiera en los trabajos de remodelación del aeropuerto La Aurora, fue ordenada por el presidente ílvaro Colom, posiblemente después de haberse enterado de las maniobras del director de Aeronáutica Civil de negar información que se le requirió, e incluso le cerró las puertas de su despacho al contralor Mencos, cuando este funcionario intentó conversar con el señor José Manuel Moreno en su oficina, porque éste adujo que el titular de la Contralorí­a de Cuentas «no le habí­a solicitado cita». ¡¿?!.

Esta negativa es suficiente para entender por qué los miembros de la delegación permanente de la CGCN en el aeropuerto no podí­an cumplir con sus obligaciones, presumiéndose que de estas limitaciones fueran del conocimiento del contralor Mencos, quien ahora se enfrenta a un difí­cil problema que debe resolver satisfactoriamente, con la colaboración de otras instituciones del Estado, incluyendo el Ministerio Público, fundamentalmente.

(Romualdo Hinkorrupto escuchó indiscretamente esta conversación entre dos azafatas cuyos aviones hacen escala en el aeropuerto La Aurora. -Mi hija se casó con un piloto italiano -se regodea una de las dos- ¿Y la tuya? -pregunta. La aludida se limita a replicar: -Con un vestido de seda).